jueves, 11 de octubre de 2012

El aborto, cuestión de justicia

La Corte Suprema se expidió a propósito del verdadero atropello institucional que se ha registrado por parte del Jefe de Gobierno porteño y la actuación de magistradas como Myriam Rustán de Estrada, del Opus Dei.

Haciendo caso omiso al fallo de la más alta instancia judicial que el 13 de marzo confirmó la constitucionalidad del aborto en casos de violación, (art. 86 inc. 1y 2 del Código Penal) por lo cual no se debe pedir una autorización judicial a la mujer que lo solicita, y sólo basta con que presente una declaración jurada para acceder a la práctica en un hospital, Macri informó sobre el caso. Dió los datos de la mujer víctima de la trata de personas, violada y embarazada, la cual - hasta este escándalo violatorio de todo derecho, de los derechos que le pertenecen a la intimidad y a no ser victimizada por ninguna jauría ni sensacionalista ni fundamentalista-, no había hablado de su situación con su familia. No hace falta recalcar que la jueza del Opus merecería jury de enjuiciamiento.

El "Capitán Veto" recordemos, se pasa sistemáticamente por el traste lo sancionado por la legislatura y en el caso de la ley de aborto no punible que fue aprobada por la Legislatura por 30 votos de la oposición contra 29 del PRO y aliados, el gobierno porteño no se expidió sobre la posibilidad de que Macri vetara la norma, hasta el 5 de octubre pasado, cuando en una cena de la agrupación dirigida por Alchourron ( ex titular de la Sociedad Rural), se jactó de ser el "jefe del veto", o sea, se jactó de entorpecer la división de poderes de la Ciudad, y dió datos sobre la mujer a quien se le iba a practicar el aborto no punible en el Hospital Ramos Mejía.
Causa gracia - si su gestión no causara tanto daño- los alegatos dramáticos del hijo de Franco llamando al diálogo e intentando presentar al kirchnerismo como autoritario, siendo tan cínicamente fascista.

Gracias a esta actitud, intervimieron los defensores de la "vida" en abstracto, y de los genocidas apropuadores de bebés, justificadores de los vuelos de la muerte donde esas madres detenidas desaparecidas que alumbraron en los centros clandestinos donde había médicos, curas y jueces que sabían y callaron esa metodología inconstitucional, reñida con todo respeto a la dignidad de la persona. Actúan sin contemplar en ningún momento la vida de esas mujeres revictimizadas por esa actitud de soberbia y desprecio absoluto, desde el cinismo y el privilegio, pivoteando en una concepción de las mujeres que no las concibe más que como úteros. Las desaparecidas embarazadas eran mantenidas con vida hasta parir, para arrancarles a sus hijxs y matarlas de inmediato, ni siquiera tenían la compasión de informar a los familiares, sino que redoblaban su perversidad robándoles la identidad y la historia a los niñxs apropiadxs, objetos sin derechos, botines de guerra.

Todas estas situaciones dan cuenta de la tarea pendiente de nuestro sistema: la democratización del poder judicial y la extirpación de esa rémora autoritaria que significa la injerencia de la Iglesia en nuestro Estado, que es laico, LAICO y como tal, es de todxs, creyentes de distintas confesiones, y atexs.

El magistrado Miguel Ricardo Güiraldes, en quien había recaído la continuidad del trámite judicial, hizo lugar a las apelaciones presentadas contra la decisión original, y elevó el expediente a la Cámara Nacional en lo Civil para que resolviera los recursos de apelación. Además, un grupo de legisladorxs porteñxs y comuneros presentó ayer, 10 de octubre, una demanda penal contra Macri, por incumplimiento de deberes de funcionario público y por revelar un secreto (contemplado en el artículo 157 del Código Penal), al haber dado a conocer detalles del aborto no punible.

Esta noche nos enteramos que los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay señalaron que “frente a lo decidido por esta Corte sobre la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia dictada en la causa F. 259.XLVI ‘F.A.L. s/ medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles”.

Entre tantas vueltas judiciales, una mujer de 32 años, madre de tres hijos –el mayor de 18 años–, dejó el Hospital Ramos Mejía donde fue acosada, tras haber sido expuesta y negada de su derecho. Una mujer cuyo calvario parece no importar, ahora está en un refugio para víctimas de trata donde la asiste un equipo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que encabeza Zaida Gatti.

Porque mientras tantos se meten, hay redes mafiosas culpables de su cautiverio, que la amenazan y poco espacio en los medios se destina a la investigación de quiénes son estos mafiosos y cómo funcionan; poco se dice de cómo se necesita apoyo judicial, policial, político, para que la trata de personas sea el monstruoso negocio que es.
Es hora de que se discuta de una vez en el Congreso de la Nación la legalización del aborto, es hora de que se depure esta justicia que anda enferma. Lo decía aquel tema que cantaba Baglietto, "por las noches alguien le arranca las vendas"...

Es una deuda con la democracia. Y con la democracia, no se juega.