miércoles, 29 de abril de 2015

Repudio a las amenazas denunciadas por el Juez Rozanski y personal del TOF 1 de La Plata

Ante las amenazas e intimidaciones sufridas, el Juez Carlos Rozanski -que presidió el tribunal que sentenció a cadena perpetua a Miguel Echecolatz, ex director de Investigaciones de la policía provincial durante la dictadura-, ha realizado una segunda denuncia por amenazas ante la Corte Suprema de Justicia.
A principios de abril el Dr. Rozanski,quien ha sustanciado juicios emblemáticos contra los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado y tiene a su cargo los juicios del Circuito Camps, había denunciado en el Juzgado Federal N°1 ataques y amenazas que comenzaron unos días después de conocerse los fundamentos de la sentencia del juicio por CCD La Cacha. Se calcula que 200 personas estuvieron cautivas allí y que solamente un tercio sobrevivió. Dicha sentencia incluyó condenas de 13 y 12 años de cárcel para tres civiles y un marino que participaron de la cotidianidad de ese CCD que funcionó entre 1976 y 1978 en la localidad de Olmos. También se absolvió a un militar. Entre los condenados figuran Jaime Smart, ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, y también Miguel Etchecolatz. Al conocerse la denuncia efectuadaen enero pasado por Rozanski, éste dijo a Tiempo Argentino:"Fueron amenazas con mucha perversión (que evidencian) una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios", refiriéndose a correos, llamados telefónicos, mensajes de voz que afectaron a sus colaboradorxs como al magistrado.

Es importante recordar que en ocasión de la lectura de aquella sentencia Etchecolatz quiso dirigirse hacia el Tribunal –aunque no se lo permitieron- para entregarle un trozo de papel que había apretado junto a su rodilla; un fotógrafo de Infojus Noticias captó con su lente el papel donde estaba escrito: Jorge Julio López.

El pasado martes 28 de abril el Dr. Rozanski efectivizó la denuncia por intimidaciones ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la misma solicita "que disponga una serie de medidas para desarticular a la banda terrorista que sigue operando desde el instituto penitenciario de máxima seguridad de Marcos Paz, trasladando a los condenados e imponiendo rotaciones del personal penitenciario, e incautando los medios informáticos de que se valen para producir y disponer las amenazas e intimidaciones".

En la madrugada del domingo 26, un testigo protegido que debe declarar en un expediente derivado de la megacausa Circuito Camps, sufrió un ataque a su vivienda en la periferia de La Plata. El policía de custodia repelió el ataque pero sufrió un simulacro de fusilamiento y resultó herido en un brazo. Hasta ese momento, la protección del testigo estaba a cargo del Juzgado Federal Nro. 3 y a partir de este episocio, el Programa de Verdad y Justicia del Ministerio de la Nación ha tomado intervención en el asunto.

Guido Carlotto, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, acusó a "nostálgicos residuales de la dictadura" del hecho y exigió a las autoridades competentes "el mayor compromiso para el esclarecimiento" del mismo. Sostuvo que "estas acciones extemporáneas no hacen más que fortalecer el compromiso colectivo con la política de Memoria, Verdad y Justicia" y se solidarizó con Rozanski.

La CTA dió a conocer ayer un comunicado donde repudió enérgicamente estas intimidaciones. Destacando el compromiso y la responsabilidad del magistrado, rechazaron las amenazas que "tanto el Juez, como el personal del Tribunal, están sufriendo desde hace unos meses" en una estrecha vinculación con aquellas amenazas en las épocas del juicio a Echecolatz. Expresaron además: "Con la misma saña que en la dictadura, amenazan también la vida de niños, intentando frenar a través del terror la actividad que debe seguir realizando el Tribunal, en el marco de los Juicios por Memoria, Verdad y Justicia. Nos solidarizamos con el Juez Rozanski y el personal del Tribunal Federal Oral Criminal N° 1, y esperamos la pronta intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se esclarezca y se frene la acción intimidatoria que siguen generado quienes sostuvieron en nuestro país la nefasta trama de terror y exterminio."

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina (RIPVGAR) también se sumó al repudio en estos términos: "Como periodistas hemos seguido y difundido con admiración y orgullo cada una de las noticias producidas en ese Tribunal desde la lectura del fallo del juicio al represor Miguel Etchecolatz .Sin embargo, desde entonces el Juez y su personal, reciben amenazas que se intensificaron con la lectura de los fundamentos del fallo en el juicio de “La Cacha”, se condenaron a 15 represores de la dictadura militar." Además, en el comunicado firmado por Silvana Molina y Liliana Hendel, coordinadoras de Argentina, se subraya que "es imprescindible expresar nuestra solidaridad con el Juez Rozanski, su equipo de trabajo y con su familia. Los gestos de amedrentamiento como éste, como intento disciplinador, deben ser difundidos por todos los medios como clara muestra de que no silenciaran al Juez ni al periodismo comprometido con los Derechos Humanos de todas las personas."

En medio de tanta manipulación y bastardeo de la justicia motivadas por intereses desestabilizadores y golpistas; en medio de las campañas mediáticas y los ejercicios parcializados de la memoria; en medio de un proceso trascendente en la historia mundial que han llevado adelante personas comprometidas con una causa de la humanidad para no olvidar las más atroces ofensas a la dignidad de la misma y asegurar un futuro donde estos horrores no se repitan, creo que puedo hablar en plural para decir:
No nos olvidamos de la desaparición de Julio López, testigo clave para la condena a Echecolatz.
Tampoco de la sospechosa muerte de Silvia Suppo.
Destacamos el coraje y la responsabilidad de jueces como Carlos Rozanski que honran el cargo que ostentan y mantienen la confianza en muchos hombres y mujeres de un Poder Judicial que está siendo cuestionado como nunca antes por la sociedad argentina.
Exigimos la urgente intervención de la Corte Suprema de Justicia y la optimización de los mecanismos de protección de testigos en las causas por crímenes de lesa humanidad.
Que los privilegios de los que gozan los condenados y procesados por estos crímnenes aberrantes dejen de ser tolerados y habilitados por las complicidades civiles e institucionales.

Memoria, Verdad y Justicia