martes, 8 de febrero de 2011

DELINCUENTES, EVASORES Y OKUPAS

Para las personas que aún ven TN, compran Clarín, se quejan de que el gobierno "regala" casas a quienes no trabajan mientras la gente honradaqueserompióelalmatodalavida trabajando y pagando impuestos, sin que el Estado les reconociera el esfuerzo... " cómo no indignarse cuando nos roban así?"

Siguiendo esta línea : aceptemos que una de las maneras en las que las políticas públicas que los gobiernos decidan puedan cumplimentarse es contando con recursos, y una de estas fuentes de recursos son los impuestos y los fondos derivados de los negocios en los que el Estado participa.

He aquí un caso flagrante. La sociedad Papel Prensa, recordemos, siempre fue una empresa mixta : constituida por capitales privados y el Estado. Había sido concebida en la década el 60 como un proyecto desarrollista, destinado a sustituir la importación del insumo clave para la prensa escrita.

La decisión de la Presidenta de la Nación y testimonios que datan de hace muchos años sobre el traspaso ilegal de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón mediante la comisión de delitos de lesa humanidad - y que dan cuenta de un pacto político con la Dictadura - conmovieron la opinión pública destapando una trama compleja de corrupción y extorsión alrededor de los verdaderos poderes en la Argentina. Poderes que no son el gobierno, condicionan y voltean gobiernos, y se enriquecen a costa del Estado si un gobierno lo permite. Y si el Estado pierde, no perdemos?

En un post anterior, difundimos el pormenorizado análisis de Beatriz Paglieri quien ocupa un cargo en el directorio en representación del Estado Nacional senalando la manera espúrea en la que Clarín y La Nación no solamente se hicieron con el manejo del abastecimiento del insumo fundamental para cualquier diario, sino que además celebraron un pacto secreto de sindicación por el cual perjudicaron a la misma empresa y al resto de los socios y accionistas. Entre los perjudicados, el Estado Nacional, es decir, todos/as nosotros/as.

En virtud de ese pacto secreto -en el que también intervino La Razón - Clarín y La Nación se comprometieron a votar de manera unánime lo que decidiera el comité directivo, dominado por ellos. Esto no fue informado al Estado ni a la Bolsa de Valores, requisito para cualquier empresa que cotice en la bolsa. Desde 1977 y hasta la entrada de Beatriz Paglieri y los directivos Gallo y Cerioli y la investigación que dió origen al informe "Papel Prensa, La Verdad", este pacto no había salido a la luz.

El informe de la Sindicatura General de la Nación - que Miradas al Sur dió a conocer en su edición del domingo pasado- detectó irregularidades tales como:enriquecimiento ilícito de miembros del comité ejecutivo, incumplimiento de los estatutos de la sociedad, y el alto riesgo organizacional para lal empresa derivadas de la falta de transparencia en la gestión de control. Y esto habilita al Estado a iniciar acciones judiciales contra Papel Prensa y las responsabilidades alcanzan a todos los directivos que cumplieron funciones en esos años, aún a Alberto Fernandez..!

El Comité Ejecutivo de Papel Prensa es el órgano que debe gestionar los negocios ordinarios de la empresa. Los miembros designados del directorio para cumplir esa tarea, dejaron de sesionar desde 1992, en el momento en que Magnetto dejó de integrar el organismo. De esta manera, el manejo de la empresa quedó en manos de los accionistas privados que se han vendido y se venden a sí mismos el papel de diario a un precio menor al de los costos de producción. Se incurrió así en deslealtad comercial en relación al resto de los diarios que deben pagarlo más caro o que jamás pudieron comprarlo.

La Secretaría de Comercio Interior dictaminó al año pasado un precio igualitario para el papel para la producción de diarios, pero Clarín y La Nación lo siguen comprando más barato porque reciben descuentos de la misma empresa que controlan con la excusa del volumen de compras y por pagar en efectivo.Se ha incurrido en una transferencia de ganancias hacia Clarín y La Nación y en un perjuicio contra el Estado Nacional, accionista de Papel Prensa.

La Comisión Fiscalizadora no pudo en todos estos años ejercer su función de control sobre el funcionamiento de la empresa debido a la falta de información básica, una obstrucción injustificable por parte del sector privado que conspira contra cualquier gestión razonable de una empresa.

En síntesis, la política empresarial ha sido ruinosa para la empresa Papel Prensa pero un negocio
extraordinario para los accionistas privados. Incumpliendo la Ley de Sociedades Comerciales por las incompatibilidades e inhabilidades de los miembros del comité de vigilancia y la Comisión Fiscalizadora, obstruyendo acceso a la información necesaria para el funcionamiento de ésta, violando la ley que obliga al control, ejecutando la desproporcionada política de remuneraciones de salarios gerenciales - que oscilan entre los 44.000 a los 135.000 pesos- para "inflar" gastos de estructura.

Delincuentes que nos roban: vaciamiento, asociación ilícita y perjuicio fiscal al Estado.


OKUPAS

El inmueble de Cochabamba 1185 donde están los estudios de Canal 13 y TN pertenece al Estado Nacional pero éste no percibe un peso de alquiler desde que ARTEAR recibió en comodato el terreno con opción de compra a los cinco años en 1989, cuando el grupo se quedó con el canal. Los estudios están ubicados en terrenos del Estado Nacional : fueron cedidos por el municipio en la época de la construcción de la Autopista 25 de Mayo cuando viviendas particulares y edificios estatales fueron expropiados.
El inmueble en cuestión debió ser escriturado como cualquier otro. Nunca se hizo.

Cóoomo? Efectivamente, en 1994, ARTEAR pidió cotización del precio del predio porque el comodato con opción de compra, otro beneficio de la privatización, estaba a punto de vencer. El precio no fue aceptado, se impugnó la tasación oficial y de esta manera, yendo y viniendo, Canal 13 y TN continuaron usufructuando el inmueble gratuitamente.

El terreno limpio, sin contar lo construído, ronda los 30 pesos por metro cuadrado en la actualidad.Desde 1994, serían más de $12.000.000 de pesos los que el Estado Nacional ha dejado de percibir si hubiese sido alquilado a la empresa, y nada más que por el terreno. El rol de entorpecer la efectiva compra por parte del grupo está a cargo del macrismo, que tiene demorado el trámite de escrituración necesario para cualquier operación de traspaso a un particular una vez que desde el Estado Nacional se decidió hacer justicia con tanta prebenda a los monopolios.

Imaginamos que en continuidad con las políticas menemistas que permitieron que el terreno pudiera seguir siendo utilizado por ARTEAR gratuitamente hasta ahora, al Jefe de Gobierno que ha declarado que "no le interesa la Ciudad porque no puede hacer nada", tampoco le interesa acelerar el trámite de escrituración que la Ciudad debe cumplimentar y que posibilite al fin la compra del terreno, -valuado en 2009 en $14.740.000-,tal como lo informa la edición de Tiempo Argentino de ayer.

Recordemos que en enero de 2009 el Jefe de Gobierno porteño vetó una ley aprobada por la Legislatura que prohibía los desalojos de personas que ocuparan edificios de propiedad pública. El precandidato a sucederlo por el PRO, Rodríguez Larreta, afirmó que se evalúa caso por caso, y sostuvo además que "despacito, despacito, se van haciendo desalojos". Por otra parte, de haberse promulgado la ley, hubiera dado un plazo de 90 días para diseñar un plan que atendiera el problema habitacional en la Ciudad.

La patota macrista se encargó desde 2008 de desalojar violentamente, a través de golpes, amenazas y toda clase de violencias, a las personas que intrusaban espacios públicos: desocupados/as, cartoneros/as, familias enteras...una fuerza de choque que causó tanto revuelo que hasta la prensa adicta al PRO terminó expresando preocupación por el accionar de los llamados "tiburones"... Videos contundentes y denuncias judiciales acabaron con la patota al menos tal como la conocimos en épocas del ministro de espacio público Piccardo.

El 25 de febrero próximo Macri deberá prestar declaración ante la Justicia Federal porteña en el marco de la causa en la que se investigan los delitos cometidos por la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público)entre otros, malos tratos, amenazas a indigentes coacción agravada y lesiones. Pero ante el reclamo efectuado por la Nación al desalojador de pobres Mauricio Macri intimándolo a acelerar el trámite burocrático que concierne al Grupo Clarín, la respuesta consistió en una nota que declaró que el Jefe de Gobierno "se tomaría su tiempo".