viernes, 20 de mayo de 2011

Heridas abiertas de este y del otro lado del río

Cuántas heridas abiertas tenemos,los dos pueblos hermanos, cuántos olvidos deliberados, cuánta historia pendiente de ser contada.
Cuántas similitudes - no puede no asociarse- entre los argumentos que los diarios reproducen estos días alrededor del intento de anulación de la Ley de Caducidad que ha garantizado la impunidad de los criminales que actuaron durante la pasada dictadura militar uruguaya.
Nos compete. De este otro lado del río, sí, nos compete el tema.Porque hubo una coordinación del accionar represivo que sufrimos en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.Sellamó Plan Cóndor.También nos compete porque sabemos de las distintas forlatezas en los gobiernos democráticos que emergieron de aquellas dictaduras.
En Argentina el gobierno democrático tuvo la iniciativa de juzgar a las Juntas Militares en 1984,algo impensado hasta ese momento.Seguramente por el coraje y al valentía de ese puñado de mujeres, las Madres, las "locas" que también impensadamente lideraron y lideran la búsqueda de justicia, de verdad y de memoria. Que movilizaron a toda una sociedad arrasada de diversas maneras.Arrasada también por anestesia. Aquí se investigaron y documentaron las desapariciones y las torturas, se enjuició como a delincuentes que eran a las Juntas, quienes jamás pensaron se les harían preguntas.El terror había cundido durante casi una década y una cadena invisible de complicidades mediáticas y judiciales le procuraban a los genocidas esa desafiante seguridad. La de permanecer impunes.sin embargo el Juicio hizo historia, sentó un precedente mundial.
Pocos años después, la presión de la corporación militar y la debilidad o ambigüedad de un gobierno legítimo que había acompañado esa audacia de las Madres y habilitó la posibilidad de juzgar y condenar, demostró que podía salirse con la suya y desandar el camino de justicia que había alcanzado apenas a las cabezas responsables.Tras los episodios de la tristemente célebre "Semana Santa"de 1987, quedaron impunes gracias a las leyes de obediencia debida y punto final,la oficialidad media y la mano de obra de la represión ilegal.
Una víctima, así,podía perfectamente cruzarse en el colectivo o en un bar con su torturador, sin ningún problema. El gobierno que impuso el neoliberalismo pretendió,con los indultos de 1990, ponerle el broche de indignidad definitivo al tema. Realizó la operación grotesca e infame de indultar también a miembros de Montoneros, queriendo dar entidad a la falaz "teoría de los dos demonios"...como si el terrorismo de Estado fuese la respuesta lógica y equivalente a la violencia de las organizaciones "subversivas"; como si torturar y hacer desaparecer al "enemigo" fuese legítimo porque se tartaba de una situación excepcional.
Como dijera alguna vez Estela de Carlotto, "los familiares de las víctimas de los atentados de las organizaciones armadas pudieron enterrar a sus muertos". Aún se desconoce el destino de cientos de personas a quienes las patotas "chupaban" a plena luz del día y ningún hábeas corpus - de los que se atrevían a presentarse porque desaparecían también los abogados comprometidos- obtuvo respuesta alguna. Mucho menos en los arzobispados o las parroquias. Las Madres, recordemos, comenzaron a darse cuenta de su tremenda soledad en los pasillos de todos estos despachos en los que reinaba la complicidad y un pacto de silencio que hasta hoy no ha rendido las cuentas pendientes. Desde Monseñor Plaza, a quien si Dios existe hace décadas habrá colocado en su sitio, hasta Bergoglio.
El terrorismo de Estado es ejercido por quien debe asegurar el respeto por la integridad física. Que posee el monopolio legal de la fuerza para cuidar de nuestros derechos y garantías. Claro esta, las dictaduras militares no eran gobiernos legítimos: habían usurpado el poder del EStado. Eran ilegales. Pero, aún así, no descuidemos el punto del rol del Estado de garantizar el respeto por la vida: el pacto básico que da origen a la república implica que dejamos de ejercer justicia por nuestra cuenta para conformar una sociedad civil en la que delegamos ese derecho. Así nacen juntos, sociedad y Estado.Por eso no es lo mismo que te secuestre una patota de la policía o el Ejército, -que son nuestra policía,nuestro Ejército- que te secuestre el ERP, Montoneros, Tupamaros...que no son los poderes del Estado para garantizar nuestros derechos fundamentales.Como la de no permanecer detenido sin un juicio ni condena, por ejemplo. Y va para todos.
Sabemos,por supuesto, que la universalidad es engañosa y lo que engloba ese "todos" excluye desde el primer momento.Ya se ha escrito en este blog sobre la ciudadanía que no era para las mujeres, ni para quienes no eran propietarios, etc., que no llega a los pobres, que la igualdad ante la ley no es tal si sos Marcela o Felipe Noble.Cada día vamos corriendo los límites que, sabemos, existen entre nuestros derechos proclamados y los ejercidos. Esa es la aventura de la política y de una verdadera democracia, siempre en construcción.
Pero volviendo al tema de los derechos humanos y las heridas que aún supuran, mientras que desde 2003 una decidida voluntad de recoger el reclamo incesante de los organismos y de una sociedad que no se dejó anestesiar -la del gobierno de Néstor Kircner-,habilitó que las leyes del perdón fuesen declaradas como lo que siempre habían sido, nulas por inconstitucionales, y mientras que se ha procedido al enjuiciamiento de quienes estuvieron involucrados, ahora también se visibiliza la complicidad que amparó este terrorismo de Estado. Se estádando una batalla de sentido y una construcción de la memoria, están tomando la palabra los nietos y nietas que han recuperado su identidad biológica y que también edifican a partir de su deriva personal una historia colectiva que nos está interpelando con una fuerza que no se conocía. Que es diferente a la de las Madres y a la de las Abuelas, porque ell@s hablan, creo, desde un lugar único.Escuchar a Victoria Montenegro, a Manuel Goncalves, o a Juan Cabandié y a su hermana Vanina Falco que declaró contra su padre biológico tiene una vuelta más. Son otros relatos. Vanina Falco es hermana de Juan por esa historia de violencia compartida, y dice que sus historias no son sólo personales.Ella tomó posición y declaró contra ese padre biológico que se apropió de su hermano, que se jactó de su tarea. Ella fue capaz de hablar y actuar desde ese lugar tan singular.No solamente es conmovedor, sino ejemplar, porque muestra cómo nos está sucediendo todavía el horror si persiste la impunidad, si quedan personas a las que les robaron su historia, su nombre. Y además, si quienes callaron o firmaron papeles falsos o asintieron a esa violencia y siguen ocupando estrados judiciales, si siguen trabajando para los mismos intereses que se beneficiaron con la Dictadura militar,si son mantenidos en sus puestos sin ser investigados, si no son expulsados o encarcelados por sus responsabilidades,entonces, a pesar de todo lo transitado, la herida sigue supurando y la tragedia sigue pasando.
La Ley de Caducidad, vigente desde 1986 en nuestra hermana República Oriental del Uruguay,impide juzgar a los militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura.A la vez, otorga al Poder Ejecutivo la potestad de determinar qué casos están contenidos.Es una ley que nació al calor de las presiones castrenses. No resiste el menor análisis: es absolutamente inconstitucional.
Como en nuestro caso cuando las leyes de obediencia debida y punto final, la Ley de Caducidad vulnera las garantías constitucionales de la ciudadanía si ningún militar ni policía que entre 1973 y 1985 haya cometido delitos por motivos políticos, puede ser juzgado. De más está decir que no solamente contradice la Constitución uruguaya sino que contradice tratados de DDHH que el país ha suscripto y por lo cual el Estado ha sido objeto de observaciones.
Se trata de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles. Vigente la Ley de Caducidad, es el Estado el que puede "interpretar" la pretensión punitiva. Esto es otro despropósito porque es una función que compete al Poder Judicial, y pone en evidencia la aberración jurídica de la ley, nacida al calor de presiones y amenazas de la corporación militar que jaqueaba a un poder civil débil o complaciente.
Con el arribo al gobierno de la coalición frenteamplista, era esperable una corrección de este estado de cosas. Sectores de la sociedad uruguaya lo reclamaban y hoy lo exigen. Dentro de lo que permitía la Ley de Caducidad, el ex presidente Tabaré vázquez decidió juzgar a Gregorio "Goyo" Álvarez, ex dictador, quien actualmente,cumple condena. El actual presidente, José "Pepe" Mugica, quien estuvo preso y fue torturado, dirigente Tupamaro como el legislador que esta madrugada se abstuvo de votar la anulación de la Ley de Caducidad Víctor Semproni, llamó a éste a la "obediencia partidaria" y sin ese voto frenó la posibilidad de dejar sin efecto la normativa.Mientras pienso en nuestros años de resistencia y recuerdo a Néstor,del otro lado del río,Familiares de detenidos-desaparecidos, de muertos y presos políticos realizarán en Montevideo, en unas horas nada más, su marcha anual del silencio, al cumplirse 35 años del asesinato en Buenos Aires de dos legisladores uruguayos opuestos a la dictadura y de dos militantes.
Será al final del día en que una maratónica sesión de 15 horas de los Diputados, que terminó a las 5:30 A.M. y no salió del empate 49 a 49 -en 3 votaciones seguidas- fracasó en dejar sin efecto la Ley de Caducidad, que los militares forzaron bajo amenaza de desacato y que fuera mantenida por dos referendos en 1989 y 2009.
Estoy segura de que nuestra fuerza de herman@s estará marchando esta noche como una sola.