Momentos. Comunicado del Dr. Carlos Rozanski

Momentos 

Con motivo de la aceptación de mi renuncia, al cargo de Juez de Cámara Federal, por parte del Sr. Presidente de la Nación, se imponen algunas breves líneas a modo de cierre de una etapa personal y profesional. A lo largo de 25 años ejercí la magistratura como juez de Cámara por concurso -10 en San Carlos de Bariloche y 15 en La Plata-. Durante ese cuarto de siglo, jamás sentí presión alguna de parte del Estado Provincial o Nacional, debiendo tenerse en cuenta que diversos gobiernos con distintas orientaciones políticas han regido esos años los destinos del país. Las presiones, amenazas y agresiones, personales, familiares y de colaboradores, han sido siempre desde los mismos sectores violentos que llevaron adelante el proyecto económico que en los años 70 utilizaron el Terrorismo de Estado para imponer dicho designio. Con ese objetivo, necesitaron disciplinar a la sociedad, para lo cual, como quedó probado en la justicia, secuestraron, torturaron, robaron identidades de niños, se apropiaron de empresas millonarias, asesinaron y desaparecieron a decenas de miles de personas en una orgía de sangre que no tiene otro nombre que genocidio.

Luego de 20 años de impunidad, una luz encendida desde el propio Estado comenzó a iluminar el camino de la reparación, y por primera vez en el mundo, tribunales del propio país en el que se cometió el genocidio, comenzaron a juzgar y condenar a los responsables materiales. En una progresión incontenible, se llegó a trascender a los asesinos y torturadores de mano propia y se avanzó sobre los cómplices civiles. Ese avance, que avizoraba la suerte de diversos sectores responsables desde el inicio del proceso asesino, encendió una alerta mucho más fuerte que el juzgamiento de miembros de fuerzas de seguridad. Los procesos sociales de justicia “real” respecto de crímenes de masas, no se detienen en los ejecutores, sino que llevan naturalmente a investigar y eventualmente a castigar a sus verdaderos jefes, economistas, abogados, sacerdotes, jueces y empresarios, sin los que jamás se podría haber llevado a cabo el proceso genocida. Claro está que los sectores mencionados no incluyen a aquellos sacerdotes, políticos, empresarios y jueces, que se opusieron horrorizados a la barbarie asesina de ese proceso. Por supuesto también que quienes, integrando cualquier categoría social de las mencionadas, se enfrentaron a los mercaderes de la muerte, corrieron la misma suerte que los miles de obreros, estudiantes, docentes y dirigentes que pagaron con su vida o el exilio enfrentar con dignidad la violencia de los tiranos.

Hoy con dolor, debo hacer público, que por primera vez en más de tres décadas de vigencia institucional, se percibe que el Estado avanza sobre jueces y fiscales de la nación.           

Valiéndose de los mismos medios de comunicación que llevan a cabo sus operaciones en papel manchado de sangre, anuncian a través de algunos periodistas, en no menos ensangrentados canales de televisión, la suerte de los magistrados seleccionados. Luego, sin que la verdad tenga importancia alguna, con burdas mentiras y difamaciones bizarras, se ponen en marcha los mecanismos legales para llegar -con métodos ilegales-, a los fines propuestos. Todo ello, a fin de evitar que el proceso actual continúe mostrando a la sociedad las complicidades civiles que excedan a los uniformados y expongan legal, ética y materialmente, a quienes gozaron durante décadas no sólo de la impunidad que la tradición les garantizó, sino además, de las inmensas fortunas obtenidas tanto con el proyecto económico que sostuvieron, como con la rapiña de las empresas y bienes de los que se apropiaron bajo tortura y que les permitió disponer de los ríos de papel en los que volcaron y vuelcan hoy sus operaciones de prensa.     

Se podrán deshacer de algunos jueces y fiscales, pero jamás podrán manchar 33 años de democracia, de desenmascaramiento de asesinos y cómplices, de repudio al terrorismo de Estado y del irreversible camino hacia la verdad, la justicia y la memoria que la inmensa mayoría del pueblo argentino decidió transitar.

Carlos Rozanski

El aborto, cuestión de justicia

La Corte Suprema se expidió a propósito del verdadero atropello institucional que se ha registrado por parte del Jefe de Gobierno porteño y la actuación de magistradas como Myriam Rustán de Estrada, del Opus Dei.

Haciendo caso omiso al fallo de la más alta instancia judicial que el 13 de marzo confirmó la constitucionalidad del aborto en casos de violación, (art. 86 inc. 1y 2 del Código Penal) por lo cual no se debe pedir una autorización judicial a la mujer que lo solicita, y sólo basta con que presente una declaración jurada para acceder a la práctica en un hospital, Macri informó sobre el caso. Dió los datos de la mujer víctima de la trata de personas, violada y embarazada, la cual - hasta este escándalo violatorio de todo derecho, de los derechos que le pertenecen a la intimidad y a no ser victimizada por ninguna jauría ni sensacionalista ni fundamentalista-, no había hablado de su situación con su familia. No hace falta recalcar que la jueza del Opus merecería jury de enjuiciamiento.

El "Capitán Veto" recordemos, se pasa sistemáticamente por el traste lo sancionado por la legislatura y en el caso de la ley de aborto no punible que fue aprobada por la Legislatura por 30 votos de la oposición contra 29 del PRO y aliados, el gobierno porteño no se expidió sobre la posibilidad de que Macri vetara la norma, hasta el 5 de octubre pasado, cuando en una cena de la agrupación dirigida por Alchourron ( ex titular de la Sociedad Rural), se jactó de ser el "jefe del veto", o sea, se jactó de entorpecer la división de poderes de la Ciudad, y dió datos sobre la mujer a quien se le iba a practicar el aborto no punible en el Hospital Ramos Mejía.
Causa gracia - si su gestión no causara tanto daño- los alegatos dramáticos del hijo de Franco llamando al diálogo e intentando presentar al kirchnerismo como autoritario, siendo tan cínicamente fascista.

Gracias a esta actitud, intervimieron los defensores de la "vida" en abstracto, y de los genocidas apropuadores de bebés, justificadores de los vuelos de la muerte donde esas madres detenidas desaparecidas que alumbraron en los centros clandestinos donde había médicos, curas y jueces que sabían y callaron esa metodología inconstitucional, reñida con todo respeto a la dignidad de la persona. Actúan sin contemplar en ningún momento la vida de esas mujeres revictimizadas por esa actitud de soberbia y desprecio absoluto, desde el cinismo y el privilegio, pivoteando en una concepción de las mujeres que no las concibe más que como úteros. Las desaparecidas embarazadas eran mantenidas con vida hasta parir, para arrancarles a sus hijxs y matarlas de inmediato, ni siquiera tenían la compasión de informar a los familiares, sino que redoblaban su perversidad robándoles la identidad y la historia a los niñxs apropiadxs, objetos sin derechos, botines de guerra.

Todas estas situaciones dan cuenta de la tarea pendiente de nuestro sistema: la democratización del poder judicial y la extirpación de esa rémora autoritaria que significa la injerencia de la Iglesia en nuestro Estado, que es laico, LAICO y como tal, es de todxs, creyentes de distintas confesiones, y atexs.

El magistrado Miguel Ricardo Güiraldes, en quien había recaído la continuidad del trámite judicial, hizo lugar a las apelaciones presentadas contra la decisión original, y elevó el expediente a la Cámara Nacional en lo Civil para que resolviera los recursos de apelación. Además, un grupo de legisladorxs porteñxs y comuneros presentó ayer, 10 de octubre, una demanda penal contra Macri, por incumplimiento de deberes de funcionario público y por revelar un secreto (contemplado en el artículo 157 del Código Penal), al haber dado a conocer detalles del aborto no punible.

Esta noche nos enteramos que los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay señalaron que “frente a lo decidido por esta Corte sobre la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia dictada en la causa F. 259.XLVI ‘F.A.L. s/ medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles”.

Entre tantas vueltas judiciales, una mujer de 32 años, madre de tres hijos –el mayor de 18 años–, dejó el Hospital Ramos Mejía donde fue acosada, tras haber sido expuesta y negada de su derecho. Una mujer cuyo calvario parece no importar, ahora está en un refugio para víctimas de trata donde la asiste un equipo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que encabeza Zaida Gatti.

Porque mientras tantos se meten, hay redes mafiosas culpables de su cautiverio, que la amenazan y poco espacio en los medios se destina a la investigación de quiénes son estos mafiosos y cómo funcionan; poco se dice de cómo se necesita apoyo judicial, policial, político, para que la trata de personas sea el monstruoso negocio que es.
Es hora de que se discuta de una vez en el Congreso de la Nación la legalización del aborto, es hora de que se depure esta justicia que anda enferma. Lo decía aquel tema que cantaba Baglietto, "por las noches alguien le arranca las vendas"...

Es una deuda con la democracia. Y con la democracia, no se juega.

Por nuestra democracia

A estas horas, atentxs a la sucesión de hechos que sin dudas inquietan y buscan crear un clima caótico: la puesta en escena de un reclamo de gendarmes y prefectos que se mantiene pese a las gestiones gubernamentales; la desaparición de un testigo importantísimo en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, el ferroviario Alfonso Severo - acaban de encontrar su automóvil-, no puedo dejar de expresar, como decía en el post "Sin respiro", mi convicción de que nos va a costar mucho...

La defensa de nuestra democracia y de nuestra Presidenta es la defensa de nuestras conquistas, la de todxs quienes no soñábamos con la posibilidad de vivir esta etapa transformadora de Argentina, que recogió banderas de justicia social y de integración latinoamericana que dejaron atrás la matriz dependiente de EEUU, las entidades financieras internacionales, que restableció la justicia por los crímenes de lesa humanidad, que apuesta a nuestra ciencia, nuestro arte, nuestras diversidad cultural. Que ha promovido nuevos derechos, que ha encontrado una clave para revivir ideales que parecían definitivamente derrotados en sintonía con los tiempos que corren.

Sin declamar lo mejor del peronismo en rituales, escenografías retratos y citas al líder, sino que cumple y dignifica desde la gestión de gobierno y la articulación con una militancia renovada, y también diversa.

Sabemos que hay nuevas modalidades golpistas contra los gobiernos populares en América del Sur:Ecuador es un ejemplo de una maniobra destituyente que se inició con un conflicto de policías manipulado por las corporaciones de derecha distorsionando la información a los efectivos rasos. Se intentó asesinar al Presidente Correa.

Al Presidente Hugo Chavez lo defendió la movilización popular de un golpe literalmente mediático, preparado en estudios de la corporación que bramaba por la "libertad" y que privó a la población de la información sobre el paradero del mandatario venezolano. Fue un intento vano de hacerse ilegítimamente del poder en 2002. Diez años después e incontables campañas mediáticas en su contra, Hugo Chávez va a elecciones el próximo domingo con un amplio margen de ventaja y un pueblo advertido. A partir de esa experiencia, en Venezuela los grandes medios continúan siendo privados, pero proliferaron medios comunitarios para resistir el bloqueo mediático.

Aquí, a tan poco del 7 de diciembre, las manifestaciones diversas advirtiendo sobre el cariz desestabilizador de esta medida de los uniformados,no sean exageraciones. “Instamos a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución nacional”, expresaron en un comunicado diputadxs del kirchnerismo, la UCR, el PS, Libres del Sur, Peronismo Federal, el PRO ( salvo el GEN, UP y Proyecto Sur).

La Asociación Madres de Plaza de Mayo decía ayer: "Hace varios días empezamos a ver una película que no queremos volver a ver. Sentimos en carne propia lo que ya vivimos en el 76, y unos meses antes.
El cajón con el cuerpo de Moreno con un balazo en la cabeza nos mostró que los mismos asesinos de la Triple A, insertados después en el ejército y en la marina, no estaban lejos.
Las Madres, que salimos a la calle en el primer momento y que nunca la dejamos, le pedimos al pueblo argentino que tome conciencia, que no nos dejemos invadir por las televisiones malditas, que en vez de tirar balazos nos tiran mentiras, difamaciones, que son mucho más fuertes que las balas."

Jorge Bernetti, en su artículo de hoy y que vale la pena leer completotitulado "No ser ni parecer destituyente", señala algo fundamental, aludiendo al carácter castrense de la protesta: "Siempre la rebelión y la indignación le cae a los procesos de transformación"

Sabemos que mano de obra desocupada y prácticas reñidas con la vigencia de derechos y garantías constitucionales subsisten y cuentan con aliados muy poderosos. La desaparición de Julio López, las torturas en las cárceles, los abusos de las policías provinciales, el gatillo fácil, los miembros de la justicia adictos a la dictadura, están aún actuando impunemente. No es inocente ni casual que desaparezca un testigo en un juicio que pone sobre el tapete al poder mafioso sindical asociado a barras bravas, patotas e intereses de alto perfil...que no se ensucian las manos, claro, y cuyos nombres la sociedad desconoce.

Bernetti señala respecto del conflicto uniformado, lo hecho por el gobierno nacional: "El entramado caótico de sentencias obtenidas por el lobby militar y de seguridad condujo a la Corte Suprema a poner coto a estas disposiciones. El gobierno nacional trabajó intensamente para resolver esta contradicción –eliminando privilegios de algunas altas graduaciones– y reparar las situaciones de la base de las fuerzas.
Que el gobierno haya denunciado la posible comisión de un delito ejecutado por altos responsables para empujar a la desesperación a los sectores de más bajos salarios –los cuadros de suboficiales– reitera la necesidad de recordar que en esta área nada es inocente.
El gobierno nacional ha incrementado el número de miembros de las fuerzas de seguridad y su equipamiento. Y a este indudable hecho, le ha sumado una definición superlativa que es la creación del Ministerio de Seguridad."

"Los uniformados no son un “grupo de trabajadores” son ciudadanos que, libremente, han aceptado una responsabilidad que les brinda la tarea de proteger el orden público y ser auxiliar de la justicia. Los riesgos y las exigencias están previstas, deben ser valoradas, pero no exageradas. La sociedad y su gobierno deben proveer de lo justo y necesario a quienes cumplen una tarea que no es un privilegio ni un rol mesiánico, sino un servicio profesional en una sociedad democrática. Por eso, la demandas justas deben ser atendidas, pero los que las plantean deben mirar bien a su costado para no encerrar y agredir ministros, bloquear calles, ni alzar carteles reivindicatorios de Seineldín.
No hay malos medios que puedan justificarse para obtener buenos fines. La sociedad espera todavía de las fuerzas de seguridad una autocrítica del pasado y un compromiso público renovado frente a la sociedad."

No carece de costo político no advertir sobre estas maniobras televisadas y amplificadas a gusto y conveniencia de TN. Sigo a Bernetti: "Los integrantes de las fuerzas de seguridad no pueden desligarse de una mirada sobre el conflicto que implica en la sociedad la transformación de un sistema de medios de comunicación social dominado por fuerzas monopólicas que alienta la violencia en la sociedad y excita la represión como conducta liminar para las policías."