miércoles, 22 de mayo de 2013

Lesa humanidad; empecinamiento por la justicia en Uruguay y en la Argentina

Algunas notas conceptuales

Las violaciones a los derechos humanos son los actos inhumanos tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia.
Una afrenta no a un individuo sino a la especie humana como tal, que la lesiona en un triple sentido: de crueldad para con la existencia humana, de envilecimiento de la dignidad humana y de destrucción de la cultura humana. Comprendido dentro de éstas tres acepciones, el crimen de lesa humanidad se convierte sencillamente en crimen contra todo el género humano.

De acuerdo a las normativas de la Asamblea Gral. de Naciones Unidas y a la doctrina del Derecho Internacional, se distinguen además por ser actos generalizados (se cometen contra una gran cantidad de víctimas, ya sea por la cantidad de crímenes o por un crimen con muchas víctimas); por ser actos sistemáticos (se realizan con arreglo a un plan o política preconcebida que permite la realización repetida o continuada de dichos actos inhumanos). Además, son aquellos actos cometidos por autoridades de un Estado o por particulares que actúan por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia, ayuda o complicidad (grupos paramilitares, estatales, escuadrones de la muerte, etc.). Por otro lado, en lo que hace a la motivación de los crímenes, son los dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales.

Cuando se reúnen todas estas características, estamos ante crímenes imprescriptibles, a diferencia de otras violaciones a los DDHH y a los abusos de autoridad.

En Argentina se están desarrollando los juicios por delitos de lesa humanidad a partir de la decisión política del proceso iniciado en 2003 (durante el mandato de Néstor Kirchner). Recogía los reclamos y la tenacidad de la búsqueda de Madres, familiares, Abuelas y parte de la sociedad que no se resignó nunca a la impunidad. En términos del derecho, su juridicidad se apoya en la ley 25.779 (02/09/2003) que declaró insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521 (punto final y obediencia debida).y en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Arancibia Clavel” (fallos: 327:3312 del 24/8/2004) en los cuales la Corte Federal desarrolló el concepto del delito de “lesa Humanidad”) y en la causa “Simón”, (Fallos: 328:2056; sentencia del 14/06/2005). La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la validez constitucional de la ley 25. 779.

Si los hechos han sido realizados en ejecución de un plan criminal, cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, tendiente al asesinato, la tortura, la desaparición forzada de personas, u otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, su calificación como delitos de lesa humanidad resulta indiscutible (artículo 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional) y afectan a toda la comunidad por tratarse de violaciones al derecho de gentes (artículo 118 de la Constitución Nacional).

La Constitución Nacional Argentina de 1853 reconoció la supremacía del derecho de gentes; esto permite considerar que existía, al momento en que se produjeron los hechos, un sistema de protección de derechos que resultaba obligatorio, independientemente del consentimiento expreso de las Naciones, que las vincula y que es conocido actualmente como ius cogens. Se trata de la más alta fuente del Derecho Internacional que se impone a los Estados y que prohíbe la comisión de crímenes contra la humanidad, incluso en épocas de guerra; no es susceptible de ser derogada por tratados en contrario y debe ser aplicada por los tribunales internos de los países independientemente de su eventual aceptación expresa.

Por último, según el Art. I de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, “ Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.”

La República Oriental del Uruguay ha ratificado esta Convención.

Para seguir leyendo:
http://periodicotribuna.com.ar/9871-por-que-no-prescriben-los-juicios-por-delitos-de-lesa-humanidad.html/
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crimenes_guerra.html/
http://www.bcnbib.gov.ar/tratados/12convencionsobrelaimprescri.pdf/


Marchas y Justicias




El pasado 20 de mayo fue un día muy particular para la República Oriental del Uruguay. Y para muchxs de nosotrxs también. Las marchas que resisten y denuncian los pactos de silencio e impunidad pueden horadar, a pesar de su aparente debilidad, muchos muros, leyes vergonzantes y campañas engañosas de reconciliación.

Se cumplieron 37 años del asesinato en Buenos Aires - en el marco del Plan Cóndor- del senador uruguayo Zelmar Michelini (uno de los líderes del actual Frente Amplio),el diputado y presidente de la cámara baja Héctor Gutiérrez Ruiz (Partido Blanco) junto con los militantes tupamaros Rosario Barreda y William Whitelaw.

Por un lado, se llevó a cabo el acto por el Día del Ejército, con la presencia del Presidente José Pepe Mujica, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Ruibal Pino, y varios senadores como el ex presidente Luis Lacalle, entre otros. Fue en la ciudad de Melo.

Por otro lado, desde las seis de la tarde, organismos de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos y ex presos políticos, estudiantes, rectores de universidades, intendentas y miembros de la sociedad civil marcharon en el centro de Montevideo bajo la consigna “En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?” . En esta oportunidad se remarcó la protesta contra el traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil cuando llevaba adelante más de 20 causas por delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar tanto como la declaración de inconstitucionalidad de la ley que anuló la ley de caducidad.

“La muralla de la impunidad caerá”, “No son delitos comunes, sino crímenes de lesa humanidad”, decían algunos carteles. El texto hacía referencia a un juez que dijo que “se chocarían contra una muralla”. Luisa Cuesta, una histórica defensora de los derechos humanos, con sus 94 años, estuvo presente. La cobertura de los medios internacionales va aumentando cada año a pesar de los reveses.También hubo cacerolazos frente a la Corte Suprema de Justicia.

Por primera vez se realizó además una marcha en Carmelo en reclamo de justicia por el caso de Aldo Perrini, un hombre sin militancia política, muerto tras ser apresado por efectivos del Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia. Fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio en Carmelo por personal militar, trasladado al batallón y “brutalmente” torturado. Los testigos aseguran que los efectivos de la unidad se “ensañaron” con Perrini, porque intentó defender a unas jóvenes que estaban siendo agredidas sexualmente.

La jueza Mariana Mota investigaba este caso por el cual citó al Gral. Pedro Barneix en calidad de testigo 2011, cuando los delitos cometidos por la dictadura y que no fueron declarados de lesa humanidad prescribían en el Uruguay, tras anularse la ley de caducidad que garantizaba la impunidad de los represores. Es importante recordar que en las audiencias que se habían realizado dos años antes, lxs testigos dejaron en claro que casi todos los interrogadxs por la Justicia Militar en 1974 – se había abierto un sumario por este hecho que fue incorporado a la causa por Mota- sostuvieron que la muerte de Perrini había sido ocasionada por ‘el trato riguroso’ que el personal debía realizar a los detenidos incomunicados. Barneix posteriormente fue convirtiéndose en el principal implicado en la causa.

Barneix. Un personaje siniestro. En 2005, el entonces Presidente Tabaré Vázquez le ordenó a Barneix investigar lo sucedido con los detenidos desaparecidos. El resultado de la investigación fue que no había nada que investigar, ya que los elementos obtenidos “no alteraban” el informe final de la Comisión para la Paz formada por Jorge Batlle en 2000. Según este informe, se descartaba la posibilidad de ubicar restos de desaparecidos aceptando la versión militar de 1984 según la cual los muertos fueron exhumados, cremados y sus cenizas arrojadas al Río de la Plata.
Barneix volvió a ser noticia cuando informó “erróneamente” la ubicación de la tumba de María Claudia García de Gelman, haciendo que el entonces comandante Bertolotti llevara a Macarena Gelman al sitio errado. Ninguno de los lugares indicados por Barneix como entierro de desaparecidos fue veraz.

Un documento interno del Ejército reveló que Barneix estaba presente durante el interrogatorio en que murió Perrini mientras era torturado, junto al segundo Jefe Washington Perdomo y los oficiales José Boudean y otro de apellido Puijvert. La investigación de la jueza Mota y la prosecución de la causa hubiera permitido condenar al uniformado. Pero éste estaba y sigue protegido por los máximos representantes de las instituciones de la democracia uruguaya.

Por eso cobra significación la marcha en Carmelo además de la que congrega a familiares, militantes y ciudadanxs de a pie en Montevideo. Y por eso la sentencia de la CSJ refiriéndose al caso Perrini.

Como para que no queden fisuras por donde se pueda colar algo de justicia, ayer la Suprema Corte uruguaya volvió a declarar inconstitucional los artículos 2º y 3º de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad para el caso en que se investiga la muerte de Aldo Perrini.

Y por eso tan elocuente resulta la foto del Presidente Mujica en el acto del Día del Ejército en Melo, y los llamados, en el discurso del Gral Pedro Aguirre Siquiera a “cerrar esos silogismos en busca de uno u otro culpable”, a “abandonar posturas maniqueístas” del período en el que “un conflicto al que ninguno de nosotros es ajeno” enfrentó a padres e hijos, a hermanos, que es hora de cerrar… El militar agregó que “el enemigo” es ahora “quien dentro o fuera de fronteras, atente contra nuestra constitución, nuestras leyes o nos agreda”.

Sutil pero significativo desplazamiento, ahora el enemigo ¿son las personas y las instituciones que en nombre del derecho internacional persiguen la justicia? Cabe preguntarnos entonces, si los delitos perpetrados por la dictadura no son considerados delitos de lesa humanidad en el Uruguay, en la Argentina, donde se está desarrollando la causa por el Plan Cóndor, sí lo son, ¿somos para las FFAA uruguayas y para el poder político condescendiente que no discute estos ejes, “enemigos”?

Fuentes consultadas: http://elmuertoquehabla.blogspot.com.ar/
http://www.semanario-alternativas.info/archivos/2012/1%20enero/201/PORTADA/paginas%20portada/Articulos/GRAL.%20PEDRO%20BARNEIX.html


Plan Cóndor

Las audiencias por el Plan Cóndor involucran a las fuerzas de seguridad estatales en la comisión de crímenes cometidos en coordinación tanto en Argentina como en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile en la década del 70. Se diseñaron operaciones de seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por los gobiernos dictatoriales como 'subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto, o no compatible con las dictaduras militares de la región.
Hablamos de una una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política.

Ayer martes se reanudaron aquí en Buenos Aires, tras la muerte del genocida Jorge Rafael Videla las audiencias del Tribunal Oral Federal Nro. 1, tribunal que Videla se había negado a reconocer en su última declaración. A pesar del temor de que gran parte de las causas dependiesen de Videla, los jueces siguen trabajando. Desde desde el Consulado argentino en Uruguay brindó su testimonio Gladys Estévez, en el marco de la investigación del caso de Ari Cabrera, su marido entonces, detenido desaparecido en Argentina. Cabrera, alias “El Viejo”, era un gremialista uruguayo del Banco de Brasil que integró el Partido para la Victoria del Pueblo y se fue al exilio. Sus hijas también creyeron escapar de la represión viniendo a la Argentina, donde no militaban sino que pensaban estar a salvo. “Cuando la dictadura empieza a hacer atentados, verdad, lo que uno sabía era que apretaban acá a un grupo y apretaban a otro grupo en la Argentina en el mismo momento. Eso hizo que la gente del PVP resolviera irse a la Argentina porque acá era como que les pisaban los talones, se fueron a la Argentina y... ¡fue peor!¡Porque allá les requetepisaban los talones! Estaba todo organizado. De esa manera fue detenido.” señaló la mujer.

Como todas las víctimas de este juicio, Ari Cabrera está desaparecido desde abril de 1976. Se supone que pudo haber estado en el centro clandestino Automotores Orletti o en una casa operativa vinculada con el centro que se usó como sede del Cóndor o bien en Campo de Mayo. La metodología del Cóndor era el secuestro, tortura, traslado o desaparición de quienes estaban escondidos en la Argentina, como el caso de Cabrera. Gladys Estévez declaró que uno de sus yernos – sobreviviente de Orletti- supo, por boca de uno de sus torturadores, que su suegro había muerto de un paro cardíaco provocado por las torturas.

Se sigue adelante con el juzgamiento aunque Videla haya muerto, en la cárcel, condenado por esos crímenes que mal que le pese a algunos, no prescriben, ni se olvidan. Porque no hay verdadera democracia con nichos de impunidad para con esas afrentas que nos lesionan allende las fronteras, esas fronteras que los represores no respetaron cuando se abocaban a la comisión de sus crímenes.