Perspectiva Feminista

Perspectiva Feminista
Un espacio de debate, lectura, formación

martes, 31 de marzo de 2015

El Fiscal Delgado pide indagatoria por delitos sexuales durante la dictadura: ni errores, ni excesos

El Fiscal Federal Federico Delgado solicitó la declaración indagatoria a seis militares y policías en calidad de autores mediatos por violaciones y abusos sexuales; un reconocimiento fotográfico, y en base a los resultados, se realice la indagatoria a otros cinco imputados como autores directos de los hechos cometidos en los centros clandestinos de detención "Protobanco" y en la Comisaría de Monte Grande, dependientes del Primer Cuerpo de Ejército. La solicitud al Juez de la causa Daniel Rafecas constituye un avance fundamental en el logro de justicia por delitos de lesa humanidad concernientes a la violencia sexual y de género perpetrados por 11 imputados contra 12 víctimas detenidas ilegalmente entre 1974 y 1978 algunas de las cuales, continúan desaparecidas.En noviembre de 2014 Delgado había solicitado una indagatoria similar por crímenes de índole sexual cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético,Banco y Olimpo, desestimando la consideración tradicional de este tipo de delitos como “de propia mano”, es decir, delitos que requerían para su comisión “la realización corporal directa por parte del autor”. El fiscal considera, por el contrario, que se extiende la responsabilidad a autores mediatos, quienes impartían las órdenes sobre todo aquello que ocurría en los CCD y “todo aquél que de algún modo fue un eslabón en la cadena de vejámenes”.


Desde hace años, sobrevivientes, militantes, investigadorxs, abogadxs, sociólogxs, fiscales, cineastas algunxs periodistas y bloggerxs insistimos en la necesidad de visibilizar y juzgar la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado y analizar sus objetivos y efectos. Violaciones, abusos, humillaciones, actos degradantes, lo que hoy se denominan delitos contra la integridad sexual constituyeron una práctica sistemática en el plan siniestro del terrorismo de Estado. Ha sido necesario el paso del tiempo y la costosa pero constante permeabilización de la perspectiva de género en los estudios, en las teorizaciones, en los abordajes y también en las normas y las interpretaciones legales para que hoy comiencen a condenarse como delitos específicos estos ataques sufridos por las personas detenidas ilegalmente y sometidas a las más espantosas condiciones de cautiverio, muchas de las cuales permanecen desaparecidas.

Algunos juristas sostienen que estos delitos "no pueden probarse" y sin embargo, hay testimonios de la violencia sexual desde los tiempos de la CONADEP. La cuestión a discutir es, ¿porqué no se cree en la palabra de la víctima cuando se trata de la violencia sexual y sí se cree en el relato de la tortura? ¿Qué sucede entonces con quienes ya no están para contar su violación?Es importante señalar que hasta el momento se han obtenido escasas condenas por los delitos de violación y abuso sexual en los juicios de lesa humanidad que se están llevando a cabo. En muchas oportunidades en que tras años de silencio y venciendo el pudor, la vergüenza o el presunto daño que la revelación de la violación haría a sus seres queridos, las mujeres logran testimoniar, han sido hostigadas o maltratadas en los tribunales. Algunos jueces sensibles al tema de los derechos humanos y que se han desempeñado con celeridad, descreen todavía que la violencia sexual haya sido otro dispositivo planificado para doblegar la subjetividad de las personas detenidas y no investigan ni condenan estos hechos.

Otro de los obstáculos para la obtención de justicia en relación a la violencia sexual es que estos delitos son considerados "de acción privada", por lo cual depende de la voluntad de la víctima la denuncia y el eventual juzgamiento. Pero si otrxs sobrevivientes pueden testimoniar la violación de compañerxs de cautiverio, si alguien que continúa desaparecidx le contó el abuso a otrx prisionerx que hoy puede atestiguar en un juicio, ¿cómo no juzgar esos delitos también teniendo imputados a los represores que actuaban y a quienes daban las órdenes en esos campos?

Las protagonistas del documental "Lesa Humanidad" (2011), sobrevivientes de Córdoba que narran la violencia sexual que padecieron en distintos sitios de detención. Ellas demandan en la declaración pública con la que se cierra el film, el reconocimiento de estos delitos de manera específica, como delitos de lesa humanidad. Sostienen que al ser cometidos en el marco de un ataque generalizado contra la población civil las violaciones, los abusos, la reducción a la servidumbre, el embarazo forzoso, son delitos de lesa humanidad no reductibles a la tortura o los tormentos agravados. En octubre de 2011, el entonces Coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado Pablo Parenti y el Fiscal General Jorge Auat habían elaborado un informe en el cual sostenían que "los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado aún no reciben el tratamiento jurídico adecuado en la práctica judicial" y que debían ser considerados "crímenes contra la humanidad".

El viernes 27 de marzo se publicó en el portal Fiscales.gob.ar la solicitud de Federico Delgado, titular de la Fiscalía Federal Nro. 6, quien solicita la indagatoria a los imputados en la megacausa contra el Primer Cuerpo de Ejército por la comisión de estos delitos de índole sexual. Los hechos, denunciados por sobrevivientes, tuvieron lugar en los centros clandestinos "Protobanco" ("Cuatrerismo" o Brigada Güemes) que funcionó como CCD entre noviembre de 1974 y febrero de 1977 en Camino de Cintura y Ricchieri,Prov. de Buenos Aires, y en la Comisaría de Monte Grande, ubicada en la calle Santamarina 474 de esa localidad, que también operó como CCD desde julio de 1976 hasta octubre de 1978.

Delgado argumenta en sus solicitudes lo que establece la Corte Penal Internacional: los delitos sexuales son conductas delictivas independientes de la aplicación de tormentos. Es decir : si bien existe una raíz común entre los delitos sexuales y la aplicación de tormentos porque ambos implican una afectación a la dignidad humana, el Estatuto de Roma de la CPI las entiende como conductas delictivas independientes y por eso deben ser visibilizados como delitos autónomos que "violan derechos humanos - en particular de las mujeres- por estar "dirigidos a ellas, en su condición de tales”. Agrega Delgado que “seguir colocándolos dentro del rótulo genérico de tormentos implica continuar velando una parte de la historia que de ese modo se deja de contar”.

Otro aspecto relevante es que el Fiscal Delgado toma en consideración los dichos de dos víctimas que continúan desaparecidas pero que llegaron a narrar lo sucedido a otrxs sobrevivientes cuando coincidieron en los centros. Así se asumen los crímenes que de otra forma quedarían impunes, puesto que esas personas que no pueden hoy denunciar ni declarar porque están desaparecidas, pueden recibir la reparación simbólica al reconocerse el delito y juzgarse a los culpables. La violencia sexual, afirma Delgado "fue una modalidad sistemática, uniforme, continua, reiterada y masiva establecida verticalmente, y que formaba parte del conjunto de prácticas criminales que integraron el dispositivo represivo".

Los delitos sexuales no fueron errores, ni deslices, ni excesos, ni casos aislados."El sometimiento sexual de las detenidas se tradujo en un modo de instrumentar el miedo, la degradación, el castigo y el aniquilamiento predispuesto para las mujeres en particular" sostiene Delgado, quien además agrega: "Entendemos que no existe margen de error al afirmar que la que nos convoca constituye una práctica habitual que formó parte del ataque generalizado contra la población civil diseñado por el gobierno de facto que usurpó el poder en 1976 y estableció un plan sistemático de represión estatal."

Las presentaciones del Fiscal Delgado constituyen una contribución valiosísima en la tarea de justicia y el imprescindible proceso colectivo de memoria que aún resiste considerar y reflexionar acerca del hecho de que la violencia sexual fue un eje de la represión, una forma extrema de discriminación y odio de género. Este tema trasciende las épocas puesto que si la justicia se hace cargo de esta deuda y se profundiza el debate acerca de los motivos de su empleo sistemático, situaciones de violencia actuales serán abordadas con otros elementos. La impunidad habilita nuevas violencias y horrores. Los prejuicios de género latentes tienen efectos devastadores si no son desnaturalizados y desarmados. Entre todxs.

Delgado recoge lo que se viene planteando desde las voces casi inaudibles de sobrevivientes, hace lugar a los testimonios de quienes hoy permanecen desaparecidas y desaparecidos, en un acto reparatorio. Persistir en este reclamo legal y alentarlo socialmente surge de la convicción de que hasta que no se atienda a esta parte dolorosa de la historia, no terminaremos de erradicar mucho de aquello que habilita violencias contemporáneas.

Preguntémonos de nuevo,¿porqué la violencia de género en el marco de la represión ilegal más atroz aún permanece silenciada o acallada, pese a la proliferación de testimonios y a las nuevas coyunturas para denunciarla? Asimilarla la manifestación de la violencia de género en los delitos sexuales a la figura de tormentos la desdibuja. Entonces pierde su entidad con lo que se la vuelve a habilitar y se la deja impune. Admitirla y juzgarla, en cambio, permite pensar en uno de los efectos más profundos y perdurables del accionar de la dictadura sobre la sociedad.

Insistir en hablar de violencia de género como parte del disciplinamiento de las personas de acuerdo a roles fijos, invocando valores de la civilización occidental y cristiana que los represores desmentían con su carnicería clandestina es además hablar del intento de borrar las huellas de las mujeres de los 70. Esas mujeres que salieron de los marcos restrictivos del género y masivamente protagonizaron un período crucial de la historia. Ellas desmintieron los límites de lo privado y lo público jugándose la vida por un proyecto colectivo de emancipación social. Ocuparon puestos claves de liderazgo en otganizaciones políticas, sociales, y fueron madres y esposas a la par que compañeras y dirigentes. Los represores pretendieron borrarlas tras castigarlas, arrasarlas, humillarlas. Quisieron no solamente exterminarlas sino condenarlas al olvido de su rebelión y su osadía.

Y por último, hacer justicia por la violencia sexual permite allanar el camino hacia algo aún pendiente en relación a los crímenes del terrorismo de Estado: el hacer justicia a las desaparecidas.



martes, 24 de marzo de 2015

Esos restos son parte de nosotros

“Si son tan héroes, que se hagan responsables y digan dónde están los cuerpos. ¿Están en las salinas? Entonces vamos y ponemos una placa en las salinas. ¿Están enterrados entre la soja del Tercer Cuerpo? Entonces vamos al Tercer Cuerpo. Pero que lo digan, que digan dónde están las cenizas.”
“Esos restos son nuestros, nos pertenecen, son parte de nosotros”


La Perla. Historia y Testimonios de un Campo de Concentración. Ana Mariani y Alejo Gömez Jacobo, Ed Aguilar 2012 Buenos Aires, 1ra. Ed. p.374

El pasado octubre el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó que los restos hallados a tres km. del casco principal de “La Perla” eran humanos. y se puso a trabajar en la identificación de probables víctimas del que fuera el principal centro clandestino de concentración y exterminio dependiente del Tercer Cuerpo de Ejército. Hace cuatro días se conoció que esos restos corresponden a Rosa Gómez Granja, a Alfredo Felipe Sinópoli y a Ricardo Saibene, militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), estudiantes de medicina. Cuando fueron secuestrados en diciembre de 1975 por una patota del Comando Libertadores de América estaban con Luis Agustín Santillán Zevi , por lo que el cuarto perfil genético pendiente de identificación aguarda – lxs familiares de este estudiante no aportaron aún muestras de sangre para el cotejo- que un hermano residente en Salta pueda cerrar el proceso.
El caso de estxs estudiantes forma parte de la Megacausa La Perla que reúne 27 causas por delitos de lesa humanidad. El veredicto se conocería a mediados de este año.
El lugar donde encontraron los restos está a la vera de la autopista Córdoba- Carlos Paz. Es significativo que el testimonio ante el Tribubal Oral Federal 1 de Juan Solanille, -quien trabajaba para un militar arrendatario de esos terrenos- presenció fusilamientos en 1976, señalara ese mismo lugar. Se sabe también que antes de la visita de la Comisíón Interamericana de Derechos Humanos se desenterraron cadáveres y restos para llevarlos a las salinas. El militar Bruno Laborda hizo un reclamo administrativo porque no había sido ascendido y lo puso por escrito; otros militares se quejaron de daños psicológicos a raíz de haber participado de estas tareas, proporcionando así datos sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas.
Otros restos se hallaron en la zona de las chimeneas de los hornos conocidos como “La Ochoa”. El Juez Federal Hugo Vaca Narvaja presume que las víctimas fueron asesinadas en Campo La Ribera y que luego los cuerpos fueron llevados a los hornos de La Ochoa para ser incinerados. Este recinto había sido habilitado a mediados de 1975 supuestamente como “edificio administrativo”. Para Ana Mariani, coautora con Alejo Gómez Jacobo de “La Perla. Historia y Testimonios de un Campo de Concentración”, este hallazgo muestra que el lugar “mucho antes del golpe ya estaba pensado como centro clandestino”.

En este libro de imprescindible lectura pra todxs, se publican los dichos de un militar que estuvo a cargo del campo de exterminio a un amigo íntimo de Luis Mónaco, secuestrado con su esposa Ester Felipe, quienes continúan desaparecidos: reconoció que “estuvieron en La Perla” pero que “si usted me pregunta dónde están enterrados, no se lo puedo decir, porque hemos cambiado alambrados, sacamos árboles, alteramos todo para que ni siquiera nosotros sepamos en qué lugar están las tumbas”.

En diciembre de 2014, quien fuera jefe de interrogadores del campo, Ernesto “Nabo” Barreiro, presentó un escrito al tribunal que lo está juzgando donde sostiene que habría unas 20 víctimas en el primer horno descubierto en el predio del Tercer Cuerpo del Ejército, otras cuatro víctimas en el horno de la estancia La Ochoa del mismo sector; y una víctima en un tercer horno en Villa Ciudad de América, junto al lago Los Molinos. Barreiro, quien participó del alzamiento carapintada en 1987, fue beneficiado con las leyes de punto final y obediencia debida. Con la reapertura de los juicios en la etapa inaugurada por Néstor Kirchner fue finalmente deportado de Estados Unidos en 2007. Hace unos meses indicó los lugares de posibles enterramientos clandestinos en nombre de un grupo de represores Raúl Romero, Luis Alberto Manzanelli y Hugo Herrera, con quienes integró el grupo paraestatal Comando Libertadores de América.

“La incomprensión sobre qué significaron los campos de concentración, la tortura inacabable, sin plazos legales porque éramos desaparecidos. La interpretación binaria de héroes y traidores dentro del campo que reduce la diversidad y trata de imponer una realidad única a un fenómeno sumamente complejo. No nos fue fácil enfrentar todo eso, pero teníamos claro el objetivo y lo logramos. Por eso digo: Menéndez fue condenado a prisión perpetua y está en cárcel común.”
La Perla. Historia y Testimonios de un Campo de Concentración. Ana Mariani y Alejo Gömez Jacobo, Ed Aguilar 2012 Buenos Aires, 1ra. Ed. P.86

El 24 de marzo de 2009 y en cumplimiento de la decisión presidencial tomada dos años antes, La Perla se convirtió en un Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. Cuando se abrieron los candados de La Perla en 2009 durante el acto con organismos, sobrevivientes, familiares y militantes, Luciano Benjamín Menéndez y algunos integrantes de la patota de La Perla estaban ya condenados y presos. Sin embargo, se reclamó al Poder Judicial por las recusaciones e incompetencias que entorpecían y demoraban los procesos. Se acusó en particular a la Cámara de Casación por permitir que las causas por delitos de lesa humanidad sufran inexplicables demoras en varias provincias.

“Nuestro mandato era: el que sale con vida cuenta lo que pasó; somos la memoria de crímenes de lesa humanidad, de un genocidio”
La Perla. Historia y Testimonios de un Campo de Concentración. Ana Mariani y Alejo Gömez Jacobo, Ed Aguilar 2012 Buenos Aires, 1ra. Ed. p.85


Barreiro está imputado por 518 delitos: 228 privaciones ilegitimas de la libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravadas, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y la sustracción de un menor de 10 años. Detenido y procesado en numerosas causas por violaciones a los derechos humanos en La Perla y La Ribera, alojado en el penal militar de Marcos Paz, el “Nabo” sigue negando en declaraciones radiales su accionar criminal, mientras que con su presentación parece haber roto el pacto de silencio proporcionando información a la justicia acerca de sus víctimas. El predio del Tercer Cuerpo donde funcionó La Perla – bautizado así por la esposa de Menéndez- tiene unas 10 mil hectáreas; desde 2004 se han explorado diferentes sitios. Las tareas de excavación en las chimeneas de los hornos y otros lugares continuarán.

La garantía de que el proceso colectivo de Memoria, la Verdad y la Justicia sea efectivo y continúe depende de todxs y cada unx de nosotrxs.



martes, 17 de marzo de 2015

Un atentado contra todxs lxs argentinxs

El atentado a la sede de la Embajada de Israel, del cual se cumplen 23 años de impunidad, fue un atentado a todxs lxs argentinxs.Comprender cómo se inscribe este acto, así como el atentado a la AMIA, en el tablero de la política interbacional, es la condición necesaria para poder abordar responsablemente el reclamo por la verdad y la justicia.

El 17 de marzo de 1992 fallecieron 22 personas y otras 242 resultaron heridas. Al tratarse de una sede diplomática, la Corte Suprema de Justicia fue la encargada de la investigación. No solamente no logró resultados, sino que, en palabras de quien fuera el primer magistrado resposanble de investigar, el camarista Alfredo Bisordi, "Hasta que yo estuve a cargo de la investigación nunca pude determinar, por otros medios que no fuera ése, la existencia del coche-bomba" - una de las hipótesis- que además "no hubo ningún testigo que viera pasar la camioneta momentos antes del hecho". Y llamativamente, cuando que se le pregunto a Israel si podían enviar los videos de las 17 cámaras de seguridad alrededor del edificio, "dijeron que no porque no grababan sino que registraban imágenes".

Unas semanas atrás, durante una charla realizada en el Café de los Patriotas, el Embajador argentino ante la Alianza Internacional para la Rememoración de la Shoá, Jorge Elbaum recordó que Bisordi reconoció en su momento "bastantes influencias" - ¿presiones?- durante su desempeño en esa etapa crucial de la investigación del atentado. Para Elbaum este ataque, como el posterior a la sede de la AMIA, contaron con complicidad local mafiosa directamente relacionada con la SIDE y parte del Poder Judicial que cínicamente convocó al 18 F. En efecto, en 2006 Bisordi había señalado que "vino mucho personal de inteligencia israelí. No sé si eran del Mossad (la inteligencia israelí), decían que eran coroneles e incluso participaron en allanamientos" y que además "Israel siempre dijo que no tenia ninguna información que aportar y nunca hicieron ningún aporte (como tampoco) "los del FBI que estuvieron en el lugar de los hechos, recogieron evidencias y las mandaron a analizar a Washington". Bisordi admitió que hubo serias dificultades para determinar cómo ocurrió el atentado y se arriesgó a pronosticar que "nunca se va a saber como fue el atentado, la Corte ha recogido una verdad formal que yo dudo que sea la verdad real de lo ocurrido".

En 2010 el Embajador israelí declaró que "Israel se había encargado" de los responsables del atentado.¿Qué quiso decir el funcionario?
En su último discurso en la Apertura de Sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa la Presidenta de la Nación fue contundente respecto de estos claroscuros de la demanda de justicia: “Yo quiero sumarle a los 85 muertos de la AMIA, los 29 muertos de la Embajada de Israel. Todos muertos en una contienda internacional, de la cual no tenemos nada que ver”. Es significativo el silencio de Israel sobre el atentado a su embajada mientras sí los hace por la AMIA. “La utilización política de la causa AMIA, donde hay 85 víctimas que piden justicia, me asquea, porque la utilizaron y la siguen utilizando desde afuera y desde adentro para hacer geopolítica"señaló la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Días después asistimos al oprobioso papel jugado por el actual Presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que tuvo que rectificarse tras haber dicho que el atentado era "cosa juzgada" : la CSJ no pudo determinar con pruebas nada hasta el momento.

La discordancia de las demandas de justiica y esclarecimiento en relación a uno y otro atentado dan cuenta de los intereses en encubrir y usar esta tragedia por la que no se reclama con la misma fuerza qeu el atentado de la mutual judía. Todas las marchas y contramarchas del simulacro de investigación alrededor del atentado producido en Arroyo y Suipacha revelan un entramado nefasto de servicios de inteligencia menemistas, mano de obra desocupada de la Policía Federal - grupos de tareas-, vendedores de armas - Monser Al Kassar ha sido mencionado por otras hipótesis como presunto instigador de los ataques atribuidos a Hezbollah- y las presiones de Washington o Tel Aviv en función de la situación y las conveniencias de las potencias en Medio Oriente. Con mirada argentina de entonces, el objetivo de culpar a quien conviniera a los amos constituye un desprecio absoluto por la soberanía nacional, las instituciones democráticas y los derechos más elementales. Supone jugar con el respeto a la vida humana, actuando como si no hubiera habido víctimas en aquel ataque.

A partir de la muerte del fiscal de la causa AMIA se reinstala el tema del atentado a la mutual - a caballo de los ánimos destituyentes de esos factores de poder mafiosos que no solamente acechan a la democracia argentina sino a las del continente - mientras el caso de la Embajada sigue oscurecido. Por eso mismo, pensar el contraste nos lleva a comparaciones imprescindibles entre el menemato y el período que comenzó en 2003. Recogiendo el reclamo de familiares y honrando la dignidad de estado soberano, el gobierno kirchnerista ha exigido y ha contribuido al esclarecimiento de ambos ataques porque los considera ataques a la Argentina. No podemos dejar de asumir entonces las diferencias con respecto a ese período de obscena impunidad de los genocidas del terrorismo de Estado, la fiesta neoliberal que mostraría dramáticamente en 2001 su lado oscuro y negado. No podemos dejar de relacionar los episodios de enero con la inminencia de los juicios por el encubrimiento del atentado a la AMiA que están pendientes. El Fiscal Féliz Crous denominó la movilización del 18 F como "la marcha del encubrimiento del encubrimiento", y no pudo ser más gráfico. Estas complicidades locales remiten a esa estructura infecta que opera incesantemente con sus fierros mediáticos y su capacidad extorsiva. La exigencia de justicia por las personas fallecidas hace 23 años se enmarca en una pelea "entre quienes resisten políticas distribucionistas así como la unidad de la Patria Grande" como dijo Elbaum el pasado 28 de febrero.

Quienes intentan hablar en nombre de valores "republicanos" sin explicitar el sentido que le dan a esos conceptos, ¿porqué no explicitan este narco internacional en le que se inscriben los atentados y cómo piensan debe jugar nuestro país en medio de esos conflictos? ¿porqué quienes se sumaron indignadxs a la marcha del silencio - tan elocuente, por cierto- por el fiscal que corría a corregir sus escritos a la embajada de los EEUU no increpan a esos fiscales por su inacción en otras causas? ¿No chequeamos los apellidos de los convocantes a defender la división de poderes que con cautelares impiden la entrada en plena vigencia de leyes aprobadas en el Congreso nacional? ¿No nos suenan ciertos apellidos y comparamos su acción en otras causas?
En la charla mencionada el pasado 28 de febrero, Elbaum fue desgranando antecedentes y recordando las trayectorias de algunos nombres vinculados al encubrimiento de la causa AMIA, de partícipes de ma movida destituyente del 18 F, amplificada por Clarín y La Nación. A Galeano se lo conoce pero otros apellidos no son tan ubicados. Por ejemplo, José María Soaje Pinto, abogado de La Nación y accionista con Clarín en Papel Prensa, otorgó la personería jurídica al partido del neonazi Alejandro Biondini? Vinculado a Proyecto Sur, Soaje Pinto defendió al criminal de guerra nazi Walter Kutschmann, capturado en noviembre de 1985 en la localidad bonaerense de Florida, en un operativo conjunto de la Policía Federal e Interpol a pedido de la entonces República Federal de Alemania, como detalló el blog Catanpeist en 2010. Este mismo personaje había agredido a trompadas a Guillermo Moreno, ex seretario de Comercio Interior en una asamblea de Papel Prensa al grito de ’a todos los montos me los voy a llevar puesto y vos sos el próximo’. A propósito, la celeridad con la cual el Juez Ercolini frenó la indagatoria a Magnetto, Ernestina de Noble y Bartolomé Mitre en el marco de la Causa por la apropiación vía extorsión, tortura, amenazas de muerte a Lidia Papaleo y familiares de David Graiver, parece no conmover a nadie de los autodenominados "Nisman" en su sensibilidad republicana.

Tenemos la experiencia de los años noventa para comparar, no está nunca de más volver a hacerlo. Por ejemplo, pensar cómo en tiempos de Menem y de orgía privatizadora salpicada por la corrupción más grande y desembozada de funcionarixs del Estado, el desarrollo de los misiles Cóndor tuvo que detenerse y hasta enviar el diseño a los EEUU. Menem jugaba con Bush y salía en Caras. El gobierno argentino estaba envuelto en el tráfico de armas cuando la planta de fabricación militar de Río Tercero explotó el 3 de noviembre de 1995 para ocultar el faltante producto del contrabando. Por cierto, ese siniestro se cobró también vidas humanas. En diciembre pasado fueron condenados por la justicia federal de Córdoba Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke, Edberto González de la Vega y Marcelo Gatto, autores mediatos del delito de "estrago doloso". Los condenados eran directivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares que dependía del ministerio de Defensa,el director de la fábrica de Río Tercero, y el responsable de la División Producción Mecánica. Se probó que la explosión fue un hecho intencional planificado encubridor del faltante de armamento en el marco de la venta ilegal de material bélico a Croacia y Ecuador. Ahora bien: el ex presidente Carlos Menem estuvo imputado en esta causa pero no llegó a juicio oral.

Entre tanta hipocresía, el homenaje, hoy, 17 de marzo a quienes son revictimizadxs por la maraña de encubrimiento, utilizadxs en una lucha feroz y sin reglas por la conservación del poder que no se legitima en las urnas y da cuentas al pueblo. Que tenían nombre y apellido, que eran argentinxs, israelíes, bolivianxs, italianxs, uruguayxs, paraguayxs. Una herida abierta como cada episodio que queda impune y que recuerda la necesidad de asumir responsablemente la demanda de justicia a cada unx de nosotrxs.


sábado, 14 de marzo de 2015

Defender la Revolución Bolivariana es un deber impostergable ante la historia

Defender la Revolución Bolivariana es un deber impostergable ante la historia

Red de Redes en Defensa de la Humanidad

El imperio tiene miedo, y cuando
el imperio tiene miedo es más peligroso
Hugo Rafael Chávez Frías





Nosotros, Intelectuales, Artistas, Movimientos Sociales, Líderes Ecuménicos, Luchadores Sociales y Pueblos del Mundo rechazamos y condenamos las recientes declaraciones del Presidente Obama y del imperio estadounidense en contra de la República Bolivariana de Venezuela, que amenazan de manera directa y abierta la Paz y la Soberanía en Nuestra América.
Consideramos que la declaración de “emergencia nacional” de Estados Unidos ante la “amenaza” que representa Venezuela, es una declaración explícita de guerra contra la Revolución Bolivariana y un paso más en la escalada estadounidense para aplastar las voces anti-imperialistas que desde la tierra soberana de Bolívar y Chávez se levantan y extienden por todo el continente.
La irrupción de la Revolución Bolivariana significó una renovación de las luchas de liberación de Nuestra América y los Pueblos del Sur. Hoy es una de las principales trincheras de batalla en la construcción de un mundo más justo, un mundo multipolar, un mundo equilibrado.
El legado del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías es la principal arma de lucha para la descolonización de las conciencias. Su pensamiento y acción constituyen uno de los motores fundamentales que impulsan en el Siglo XXI el anti-imperialismo y los procesos de liberación en todo el mundo.
La República Bolivariana de Venezuela es dueña de la principal reserva mundial de petróleo, grandes reservas de gas, biodiversidad, agua dulce y minerales estratégicos, lo que la convierte en un botín siempre ambicionado por el Imperio y los grandes capitales mundiales.
Por consiguiente,
Hacemos un llamado a los organismos multilaterales soberanos, CELAC, UNASUR, ALBA-TCP y PETRO-CARIBE para que se pronuncien de manera categórica e irrestricta en favor de la defensa de la legalidad internacional, la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano y de la paz en la región.
Alertamos a todos los pueblos del mundo que con las declaraciones de Obama se cierne sobre la tierra libre de Bolívar una posible y cada vez más inminente invasión abierta de los Estados Unidos en Venezuela.
Llamamos a todas las voces anti-imperialistas del mundo para que denuncien el atropello mediático internacional que pretende acallar el despertar de un pueblo y tergiversar el conocimiento de la realidad que vive la Venezuela del siglo XXI, que decidió ser independiente.
Solicitamos a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que se pronuncien sobre la injerencia descarada e hipócrita de los Estados Unidos en los asuntos políticos de la República Bolivariana de Venezuela.
¡El imperio le teme a la autodeterminación de los pueblos!
¡Unidad es nuestra divisa!
¡Yankee go home!
¡Viva Nuestra América Libre e Independiente!

Defending the Bolivarian Revolution is a historical duty that can no longer be put off. The Network in Defense of Humanity

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Los Cinco Héroes Cubanos Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González
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lunes, 2 de marzo de 2015

Daniel Gollán, y un aire fresco en salud ante el tema de la IVE

Aunque el Jefe de Gabinete Anibal Fernandez hay dicho, al ser consultado, que el tema de la despenalización del aborto no está en la agenda, que "Es una política muy de fondo y una discusión que la sociedad argentina viene dando hace mucho tiempo", y además, que si lo estuviera, la Presidenta lo hubiera mencionado ayer en ocasión de su discurso ante la Asamblea Legislativa, creo que estamos ante un signo alentador en relación a la problemática del aborto. La consulta a Fernández está motivada por dichos del nuevo Ministro de Salud que encara el tema a días de asumir, y con ello abre perspectivas nuevas para quienes sentimos la impotencia de la recurrente pérdida de estado parlamentario de proyectos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Porque es un problema, porque no puede ser negado, porque entraña una demanda legítima de justicia, año a año se insiste y se incrementan las firmas en apoyo a la despenalización y la legalización de la IVE desde distintos bloques políticos. Precandidatos presidenciales como Jorge Taiana han expresado públicamente la necesidad de dar el debate en el recinto. Vamos por el quinto intento de proyecto de ley. En noviembre del año pasado el último llegó a discusión en la Comisión de Legislación Penal. La Diputada Patricia Bullrich se valió de una maniobra para alegar no hubo quórum para poder emitir dictamen. Quien alguna vez presentó un proyecto a favor del IVE junto a Graciela Fernández Meijide ahora, en 2014 a cargo de la Presidenta de la Comisión de Legislación Penal, hizo gala de una bajeza repudiable. El día previsto llamó a la reunión de comisión en dos tandas, una a las 15 horas para tratar otro tema en una sala, y la otra a las 17.30 para discutir el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en otro salón. Para la primera convocatoria no hubo quórum y Bullrich entonces sostuvo que tampoco lo tuvo la reunión que durante casi cuatro horas, discutió la propuesta con más de una treintena de oradores.
Sentimos la frustración ante el escandaloso truco y desidia. Durante años venimos insistiendo en que la sociedad está madura y demanda la solución no sacrificial como es penalizar la práctica, desde la vulnerabilidad de las mujeres más desprotegidas, aquellas que mueren por abortar en condiciones espantosas. Es un problema de salud. Es un derecho y es constitucional, como se ha explicado en los fundamentos de la iniciativa presentada en 2014.
El flamante Ministro de Salud Daniel Gollán habla de esta necesidad de respuesta. Y fue designado hace apenas días, el pasado 27 de febrero. El reconocido sanitarista, formado en la escuela del Dr. Floreal Ferrara, había dicho en declaraciones a radio Nacional Rock que "En el país hay 500 mil abortos por año y es la principal causa de muerte materna. Hay que hacer un debate serio sin ponerse en los extremos ideológicos y religiosos. Desde el punto de vista del sanitarismo uno tiene que hacer algo. Vamos a propiciar un debate maduro con todos los sectores de la sociedad." Gollán remarcó la importancia de las consejerías en Uruguay – donde se despenalizó la práctica- que tuvieron “excelentes resultados". Agregó que el 30 por ciento de las mujeres que se presentaron en éstas, decididas a abortar decidieron no practicar la operación. El ministro reclamó además el respeto a lo que establece de la ley de abortos no punibles. "Hay una ley, hay que cumplirla. Se está trabajando mucho y hemos logrado que en muchos hospitales del país se cumpla con esta norma. En otros siguen existiendo las objeciones de conciencia, pero ya tenemos un sistema cada vez más aceitado para que, cuando eso ocurre, podamos resolver el problema en otro hospital."
Este cruce entre el Jefe de Gabinete y el Ministro, a mi entender no es una contradicción. Las relaciones de fuerza políticas ciñen el margen de maniobra. El año pasado la trampa de Bullrich, aliada con los sectores más retrógrados, no impidió que se produjera un evento histórico en la Cámara, en la Comisión, tal como lo sostuvieron varias diputadas. Hay que insistir, el tema se instala y se hace desde la caracterización de problema de salud pública por parte de la máxima autoridad en el tema, lo que representa sin dudas aire fresco para la militancia incansable por los derechos de las mujeres. Junto a lxs legisladores y funcionarios que se han jugado por la iniciativa, vamos a hablar más fuertemente del tema, conitnuar y respaldar a este ministro. Ahora bien, lo hacemos y lo seguiremos haciendo sin soslayar las dificilísimas coyunturas políticas donde no se respeta ni la división de poderes, ni las leyes votadas por el Congreso como la Ley de Medios, donde no se juega limpio y se pretende inhibir el funcionamiento democrático. Lo que no podemos hacer, en mi opinión, es pecar de ingenuxs o ser simplistas recortando la cuestión de la IVE del complejo panorama que vivimos. Cada signo merece un análisis cuidadoso, además de la articulación pluripartidaria, la generosidad y la estrategia justa que priorice el logro del objetivo en lugar del rédito parcial.

Finalmente, comparto el comunicado de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género.
Apoyo de Perla Prigoshin a las palabras del Ministro de Salud.
"La CONSAVIG (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género) expresa su profunda consustanciación con las declaraciones que en el día de la fecha realizara radialmente el recientemente designado Ministro de Salud de la Nación Dr. Gollan con relación a la necesidad de debatir en nuestro país la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país."
Asimismo, la Titular Nacional de la CONSAVIG, Dra. Perla Prigoshin, enfatizó:
“La criminalización del aborto constituye una violencia contra las mujeres ya que les obstaculiza el acceso a la salud poniendo en riesgo su integridad psicofísica. En verdad el aborto es un delito con consecuencias sólo para las mujeres pobres que recurren a medios inseguros y mueren por abortos sépticos mientras que las mujeres de clases media y alta cuentan con los recursos económicos que les permiten acceder a prácticas seguras en clínicas privadas. Sería correcto sacar el aborto del ámbito penal y abordarlo desde la salud pública”.