domingo, 5 de agosto de 2012

Cárceles

Hoy sale en el diario una foto de un pibe colgado de las muñecas en un penal. Golpeado salvajemente. Se llama Maximiliano Darío Osores Zapata y está preso por robo calificado.
El tratamiento recibido a manos de los agentes del servicio penitenciario en un penal de Florencio Varela (provincia de Buenos Aires)al detenido – que ya lleva seis años de los nueve de condena- revela la subsistencia de prácticas heredadas de los grupos de tareas que se desempeñaban en los centros clandestinos de detención de la dictadura.

A quienes preguntan , reproduciendo la falacia de distinguir entre los derechos humanos de “la gente” y los de “los delincuentes”, olvidando que éstos son universales, es decir, no se particularizan, no se contemplan o no según los actos que las personas cometan sino que son inherentes a la dignidad de todo ser humano desde su nacimiento, más allá de quién se trate: más allá de que seas Teresa de Calcuta, de Favaloro, de Videla, de Barreda, de Eduardo Vázquez , de Juana Pérez, de mí, yo, de vos, de cualquiera. De la dignidad humana se desprenden derechos que nadie puede vulnerar, como el de no ser privado de la libertad sin juicio justo, de contar con la debida defensa, de no padecer torturas ni tratos degradantes ni crueles. Derecho a no ser reducido a la servidumbre o a la esclavitud. Derecho a tu identidad.

Hace unos días la Presidenta de la Nación decía: “En 2003, un 35 por ciento de los presos ni siquiera tenía documentos de identidad. A partir de un programa muy agresivo de identificación y entrega de documentos hoy el ciento por ciento de los presos tiene su documento y se han implementado planes laborales, por los cuales las personas privadas de su libertad trabajan y cobran el salario mínimo vital y móvil , permitiendo su reinserción social y la de su familia.
“…los que tanto hablan de la Constitución deberían leer que la Constitución establece muy claramente que las cárceles deben ser sanas, limpias y no pueden ser castigo para los presos porque tienen que impulsar la resocialización y la reinserción. No solamente por una cuestión de convicciones, de ética, de principios o de derechos humanos, sino para evitar la reincidencia, fundamentalmente”


Argumentando con datos el ataque de desinformación de los socios de la dictadura, CFK les atribuyó además el encubrimiento de la fuga sospechosa de un interno, tema que hubiera merecido centimetros y tapas catástrofe si la insguridad fuese el tema y no a quién se daña con ella. Señaló la Presidenta que de los 60.000 presos que tiene la República Argentina, solamente 9.700 corresponden al Servicio Penitenciario Nacional a cargo de 35 establecimientos donde no hay superpoblación poruqe se han construido cárceles. Ninguna de las denuncias en la Corte Interamericana de DDHH son del Servicio Penitenciario Federal sino de los servicios provinciales.


Quisiera plantear, más allá de jugadas mediáticas a favor o en contra del esquema bonaerense manodura, de los graves hechos que costaron la vida a internos tras las visitas que hizo el Vicegobernador Mariotto, lo que está en discusión evidentemente, - y los dichos de la calle expresan las posturas cuando escuchamos el remanido “que se pudra en la cárcel”- es una manera de concebir las prisiones y el delito.

Para algunxs, se trata de una suerte de venganza, pensando que quien delinque merece pagar el daño, que no tiene chances de cambiar ni de hacer otra cosa que daño. De ahí la idea del encierro para no solamente aislarlo de la sociedad sino para que padezca algo del trato inflingido. Dentro de esta vertiente de pensamiento se encuentran quienes conciben que hay personas con el destino marcado, por su extracción social, por su entorno familiar, por portación de cara, y por eso no hay que esperar otra cosa de ellas que la maldad y la amenaza. La construcción del pibe chorro se realiza sutil o descaradamente desde los enfoques y la edición de los noticieros de la tele y varixs opinólogxs. Se refuerza con las imágenes estigmatizantes de la gente que vive en las villas, donde pareciera que no se vive de otra manera que de caño, como si no hubiera quienes trabajan, se educan, como el que consume el asalto a repetición desde su comodidad de clase media.

Otra manera de pensar qué hacer y cómo combatir el delito es pensar que la privación de la libertad debe funcionar como una oportunidad de encarar otro proyecto de vida, que puede ser una realidad cuando salga o no. Pero si el Estado destina recursos para la población carcelaria, estos mal rendirían si no apuntaran a rescatar a las personas con talleres, educación, vínculos con el exterior de acuerdo a las circunstancias, claro, precisamente porque se trata de una persona siempre, una persona dotada de derechos que nadie, ni la condena más severa, puede retirarle.
Una ceguera social – que se arrastra seguramente de la época del Terrorismo de Estado- hace que en nuestra vida cotidiana poco pensemos o consideremos el hacinamiento, los tormentos, las salidas que la mafia policial permite para que internos trabajen para los policías. Los atropellos se han cobrado muchas vidas en los penales, sin que las páginas de los diarios que llegan a registrar esos sucesos conmuevan a una sociedad que no ve, no registra cuánto resiste detrás de los muros de las cárcels, de esa salvaje violencia institucional.

Escribió Horacio Verbitsky en su nota “La Tortura, resabio perverso del Terrorismo de Estado” publicada el 29 de julio pasado en Página/12: “Los asaltos a familias o personas mayores que son golpeadas en forma salvaje o sometidas al paso de corriente eléctrica prueban el aporte de las prácticas carcelarias a la inseguridad”.
“Mientras los indignados reclamos de protección estatal de las personas honestas sigan disociados del repudio a la violencia institucional y a los tratos inhumanos, crueles o degradantes, sólo seguirá creciendo el horror, a ambos lados del tenue límite que separa el adentro del afuera.”


Nuestra democracia tiene deberes pendientes en este sentido: por un lado, como dice Verbitsky, en línea con lo que compromete al Estado por haber ratificado la Convención Internacional contra la Tortura en 1989, se impone desbloquear de una vez en el Congreso el tratamiento del mecanismo nacional de prevención de la tortura – con media sanción de diputados el año pasado - y terminar con estas prácticas heredadas de la dictadura que subsisten en las cárceles provinciales: en Buenos Aires, en Mendoza, en Salta, en Chaco, en Santiago, en Río Negro, en Neuquén, en Corrientes, en Córdoba, en Santa fe, que trascienden cuando alguna víctima muere o las torturas son registradas por algún video o una foto como la que hoy sale publicada en Tiempo Argentino, y que el padre de Maximiliano recibió anónimamente.
Por otro lado, nos cabe a cada unx registrar a nivel personal lo que viene sucediendo. Discutir con la complejidad adecuada a las problemáticas de la prevención del delito y de las políticas de seguridad; denunciar atropellos y hasta defender el derecho de que un genocida estudie en prisión, porque así como tuvo el juicio que él no dio a sus víctimas, es honrar y ser coherente con la defensa de la dignidad humana disponer otro tratamiento y propender así a que nunca más existan centros clandestinos ni ni desapariciones, ni torturas en las cárceles.
Una misma violencia permite que haya muchachas esclavizadas, que un día desaparecieron sin dejar rastros, “trabajando” en whiskerías y prostíbulos con la complacencia de funcionarios de fuerzas de seguridad, jueces y políticxs sobornadxs, y clientes prostituyentes que conforman la demanda que pone en marcha un negocio tan redituable como el tráfico de armas.