CARTA ABIERTA AL SENADO DE LA NACIÓN
Buenos Aires, Julio 30 de 2018.-
Señoras
y Señores Senadores
Nacionales:
Me dirijo a ustedes con la intención
de compartir algunas reflexiones sobre la cuestión
que próximamente deberá
debatir la Cámara
en el recinto, cual es el proyecto
de legalización de la interrupción
voluntaria del embarazo.
Lo hago desde mis vivencias personales, mi experiencia profesional, y mi pertenencia al movimiento feminista al cual decidí sumarme
cuando siendo muy joven, jovencísima, tuve que atravesar
la dolorosa situación
de interrumpir un embarazo producto de una violación. A partir de ese aborto,
con la intención
de resignificar mi vida, busqué una herramienta que resultase útil para tratar de evitar que otras mujeres tuviesen
que pasar por la terrible
experiencia de verse inmersas en las condiciones de prohibición o clandestinidad determinadas por la penalización
jurídica y su correlato
de condena moral que pesaban sobre la mayoría de las prácticas vinculadas con nuestra salud sexual,
reproductiva y no reproductiva.
Es por lo dicho que elegí la carrera de abogacía y,
desde que obtuve el diploma, ya sea en el ejercicio privado de la profesión o en el ámbito público como asesora de legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires, de la Nación o desarrollando diversas
tareas en el Poder Ejecutivo Nacional, he defendido
los derechos de mis congéneres teniendo en la mira mi objetivo
originario.
En ese recorrido
existieron mojones que me confirmaron en el camino elegido: entre ellos, la redacción de la Ley 1044/2003 de la Ciudad
de Buenos Aires
sobre interrupción de embarazos
de fetos inviables; la elaboración del dictamen consensuado que devino en la Ley Nacional 26.130/2006 de contracepción quirúrgica; y la coordinación del proceso
reglamentario de la Ley 26.485/2009 de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
Pero previo a lo relatado
ocurrió un hecho que hizo emerger con brutal intensidad lo vivido
en ocasión del
aborto que definió mi elección profesional.
Corría el año 2000 cuando
llegó a mi estudio
un matrimonio que, tras más de una década de búsqueda,
había concretado el deseo de estar esperando
un/a hijo/a. Sin embargo
la felicidad terminó
abruptamente cuando, a las pocas
semanas de gestación, se enteraron
por una ecografía que Silvia Tanus estaba embarazada de un feto anencefálico.
Llevar en el cuerpo una vida destinada
a la muerte, sentirse
el ataúd del hijx tan anheladx, hizo que
Silvia pidiese, casi rogase, a las autoridades de la Maternidad Ramón Sardá que le interrumpieran el embarazo.
El pedido fue desoído
so pretexto de la ilegalidad
de la práctica, por lo que
decidí acompañar a mi
congénere en el recorrido
judicial que se había tornado
indispensable para terminar con la tortura
en que se había convertido ese embarazo.
No voy a abundar en detalles
respecto al trámite del expediente, que fue complejo y transitó por distintas
instancias hasta que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación le dio la razón a mi patrocinada y ordenó que se realizara
la interrupción de la gestación, sentando jurisprudencia respecto de los embarazos de
fetos inviables (TANUS SILVIA
c/
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo,
CSJN, 11 de enero de 2001).
Lo que sí me interesa
señalar es la coincidencia que encuentro
entre los argumentos, algunos increíblemente falaces, que se han escuchado
recientemente durante
las exposiciones ante las comisiones de ambas Cámaras
del Congreso Nacional
y en el debate
en la Cámara de Diputados, con los de aquellas
personas (personal de salud, funcionarios y funcionarias judiciales, y magistradxs) que se oponían
a la interrupción de aquel embarazo
inviable. También registro un mismo modus operandi
en algunas
personas que durante el último mes agredieron verbal y físicamente a mujeres que portaban
los pañuelos verdes que caracterizan la militancia por la legalización del aborto
y las que, en ocasión
del Primer Congreso
de Bioética de la Ciudad de Buenos
Aires en el que se analizó el caso Tanus, me empujaron por las escaleras
del Centro Cultural San Martín al grito de “asesina".
El hilo conductor
de esas expresiones es, a mi entender,
la incapacidad de deponer las convicciones íntimas
o religiosas
ante situaciones en las
que
está en juego el derecho a
la salud de las mujeres que, aunque se
olvide o ignore, constituimos mayoría
en nuestro país. Los mandatos religiosos han servido
durante siglos para sostener
la estructura socioeconómica patriarcal, disciplinándonos mediante la enajenación de nuestros
cuerpos y la abolición
del derecho a decidir
sobre los mismos.
Ese disciplinamiento se manifiesta mediante leyes, y también
a través de normas
no escritas establecidas como mandatos culturales.
Una de ellas es
la de la maternidad: la maternidad
como destino, como única posibilidad de realización de las mujeres.
En esa concepción de la “mujer=madre” podríamos encontrar el origen de los obstáculos que enfrentamos para acceder
y desempeñarnos a la par de los varones en
la esfera pública.
En mi opinión,
es la imposibilidad de tolerar que se ponga en cuestión dicho modelo cultural, y no la pretendida defensa de la vida, lo que impulsa
a los sectores corporativos a oponerse
a la legalización del aborto. Al intentar perpetuar el rol de la mujer=madre ignorando, descalificando o agrediendo a aquellas
que pretenden tener autonomía sobre sus cuerpos, invisibilizándolas mediante la sacralización del embrión
o feto, ejercen una violencia indirecta, sutil, que reproduce estereotipos, valores
y mensajes
con el fin de mantener la inequidad
de género y la dominación sobre las mujeres. Concretamente, es pura y dura violencia simbólica (Ley 26.485, Artículo 5 inciso 5) lo que obtura
la legalización del aborto.
Y es esa misma Ley 26.485
de Protección Integral,
votada por unanimidad por este Senado de la Nación en noviembre
de 2008, la que establece
en su Artículo
6 inciso (d) que incurre en violencia
contra la libertad reproductiva quien “vulnere el derecho
a decidir libre y responsablemente el número de embarazos
o el intervalo entre los nacimientos”. Ese derecho
es transgredido actualmente en aquellas jurisdicciones donde los y las profesionales de la salud no brindan
a las mujeres el asesoramiento necesario respecto
de su salud sexual,
no proveen todos los medios anticonceptivos o, como en algunas situaciones que han tenido notoriedad en las últimas semanas, dilatan,
dificultan y hasta niegan la realización de la ILE en los casos de embarazos
producto de violación, inclusive a niñas preadolescentes.
Finalmente, es pertinente señalar que en la norma arriba citada ha sido este Congreso
Nacional quien ha legislado una modalidad
de violencia de género, la violencia institucional, que
impone a sus integrantes que no retarden, obstaculicen
o impidan el ejercicio
de nuestro derecho a la libertad
reproductiva. En ese marco entiendo
que, en tanto se mantenga criminalizado el aborto,
el Poder Legislativo Nacional continuará violentando los derechos
humanos de las mujeres, esto es, de la mayoría
de la población
de la República.
Por lo expuesto hasta aquí, es que las
y los invito a votar
afirmativamente y sin modificaciones el proyecto
de interrupción legal del embarazo
que ha sido aprobado
por la Honorable Cámara de Diputados.
¡Que sea ley! Atentamente,
Perla Prigoshin
Abogada T26
F630