Perspectiva Feminista

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domingo, 1 de junio de 2014

La confesión de Malhaes y el Plan Cóndor : peligrosa impunidad

"Descubrí que había un montón de argentinos paseando por Río de Janeiro, disfrutando de la vida. Algunos eran exiliados políticos por la ONU, otros no. Entonces, mandé fotografiar a todo el mundo. 'Quiero a esos tipos fotografiados. No sé quiénes son, no quiero que sepan quiénes son. Sólo quiero fotografías de ellos'" El Coronel retirado del Ejército brasileño Pablo Malhaes hizo esta declaración ante la Comisión de la Verdad (CNV) en Río de Janeiro, a finales de marzo pasado. "Me volví famosísimo en Argentina por eso, me dieron una medalla".Estas declaraciones constituyen otra prueba de la actuación coordinada de las dictaduras militares que azotaron nuestros países en las décadas del 70 y 80: el Plan Cóndor.

Paulo Malhaes murió muy poco tiempo después de declarar ante la Comisión que acaba de dar a conocer a los medios su trabajo en relación a los delitos cometidos por la dictadura militar en Brasil. En un sospechoso asalto al mes de declarar, el pasado 25 de abril unos presuntos asaltantes irrumpieron en su casa y lo silenciaron para siempre. Se llevaron además computadoras y armas.

Garras sobre América del Sur

El Plan Cóndor Fue liderado en un principio por Augusto Pinochet,quien dió el golpe de estado en 1973 contra el gobierno de Salvador Allende con la supervisión y participación activa de la CIA.Se trató de la "continentalización de la criminalidad política" como la llamó Volodia Teitelboim:la difusión para todo el continente de las acciones terroristas que se manejan desde Washington en todo el hemisferio sur de América". En el imprescindible libro de Calloni sobre el Plan Cóndor, se señala que esta continentalización de la criminalidad se logra institucionalizar en 1976.

El general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia que había sido derrocado por el golpe del general Hugo Banzer en 1971 vivía exiliado en Buenos Aires. El 2 de junio de 1976 fue secuestrado y asesinado a tiros en San Andrés de Giles. Entre otros casos de gran repercusión, como el secuestro y posterior asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz junto a militantes urughuayos; el Gral Pratts y su esposa en Buenos Aires, el brazo del Cóndor llegó inclusive hasta Washington, como señala Stella Calloni en el clasico "PLan Cóndor. Pacto Criminal", para asesinar a Orlando Letelier, ex ministro de Defensa y embajador de Chile en Washington en 1979.

Por supuesto, el plan criminal implicó también la coordinación para la apropiación de los hijxs de desaparecidxs.Macarena Gelman es un caso conocido entre muchos más que todavía esperan resolución y reparación. La nuera de Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena fue secuestrada embarazada con su marido Marcelo en Argentina. Fue trasladada clandestinamente a Montevideo, donde dió a luz en cautiverio y posteriormente fue asesinada. Se presume que sus restos están enterrados en algún cuartel uruguayo. La nieta del poeta, fue 'obsequiada' a un policía que la críó bajo identidad falsa hasta que a los 26 años recuperó su historia y su nombre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno uruguayo a hallar los restos de María Claudia aún desaparecido. Juan Gelman y Macarena acudieron a la CIDH sorteando los muros de silencio y protección a los represores. En una entrevista a La Jornada de México Macarena señaló: "En Uruguay se piensa que pueda haber algún chico más, robado de padres argentinos. Mi caso no tiene por qué ser el único que se dio, pero sí hasta ahora son la única identificada. Pero en principio, hijos de uruguayos han sido encontrados en Argentina."

El largo camino por la Verdad y la Justicia

En Uruguay, el último intento de juzgamiento por crímenes de la dictadura impulsados por la Jueza Mariana Motta fue impedido por miembros de la Corte Suprema Uruguaya y posiciones contradictorias del partido gobernante, en cuyas filas hay varias víctimas del terrorismo de Estado. En 2006 se imputó al ex dictador Juan María Bordaberry y al ex canciller de la dictadura militar uruguaya Juan Carlos Binaco por la autoría intelectual del crimen de Michelini y fue condenado por distintos delitos gracias a la actuación de la jueza Motta y la fiscal Gatti. Bordaberry murió en 2011. En febrero de 2013, el poder judicial uruguayo desplaza a Motta en medio de un escandalo institucional y la Suprema Corte uruguaya constituye el gran obstáculo para el avance de causas en relación a los crímenes de la dictadura. De todas maneras, se sigue pidiendo justicia y se sigue reclamando la verdad. Los militares uruguayos callan o dan informaciones falsas.Testigos y sobrevivientes declaran al otro lado del río en el juzgado argentino.

En Argentina llevó un largo camino la concreción de juicios luego del impulso crucial de la CONADEP y el Juicio a las Juntas, la movilización y la resistencia en el contexto adverso tras las leyes del perdón e indultos. Desde 2003 además de una política central que puso como eje a los derechos humanos como pilar demoráctico, se están juzgando los crímenes, se va conociendo el destino de las víctimas y las responsabilidades, se van caracterizando nuevas figuras y se van desandando efectos perdurables de la maquinaria represiva. Pocos criminales han hablado, los pactos de silencio subsisten. Pero las políticas de estado y la colaboración entre los países que aprendieton a ensayar una unión estratégica permiten concer detalles a medida que la información se va reuniendo y digitalizando. Existe a disposición del público una Guía de Archivos sobre Coordinaciones Represivas del Cono Sur, Plan Cóndor, fue elaborada por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (Ippdh), y reúne hasta el momento información relativa al contenido y a las condiciones de acceso de 115 fondos documentales de 71 instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Puede ser consultada online: www.ippdh.mercosur.int/ArchivoCondor

Se están desarrollando las audiencias del juicio oral que investiga los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor en Argentina, a cargo del TOF N 1 de Capiral Federal. Entre otros imputados, figuran Jorge Rafael Videla - fallecido- Reynaldo Bignone, Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros, entre otros siniestros personajes. Y también el militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini, implicado -entre otros casos- en el caso de María Claudia, la nuera de Juan Gelman. En la causa declararán 500 testigos. Este juicio por crímenes de lesa humanidad es el único juicio penal que se instruye por los crímenes cometidos por esta organización criminal que desmiente cualquier intento de señalar "excesos", "errores" en el accionar de las fuerzasd armadas y de seguridad que causaron la muerte, la desaparición, el secuestro de niñxs, el silenciamiento de opositorxs y la persecución de quienes denunciaban a las dictaduras o huían de sus países de origen.

Chile conservó a Pinochet como Senador vitalicio a su regreso a la democracia. Un roce de la justicia, en términos de justicia universal lo alcanzó en 1998. El juez español Baltasar Garzón logró librar una orden de arresto contra él -cuando se encontraba en Europa-, por el delito de genocidio, torturas y terrorismo. Otros países libraron sendas órdendes de captura. Pinochet logró burlar la justicia y regresar a Chile, - inolvidable es la imagen de ese retorno"triunfal"- donde murió el día de los derechos humanos, un 10 de diciembre de 2006. Muy lentamente en el país trasamdino se instruyen causas y se construye con muchas dificultades la memoria. La perseverancia de quienes no se resignan a la impunidad han logrado recientemente el reconocimiento de los abusos sexuales perpetrados contra detenidas como forma específica de tortura, una violencia de género que también relatan sobrevivientes que fueron detenidas ilegalmente en estos países del Cono Sur donde sobrevoló el Cóndor. En 2009 se contabilizaban solo cinco querellas criminales presentadas y se calculaba que más de 3000 mujeres habúan surido volencia sexual por parte de los agentes del estado en cautiverio. Hace pocos días el juez especial Mario Carroza aceptó la querella contra el ex General Manuel Contreras, quien fuerajefe de la DINA y otros diez oficiales por los abusos sexuales, interpuesta por Nieves Ayress,Alejandra Holzaptel, Soledad Castillo y Nora Brito, detenidas patrocinadas por la Corporación Parque de la Paz Villa Grimaldi entidad de defensa y promoción de derechos humanos que gestiona la Villa Grimaldi, que fuera un centro clandestino de detención donde estuvieron prisioneras la actual Presidenta de Chile Michelle Bachelet y su madre.

Documentación

El 22 de diciembre de 1992 Martín Almada descubrió los primeros "archivos del terror” en una comisaría de Lambaré, en Paraguay. El Premio Noble ALternativo de la Paz nncontró sus propios documentos allí como los datos de su detención y la de miles de desaparedidxs, registros del paso por Paraguay de militantes y prisionerxs de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil.Cuando Almada fue detenido y torturado en 1974 por los militares, entre los interrogadorxs estaba presente además de los uniformados paraguayos, Héctor García Rey, hombre de la Triple A a quien reconocería años después por fotografías. En cautiverio escuchó Almada el término "Cóndor", aludiendo a que se encontraban en las garras de Pinochet y Contreras, iniciadores de la coordinación represiva crininal de las dictaduras que se prepararon para el genocidio desconociendo fronteras.

Los documentos desclasificados por EEUU en 1999 prueban la participación y apoyo del gobierno de Nixon al "baño de sangre"- término que utilizó la mismísima central de inteligencia en sus cables - para terminar con todos los vestigios del comunismo. El plan de exterminio y los delitos de lesa humanidad cometidos incluyeron servicios de inteligencia de muchos países, asociaciones criminales como la Triple A, comandos paramilitares, escuadrones de la muerte, cubanos anticastristas, la organización del servicio secreto de Francia (OAS),de la ultraderecha italiana, entre otros grupos que operaron en la clandestinidad y hasta con el apoyo de Interpol, como el grupo de la DINA chilena en Buenos Aires.

Hay que repetirlo, las dictaduras se prepararon para el genocidio. Y organizaron la impunidad. Se ocuparon no solamente de borrar huellas de un accionar clandestino sino de perfeccionar téxnicas para que no se pidiera dar con los cuerpos de las víctimas y la falsificación de identidades. Contaron y cuentan con protección mediática e institucional de muchas corporaciones que en las actuales democracias manejan gran influencia. En lo que respecta a los autores directos, la mano de obra, pocas veces declaran y muchas veces son silenciados por sus camaradas.

Los crímenes no son desconocidos para nuestra gente. La justicia llega a veces demasiado tarde. Pero la verdad histórica se viene reconstruyendo con muchos obstáculos.La fuerza de sobrevivientes, familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, activistas, jueces y juezas compometidxs, periodistas que honran la profesión, lxs testigxs-víctimas que han declarado y declaran hoy resistendo el paso del tiempo, la invisibilización, las campañas arteras de descalificación y olvido,abre caminos.

La Comisión de la Verdad en Brasil y la confesión de Malhaes

En noviembre de 2011 la presidenta de Brasil Dilma Rousseff impulsó una ley que creó la Comisión de la Verdad para la investigación de los crímenes de la dictadura, de la cual ella misma fue víctima. Rousseff estuvo detenida entre 1970 y 1973. No afecta en nada a la amnistía otorgada a los torturadores al final de la dictadura que se extiendió hasta 1985. Pero en las declaraciones se asoman por primera vez, desde los testimonios de los responsables, como el caso de Malhaes, los detalles del horror. Los informes de esta Comisión que trascienden públicamente prueban que hubo planificación y preparación para las atrocidades. Que no resultaron de la casualidad, sino de ese plan criminal con el cual las dictaduras operaron espiando a emigradxs políticxs, intercambiaban prisioneros y secuestrando, torturando, asesinando. Amedrentando a quienes denunciaban las violaciones a los ddhh en los países hermanos.

En la primera declaración Malhães había admitido la creación y supervisión del centro clandestino de torturas "La Casa de la Muerte" en Petrópolis, en Río de Janeiro. El lugar era un laboratorio, segúin el siniestro militar, ubicado n un lugar fuera de las zonas militares en el cual podia actuar de manera más libre, ensayando el terror psicológico."Debía ser un lugar tranquilo, silencioso e insospechado. La existencia de la casa de Petrópolis sólo fue denunciada por el hijo del dueño del edificio. Si no fuera así, nadie se habría enterado" Entre las víctimas cuyos cuerpos nunca fueron encontrados, está el del diputado Rubens Paiva, desaparecido en 1971.

Malhaes describió una técnica para ocultar los cuerpos, que consistía en arrancar el arco dental de los presos, sacarles las yemas de los dedos y cortarles el vientre antes de meterlos en bolsas impermeables y tirarlos a un río en la región montañosa de Río de Janeiro. Los militares idearon esto para imposibilitar la localización e identificación de las víctimas.

Es importante recordar lo que dijo Calloni en oportunidad del asesinato de Eugenio Berríos. “La falta de justicia en el caso de la Operación Cóndor posibilita que persistan aún sus remanentes”. Berríos, ex hombre clave de la DINA, responsable de las armas químicas usadas pro Pinochet contra opositores e integrante de una importante red de narcotráfico, fue sacado de Chile a Uruguay en 1991 para que no declarara contra Pinochet y fue luego secuestrado por sus mismos protectores y posteriormente asesinado en Uruguay en 1992.

Malhaes, el primer militar brasileño que admite los crímenes ha sido acallado. Se ha enviado un mensaje.Nunca manifestó arrepentimiento.
Berríos fue eliminado cuando se lo requirió en tribunales, por la estructura que lo sacó de CHile para evitar que hablara.
Otro militar brasileño implicado también habría sido silenciado, el coronel Molina Díaz.Para la hija de Paiva, no es casualidad que también haya sido asesinado en un supuesto asalto el coronel Julio Miguel Molina Días, también implicado en el secuestro y muerte de su padre, cuando recién comenzaba a funcionar la Comisión de la Verdad. Tantos casos más habrá que no trascienden aún..!

Es imprescindible la actuación judicial penal. Invocando el principio de justicia universal si es necesario.La colaboración de los servicios de las dictaduras militares chilenas, argentinas, uruguayas, paraguayas, brasileñas y bolivianas potenció el horror y el exterminio ayer. NO desaparecieron redes capaces de seguir operando c0n medios y fondos para asegurar la persistencia del silencio, y de los interrogantes sin respuesta. Lo que quedó en pie del pacto criminal juega en las sombras y es favorecido si sus agentes están en libertad y sin condena. ¿La coordinación criminal ¿realmente se ha desactivado?

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