domingo, 23 de septiembre de 2012

Trata de personas: Sintonía fina para la legislación vigente II

El 1ro.de septiembre de 2011, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad y giró a Diputados para su sanción definitiva, una modificación de la ley de trata vigente. El texto fue consensuado a partir de iniciativas de lxs senadorxs Beatriz Rojkés de Alperovich y Sergio Mansilla; Adriana Bortolozzi; Liliana Negre de Alonso; Roy Nikish; y Juan Carlos Romero. Además, se recibieron aportes de organizaciones que trabajan en la temática y del Ministerio de Justicia, Justicia y DDHH de la Nación.

La modificación aprobada y girada a Diputados cambia la tipificación del delito de trata de personas y apunta a crear organismos y a volcar recursos para la asistencia y la reparación del daño a las víctimas de este delito.La senadora salteña Sonia Escudero, miembro informante de la Comisión de Justicia sostuvo en aquel momento que la ley actualmente vigente, “deja espacio para que algunos jueces interpreten que si la víctima es mayor de 18 de años, y prestó su consentimiento, no hay delito, generando una situación de gran impunidad, como si alguien pudiera prestar consentimiento para ser sometida a explotación”. Por eso la norma aprobada establece que “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.”


Con esta modificación se crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas dentro de la Jefatura de Gabinete, para diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas. Además, un Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, integrado por representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo, tendrá a su cargo la ejecución de un Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Se crea también, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre el Delito de Trata y Explotación de Personas, a través del número telefónico 145 en todo el país.

El proxenetismo es castigado con prisión de cuatro a seis años cuando se explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, y también a quien “promueva o facilite la prostitución de una persona”. El proxenetismo queda alcanzado por la norma y su castigo no depende del empleo de engaño o violencia sobre la víctima, ni tiene relevancia su consentimiento. Se trata de explotación y merece ser castigado.

Se contemplan agravantes: cuando, se emplee violencia, amenazas o cualquier otro medio de intimidación o coerción para someter a la víctima; también cuando el autor fuera familiar, cónyuge, autoridad o ministro de cualquier culto, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima; cuando sea funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad. Las penas serán de cumplimiento efectivo. Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años la pena será de diez a quince años de prisión.

Otra modificación importantísima obliga al Estado Nacional a brindar gratuitamente, asistencia médica y psicológica, así como capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo, y a colaborar en la incorporación de la víctima en el sistema educativo. Se garantiza el derecho a la asistencia jurídica y al patrocinio integral y gratuito.

A más de un año desde esta media sanción, recién hace unos días en Diputados se retomó la discusión de estas modificaciones en la Comisión de Legislación Penal que preside el Diputado Oscar Albrieu. A pesar de que el Senado solicitó dar prioridad en la agenda, se pospuso la sanción;recientemente se convocó a una ronda de consultas con expertos. "Como la comisión tiene una nueva conformación decidimos reiniciar el debate. Pero el compromiso es que eso no conspire con la celeridad. Existe una clara voluntad para sancionar esta ley", sostiene el kirchnerista Albrieu.

Existe consenso sobre cuáles son los principales ítems a modificar de la norma original, sancionada en 2008: el aumento de las penas y la negativa a que el consentimiento de las víctimas mayores de edad pueda exculpar a los proxenetas. Un informe de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase),a cargo de Marcelo Colombo, sostiene que este punto generó un vacío legal y una mutación de las redes de trata, que hoy les permite evadir a la justicia.

Otros temas, como la penalización del cliente de trata o el cierre de prostíbulos, que no fueron considerados en la propuesta del Senado, serían incorporados ahora por otrxs diputados, pero la dificultad reside en que se postergue más tiempo la sanción de lo que ya se aprobó. Con la eliminación del consentimiento ya se faciltan las investigaciones en opinión de especialistas como Fabiana Túñez de La Casa del Encuentro.

Entre las variadas opiniones de expertxs y organizaciones convocadas por los legisladores, Marta Fontela de ATEM y abogada de AMMAR Capital, considera que la media sanción del Senado es “un avance” y que sería muy bueno sancionarla tal como está. “Sabemos que una ley es el producto de una lucha de fuerzas entre distintos actores sociales y hoy esa media sanción es una herramienta muy importante”. No solamente eso, evaluó positiva la reforma del Senado por incluir a la esclavitud como un delito y la incorporación para las víctimas derechos sociales, humanos y culturales.

Andrea Romero, titular de la Fundación María de los Ángeles, sostuvo que es preferible que el proyecto que ya tiene media sanción sea sancionado tal como está antes que se demore un año medio más.

Sofía Caraberos, abogada de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), sostiene que si bien la reforma que plantea la media sanción del Senado es buena, no es suficiente; criticó la definición que ese texto propone de “explotación sexual”, ya que sólo hace a un aspecto económico y no cubre todo los flancos de la problemática. “Proponemos hablar de ‘dominio’ porque implica otras dimensiones y hace referencia al poder que tiene el explotador y se deja de lado al cuestión estrictamente monetaria”.

En el mismo sentido que el proyecto de modificación presentado por la Diputada María del Carmen Bianchi este año, y al cual se dedicó este blog hace dos días, Caraberos señala que en el texto se registra una superposición de acciones: se incluye en la definición de explotación tanto la ‘promoción’ como la ‘facilitación’ y éstas no hacen a la explotación en sí misma, sino a una etapa previa.

Quienes militamos por la erradicación definitiva de la trata y la concientización de los mecanismos que la permiten, es decir, una cultura patriarcal que sigue invisibilizando la desigualdad de géneros, que no señala al cliente como prostituyente, que naturaliza el tratamiento de las mujeres como objeto, que desconoce a niñxs y adolescentes como sujetos de derecho, que mantiene ocultos los lazos entre estos negocios y los poderes políticos, agentes judiciales, institucionales, reclamamos avances concretos.
Si las modificaciones que deben hacerse a los textos legales implican que los tiempos parlamentarios neutralicen las iniciativas progresistas y pasemos otro año más con el obstáculo de la figura del consentimiento, estamos desandando un camino que Susana Trimarco inició hace diez años.

Siete chicas fueron rescatadas en Santa Fé en el día de ayer. La ministra de seguridad Nilda Garré describió los procedimientos como “ una tarea multiagencial que debe tener en cuenta la complejidad de este tipo de delitos". En esa complejidad, agregamos nosotrxs, está el lidiar con las conexiones interprovinciales que facilitan los traslados de las víctimas, la corrupción de funcionarixs de migraciones, los avisos que dan juzgados a los tratantes de los allanamientos para que puedan eludir a la justicia…
No sigamos padeciendo la desaparición de las chicas al amparo de la hipocresía social, la complicidad con las mafias, o enrevesadas negociaciones de nuestrxs representantes.