jueves, 3 de octubre de 2013

Otra vez

El fallo de la Corte de La Haya por el conflicto suscitado entre los países hermanos, había dejado en claro que la planta podía producir un millón de toneladas anuales y además, que se realizarían monitoreos y controles respecto al impacto ambiental, cuyos resultados se informarían a la población. UPM Botnia no solamente no permite el debido acceso al gobierno uruguayo para el control, sino que extorsiona y obtiene la autorización para el aumento de su producción que viola la soberanía ambiental y daña la relación entre los dos países.
Mujica ha ignorado lo dispuesto por el tribunal internacional y ha decidio “dolorosamente” permitir que UMP Botnia lesione aún más el ambiente que compartimos argentinxs y uruguayxs, autorizando un aumento de la producción a 1.200.000 toneladas.
Nuestro gobierno denunciará la decisión en La Haya. Al conocerse la decisión del gobierno uruguayo el Canciller Héctor Timmerman y el Gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri salieron a responder con firmeza, y finalmente trascendieron los datos de los muestreos. Datos retaceados y gravísimos. En conferencia de prensa Argentina anunció la decisión de ir otra vez al tribunal internacional.
Quienes admiran en el Presidente Mujica el personaje sencillo y campechano y enarbolan el ejemplo para criticar a la Presidenta o a la dirigencia local, ¿se preguntan por el desempeño de las funciones en momentos claves, cuando hay que defender la soberanía económica, política, los intereses de sus pueblos? Pareciera que para el país hermano UPM Botnia es intocable y la dirigencia actúa dentro de las reglas impuestas por ella. La clase política uruguaya en su conjunto, salvo raras excepciones, avaló la impunidad de represores y apartó de su cargo a quienes se habían tomado en serio la legislación en lo referente a los derechos humanos, como la Jueza Mota, que de llevar más de 50 causas por delitos de lesa humanidad, fue trasladada a un juzgado civil inofensivo.
Para pensarlo¿no?
En el informe del canciller argentino, se difundieron por primera vez datos concretos sobre la contaminación generada por la pastera:
- Alta temperatura de los efluentes. UPM los vuelca a 32 grados cuando no deberían superar los 20.
- Fósforo en el agua. La pastera vuelca al río cantidades de fósforo 36 veces por encima que lo que establece la legislación uruguaya.
- Contaminación. En los efluentes y pluviales se encontró endosulfán, un pesticida de uso prohibido.
- Cromo. Se lo ha encontrado en cantidades que superan un 400 por ciento el máximo establecido.

Estos datos surgen de los muestreos tomados en el monitoreo de Botnia, cuya vigilancia está a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por uruguayos y argentinos.
Aunque el compromiso era hacer públicos los resultados apenas se fueran obteniendo, pero en dos años y nueve meses de monitoreo la CARU nunca llegó a hacerlo porque, según la explicación oficial, los técnicos argentinos y uruguayos nunca se ponían de acuerdo para redactar un informe conjunto, tal como prescribe el fallo de La Haya.
EL gobierno argentino, al considerar que el acuerdo había sido ignorado por Uruguay cuando decide unilateralmente autorizar a UPM- Botnia a aumentar su producción, dio a conocer los datos que constituirán parte de la demanda que se elevará a la Corte de La Haya.
“La empresa aumentó el ritmo de producción para concluir el máximo anual permitido en el mes de agosto en vez del mes de octubre, como lo venía realizando desde la inauguración de la planta, dejando a miles de obreros sin trabajo y forzando así una decisión no permitida por los acuerdos entre los países y el fallo del tribunal internacional, lo que constituiría un accionar extorsivo al que algunos parecen haberse sometido”, dijo Timerman.
La transnacional tiene un poder impensado sobre el Estado uruguayo, afirma Lara Vales hoy en Página/12. No puede entrar a controlar la planta sin su consentimiento. La decisión de Mugica, ha sido acompañada por la mayoría del arco político oriental salvo por el fiscal Enrique Viana, que advirtió que el Estado uruguayo “está condicionado a la voluntad de Botnia” y describió la situación como “un regreso al feudalismo”. Viana aseguró que la decisión de UPM-Botnia “se veía venir” y que el Estado uruguayo está “atado de pies y manos” por la firma del tratado de inversión con Finlandia. “Una vez que se firman tratados de inversión, las cesiones de soberanía, de la voluntad propia como Estado, son tan grandes que es imposible detener las pretensiones de esas corporaciones”, señaló el fiscal a Página/12, quien advirtió sobre la posibilidad de que además exista un convenio hasta ahora desconocido con la empresa. Cuando se le pregunta si es realmente significativo para Uruguay el aporte de una empresa como Botnia, Viana responde: “En realidad, ese argumento de que le debe casi 2 puntos del PBI a la instalación de Botnia se cae en la medida que la empresa está instalada en una zona franca. Entonces por la salida de la celulosa no es que puede medirse. En todo caso podrá medirse por el ingreso de la madera. En cuanto a las fuentes de trabajo, aumentaron en determinados rubros como transporte y actividades portuarias, pero en cuanto al número de trabajadores es un número muy reducido. Son 250 individuos donde sólo 55 son de la ciudad de Fray Bentos. Yo viví toda mi niñez en Fray Bentos, sigue siendo la misma ciudad pobre de hace 40 años en la que yo viví. Si no le dicen que Botnia está a tres kilómetros uno ni se da cuenta que está”.