Lo pendiente

Hace tiempo que no escribo. Poner el cuerpo y las energías en la militancia en el contexto de las elecciones en Ciudad de Buenos Aires y en las primarias, el trabajo en la construcción de uno de los tantos espacios de participación política que están floreciendo, dejaba pendiente la escritura. Se ha hablado demasiado de la militancia virtual que ha sido y es central en la puja de los discursos, que se complementa con el cara a cara de una campaña que hemos desarrollado con la alegría de nuestras convicciones. Trabajo colectivo para el triunfo de Cristina, que es la posibilidad de seguir trabajando por las justicias que deseamos concretar.
Tenía pendiente escribir sobre lo que se ha desarrollado acciones importantes en relación a la visibilidad del reclamo permanente del movimiento de mujeres por la efectivización de nuestros derechos sexuales y reproductivos y por el cese de la violencia de género.
El femicidio de las turistas francesas con su repercusión mediática e impacto internacional ha generado análisis importantes - como la nota de Roxana Sandá en Las 12 del 5 de agosto- que dan cuenta de que este hecho se enmarca en varias cegueras y desplazamientos de sentido.
En nuestro país la cifra de femicidios aumenta y no cede : 151 asesinatos entre el 1ro. de enero y el 30 de junio llevamos -registrados- en el primer semestre de 2011; en 2010 fueron 126 y en 2009, 90 casos, según el último informe del Observatorio de Feminicidios de Argentina elaborado a partir de las publicaciones periodísticas. Estos asesinatos de mujeres y de niñas se siguen tratando mayoritariamente como casos policiales recortados de la cultura sexista que avala esa violencia y que invita a matar para mostrar el castigo que espera a quienes desafíen las conductas y los roles asignados.

La "Marcha de las Putas" realizada en Buenos Aires y Mar del Plata el 19 de agosto con su lema "NO ES NO" toma la estigmatización del término "PUTA" con la que se denomina a las víctimas(poniendo en ellas la causa de la violencia que se les ejerce, que habita los mecanismos de intervención estatales de denuncia -interrogatorios policiales, trato de lxs profesionales de la salud, sean médicxs o peritxs- y de lxs policías, cronistas, analistas y funcionarixs), para desnaturalizar el insulto con el cual se acusa a la mujer que difiere del ideal supuestamente "respetable". Tildarla así habilita, disculpa, justifica la violencia sobre ella. Por eso, utilizar "PUTA" y decir, "Si una lo es, todas lo somos" es hacernos cargo de que esa amenaza que sufrimos en tanto mujeres destinadas a disciplinarnos en un comportamiento que no elegimos, nos atañe y concierne a todas.

La libertad que como seres humanos no está dada sino que debe ser perseguida, conquistada, buscada, es imposible si convivimos con el acoso, la falta de oportunidades, la imposibilidad de elegir con quiénes queremos acostarnos, si deseamos tener hijxs y cuántxs, si no tenemos acceso a ser atendidas con un trato digno en los consultorios o en las oficinas.

Desde el gobierno de Néstor Kirchner en adelante contamos con legislaciónes de avanzada. La que tipifica la violencia de género es la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar toda la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Además del Programa del Consejo Nacional de las Mujeres de difusión - itinerante, con capacitación en distintos espacios sindicales, sociales, oficinas estatales, etc.- se han habilitado Programas dependientes del Ministerio del Interior y actualmente del de Justicia, Seguridad y DDHH. En el Congreso, legisladorxs de distintos bloques trabajaron por la sanción de lo que son instrumentos a los que apelar mientras se combate, por el flanco quizás más duro, la ideología que alimenta esa violencia.
La ley 26.485 es de orden público y su aplicación en todo el territorio nacional no requiere adhesión de las Provincias ni de la Ciudad de Buenos Aires, previene y sanciona las conductas que de manera directa o indirecta tanto en el ámbito público como en el privado, basadas en una relación desigual de poder, afecten la vida la libertad o la seguridad personal de las mujeres.
Inseparable de esta problemática es la vulneración del derecho a la salud para nosotras. El caso de la adolescente de Misiones, embarazada por una violación, en el cual los directivos del hospital le dijeron a su madre que la práctica permitida por la ley "ponía en peligro la vida de mi hija, que con mi marido debíamos hacernos responsables si ocurría algo imprevisto durante la intervención" haciéndola desistir del pedido, constituye otra flagrante violación. De los derechos a la accesibilidad a la salud para poder tomar las decisiones con libertad y responsabilidad, justamente, independientemente de quién se trate. Otra era la situación de la Defensora Civil y Comercial -Patricia Esperanza-, quien desde su posición de poder transmite el miedo infundado aprovechándose de la desventaja crucial de la madre de la chica. Le aseguró que los médicos alegaban que "la niña podía quedar estéril o sufrir un daño permanente por el aborto”, tras lo cual la mujer abandonó el pedido de aborto no punible.Cuando se conoció el caso, la vicegobernadora Sandra Giménez se opuso al aborto públicamente.Una primera dilación fue pedir la autorización judicial, que no es necesaria en estos casos y que también se reconoce en la sentencia de la Jueza de Familia Nro. 2, precisamente por tratarse un aborto no punible. La chica violada por su tío, sufre la revictimización por parte de una violencia médica, judicial, política, y además, como sujeta de derecho - existiendo una Ley de Protección Integral (2005) que contempla su derecho a una sexualidad sin violencia, a ser escuchada, a decidir- es tratada como objeto de tutela. Ella dijo claramente que no quería tener ese bebé, producto de la violación perpetrada por un familiar (ay,la familia de la que tanto se declama desde el púlpito fundamentalista!)...
La vulnerabilidad social y el temor, la desventaja de desconocer los derechos, compone una situación de debilidad en la relación que debe establecerse con los poderes médicos. Frente a la influencia de la Iglesia Católica, a la lentitud de resolución que en estas situaciones es determinante, las realidades de los casos singulares -hay que remarcarlo - rara vez son alcanzadas por todo lo que las legislaciones preveen.

Derechos, programas, presupuestos para efectivizar la asistencia, prevención o reparación, mientras la Justicia obstaculiza la implementación de prestaciones como ligadura de trompas o vasectomía, o la atención del aborto no punible, quedan al descubierto en su grandilocuente impotencia. Mientras la corporación médica -a pesar de prestar servicio en hospitales públicos- se niega a atender a las mujeres amparándose en la objeción de conciencia, el tejido de resistencias de instituciones educativas impiden la educación sexual. Otro factor es la ambigüedad de funcionarixs provinciales que neutralizan y traban lo enviado desde Nación.Todo esto debe atenderse y trabajarse con más fuerza y creatividad concretando en hechos la decisión política. Puede hacerse, debe hacerse, estamos reclamando.


Una línea de atención telefónica del Ministerio de Salud ha cumplido un año en mayo y está Coordinado por Dolores Fenoy. Este servicio permite articular operativos de intervención cuando en casos de aborto no punible, la Anticoncepción Hormonal de Emergencia, (AHE), la preservación de la intimidad, la no discriminación y la atención, o el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos sean inflingidos.Sorteando los laberintos burocráticos, este programa de atención telefónica (0800 222 3444) responde a un enfoque de la atención y promoción de la salud. Es una trinchera.
Un ministerio puede enfocarse en la enfermedad o pensar la atención primaria de la salud. Política de Estado que concibe su trabajo articulando con el monitoreo de las ONGs, -esos actores que tuvieron que suplir en los 90 la retirada estatal de las funciones fundamentales-, y que pone el acento en la accesibilidad a la información. Una estrategia para el sorteo de trabas culturales lo ha llevado a ser discreto en la difusión de sus intervenciones en los casos de resistencia a la realización de los abortos no punibles. Las personas atendidas por estas líneas reciben la información para poder elegir de manera autónoma, y por otra parte, se establecen articulaciones con servicios alternativos para poder garantizar que la elección de la persona se concrete. Se hace muchísimo.
...Y falta muchísimo todavía. El Comité de DDHH de la ONU aplicó una sanción al Estado argentino por no garantizar el acceso al aborto no punible a L.M.R. en 2006. Existe una obligación pendiente en que no se abandone esa vida victimizada en nombre de un concepto abstracto invocado por el odio encubierto a la vida en libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, su proyecto y su placer.
La de Misiones es otra vida victimizada por la misma injusticia. Lo que se hace no alcanza, por eso nuestro aporte de demanda y de cuidado de lo que hemos logrado a partir de la movilización. Todas y todos somos imprescindibles en la inmensa tarea de desnaturalización de la injusticia de género, redoblando la apuesta. Yendo por más, porque frente a estas mujeres y niñas nos estamos comprometiendo, por nosotras, nuestras hermanas, nuestras hijas, por las que no vemos ni escuchamos. Las mujeres tenemos que pelear por los derechos a vivir la vida que deseemos y en ese camino, también cooperamos con la libertad de todos y todas, porque multiplicamos las opciones, cuestionamos imposiciones transmitidas acríticamente por la educación y los prejuicios.