martes, 7 de agosto de 2012

Jennifer Farías : violencia institucional que mata

La maternidad es una experiencia crucial para las mujeres.
En función del derecho constitucional y elemental a la salud de toda persona, es que así como resistimos la maternidad impuesta también reclamamos la atención médica adecuada durante el embarazo y el parto, así como el seguimiento de madre y de la criatura después.


Nos hemos acostumbrado demasiado tiempo, lamentablemente, a la violencia institucional y a sobrellevar, por cuestiones de cultura patriarcal, sufrimientos que no se justifican de manera alguna. Que obstetras o parteras desinformen o se dirijan a las pacientes como objetos, sin proporcionar el trato respetuoso y de manera tal de que sepan qué estudios o intervenciones corresponden, si tiene que dar un consentimiento para alguna práctica con todos los elementos necesarios para decidir. Tampoco se debe tratar a la paciente - utilizando el poder del saber médico - de manera discriminatoria, prejuzgando o soslayando su calidad de persona igual que se encuentra en una relación especial de vulnerabilidad porque pone su vida en manos de quien porta un guardapolvo y ha hecho un juramento de aliviar el dolor y aplicar todo su esfuerzo y responsabilidad para salvarla.

Sabemos del estado catastrófico que viene registrando la salud púnlica porteña y de esta cultura de maltrato institucional que la gente debe soportar, esperando turnos a tres y cuatro meses, haciendo colas interminables, teniendo que trasladarse para estar a las 4 de la mañana al frío con criaturas o personas mayores, esperando medicamentos que no hay, volviendo con el bolso a la casa cuando tenía que operarse un tumor porque de un día para otro no hay anestesista. Pasillos helados, camas insuficientes, trabajadorxs mal pagos. Se sabe del intento de tercerización del servicio de enfermería. En medio de todo esto, así como hay médicos comprometidos que luchan por la defensa de nuestro hospital público, hay médicos indolentes, gremios alineados con la política macrista, vistas gordas a episodios que ponen en riesgo la infraestructura básica que solamente lo público, lo que pagamos con los impuestos, puede ofrecer a todxs.


Mientras coberturas y sectores utilizan políticamente episodios donde se reclama justicia - y no valoro las maneras de hacerlo- lo central es que una jovencita de 19 años y su bebito tienen derecho a no correr riesgo de vida por negligencia, desidia, discriminación. Lo importante es lo que realta la familia de Jennifer Farías porque se refiere a lo actuado por los efectores de la salud pública.

No podemos saber si lo que ocurrió con Jennifer quizás era inevitable de haber sido atendida como corresponde. Pero lo que se desprende de la descripción que dan los familiares, que apoyan en lo registrado por la historia clínica, habla de una situación en la que la justicia debe intervenir. Y no me refiero solamente a establecer responsabilidades penales, sino todas aquellas que involucren la responsabilidad de funcionarios en el episodio, que tienen el deber de garantizar el acceso a la debida atención. Si esto no sucede, volverá a repetirse.

De acuerdo a lo que relatan familiares,Jennifer Farías, de 19 años, con un embarazo a término, ingresó al Hospital Santojanni el 14 de julio a las 20 y 30 horas, lugar donde se había atendido durante los meses previos. A pedido de su mamá que no tenía noticias, se informó al otro día del nacimiento de Ian, quien había nacido a las 04:10 con 3.100 kg en perfecto estado
Jennifer daba aviso a los médicos y enfermeros que le faltaba el aire, tenía mareos, le dolía la espalda y que se sentía sin fuerzas. La respuesta que daban a los familiares acerca de esto lxs médicxs era que “los síntomas se debían a una depresión posparto" que para ellos era normal.
En la madrugada del miércoles 18 de julio a las 02:00 hs Jennifer llama desesperada a su madre por teléfono avisándole que seguía sintiéndose mal y que nadie la asistía. Los familiares cuentan que tuvieron que despertar a la enfermera de guardia para avisar que la joven no estaba bien y que se le avisara a algún médico.
En la mañana del miércoles, la madre de Jennifer habla con la doctora que atendía a su hija insistiéndole en que los síntomas continuaban. Pero la respuesta que recibió fue que clínicamente no tenía nada y que ya estaba dada de alta; que debía ir a un psicólogo. Su madre se negó a llevarla en esas condiciones y entonces, la médica indica que se quede un día más, le realiza un análisis de sangre y la envía -sin compañía- a hacerse una ecografía. A mitad de camino se descompensa. Un enfermero y un hombre de seguridad ven la situación y la socorren. Los médicos y enfermeros seguían asegurando que los controles daban normales.
A las 21.15 hs. la madre de Jennifer da aviso desesperada en enfermería que Jennifer empeoraba y que pedía por favor un medico. La enfermera la ve y sale de la habitación pidiendo un tubo de oxígeno que no había en todo el piso de maternidad. Llama dos veces a la guardia medica para que se presenten, lo que ocurre al cabo de una hora. Jennifer entra en un paro cardiorespiratorio; dan aviso a unidad coronaria, donde tratan de resucitarla con maniobras de reanimación, sin que la paciente responda.
A las 22.30 hs, según la historia clínica, unidad coronaria da aviso del fallecimiento a los familiares sin dar ninguna explicación.