miércoles, 26 de junio de 2013

Incomodidades y compromisos

Un compañero de Gualeguaychú comenta en su página de Facebook las implicancias éticas de los “Sí, pero…” que con recurrencia aparecen en las discusiones políticas. Señala que los peros nos liberan del compromiso.Del ataque a la acción de un gobierno que se repudia en nombre de lo insuficiente de lo realizado o invocando abstracciones como “la corrupción”, que se aplica con distinta vara según de quién se trate, indudablemente la salida cómoda por un atajo retórico exime de dar precisiones y de arremangarse para pensar.
Retomando lo dicho por Carlos en alusión a que la clase política no viene de Marte sino que es expresión de nuestros claroscuros como sociedad, agrego que ni la clase política como tampoco el Estado es más “cuco” que los poderes fácticos, corporaciones económicas, instituciones como la iglesia católica o la presunta prensa independiente. Estas, a diferencia de lo estatal, permanecen invisibilizadas en su capacidad de influencia solapada. Hasta que se producen procesos transformadores que desnaturalizan y ponen en cuestión lo recibido que lejos de ser inevitable, puede tener otro destino. Lo recibido, o "lo dado" es el escenario - doloroso para algunxs, cómodo para otrxs, complejo siempre, revestido con todo tipo de estrategias para aparentar inmovilidad, inevitabilidad, para que no sea alterado-, de las acciones colectivas posibles. Y tiene una historia que puede arrojar pistas claves para pensar nuestro accionar.

La clase política parece ser buena cuando sigue la corriente al statu quo. Es decir, por ejemplo, cuando no se desvía de la conformidad hipócrita de quienes se lamentan por la pobreza – que han naturalizado- sin indagar de dónde proviene, qué fuentes de trabajo fueron destruidas tronchando proyectos de vida de generaciones de argentinos, dejando pueblos enteros secándose. Sería oportuno traer de la historia de la desindustrialización iniciada en la dictadura cívico militar y continuada hasta el 2001, causas para pensar en qué sentido se pueden implementar soluciones reales en un mundo, además, globalizado. Esto iluminaría la discusión acerca del origen de las villas tan demonizadas, el paisaje casi normal de lxs cartonerxs, - un drama que para algunxs analistas y políticxs es estético, por cierto- ,la instalación del paco, la deserción escolar en paralelo con el intento de destrucción de la educación pública, las prácticas clientelares (que siempre existieron desde los albores de nuestra república, y si no, propongo hojear el Martín Fierro, o pensar en refranes como el "hacete amigo del juez").

Haría a la honestidad intelectual de una saludable discusión, indagar en la historia de esa costumbre de funcionarios de gobierno de ser coimeados por empresarios nacionales y transnacionales.
Viene a la memoria Lisandro de la Torre denunciando los negociados de la clase política conservadora en la década del 30, la década infame, insultado por un ministro de apellido Pinedo, abuelo del actual diputado nacional del PRO. El asunto, sabemos, culminó con un atentado en el Senado que costó la vida de Enzo Bordabehere. Y qué decir del tratado Roca- Runciman (Julio hijo) y el anhelo expresado por ese entonces de que nuestro país fuese “una perla más de la corona británica”…. Ah! ¿será por estas cosas que no se traen a la discusión que Mauricio Macri y su equipo propone en la ciudad de Buenos Aires, eliminar la enseñanza de la historia en los años donde precisamente se abordan estos tramos centrales de lo ocurrido en el país? Porqué no hablamos de la procedencia de los ministros de economía que migraron desde empresas al Estado argentino para endeudarnos, desmantelar la industria nacional, favorecer a sus socios privados, otorgarles negocios millonarios y estatizar luego su deuda para hacérsela pagar con creces a las siguientes generaciones y administraciones. ¿Porqué no analizar la etapa Martínez de Hoz, el ejemplo paradigmático que además, contribuyó a instalar con una fuerza tenaz la pasión por el dólar, la especulación de la plata dulce y el miedo? Las empresas ensayaron en sus instalaciones y con su logística, el plan de exterminio. Gracias a la demora judicial, recién ahora se juzga la complicidad y participación de personajes como Pedro Blaquier. Ahora bien: eso contradice versiones hegemónicas del pasado reciente; indagar el origen de ciertas fortunas, meter en la historia argentina y de la América del Sur las luchas populares parece ser tan subversivo como señalar al Poder Judicial como bastión antimayorías, mientras éste no hace otra cosa que escudarse en una prescindencia de ideologías que desmiente fallo a fallo.

El hilo de la corrupción tan mentada hablando de casos concretos.
En medio de muchas noticias candentes, el 18 de junio pasado María Julia Alsogaray, emblemática figura del menemismo, fue condenada a cuatro años de prisión. Por corrupción: fue encontrada por el Tribunal Oral Federal Nro. 6 culpable de "peculado y defraudación en perjuicio de la administración pública", perpetrado mediante la contratación irregular de pasantes de la Universidad Pública de Lomas de Zamora para trabajar en la Secretaría de Recursos Naturales con un convenio que implicaba 8 millones de pesos. Anteriormente, había sido condenada a tres años por enriquecimiento ilícito y otra causa por una contratación irregular prescribió porque pasó demasiado tiempo sin que pudieran decidir si era culpable o inocente en la contratación directa de una campaña para el Plan Nacional del Manejo del Fuego. Es interesante recordar que los jueces del Tribunal Oral Federal N° 6 Patricia Mallo y Eduardo Fernández sentenciaron que el caso prescribió porque desde la citación a juicio hasta ayer pasaron más de seis años, que es la pena máxima para el delito en cuestión, el de negociaciones incompatibles con la función pública. Un tercer juez, José Martínez Sobrino, en disidencia, entendió que el caso no estaba prescripto. El camino sinuoso de este procedimiento es sorprendente: el TOF N° 6 citó a juicio por el caso, teniendo la causa desde dos años antes. En ese lapso fijaron fecha de juicio siete veces porque Alsogaray se opuso en cada una de ellas y presentó recursos que hicieron que esta causa llegara dos veces hasta la Corte. Finalmente fijaron la fecha del 13 de marzo de 2013, cuando el caso estaba a punto de prescribir, pues habían pasado seis años desde la citación a juicio y ésa es la pena máxima para el delito por el que se juzgó a la acusada. El proceso comenzó a sufrir demoras. Alsogaray dijo que sufría de una enfermedad pulmonar. El 5 de abril fue internada y el lunes siguiente el proceso siguió en el living de su casa, adonde se trasladó el tribunal. Allí alegó el fiscal; ese día el caso prescribía. Los jueces no llegaron a terminar y continuaron las audiencias en tribunales cuando el caso ya estaba prescripto.
Cabe mencionar que mientras fue interventora de ENTEL, la empresa telefónica estatal finalmente rematada en diez veces menos de su valor real, la hija de Álvaro Alsogaray endeudó la empresa en 1200 millones de dólares;y además, reconoció ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones el 21 de diciembre de 1989 que la estaba “vaciando”, “y que si no fuera que lo estamos haciendo en este marco, tendríamos que ir todos presos”.(Citado en “Teléfonos. De la política nacional al saqueo privatista”, Donikian Luis, Arri, Raúl, Di Leo Vito y Varone Roberto, Ed. Agrupación Telefónica Eva Perón, p.137)

El actual senador y ex presidente Carlos Saúl Menem ha logrado convertirse en el primer ex mandatario argentino democráticamente elegido en ser condenado por la justicia por contrabando de armas. Resta el desafuero para que cumpla la sentencia de siete años de prisión efectiva. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 lo responsabilizó como coautor del delito de contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia. Menem y los otros 17 acusados en el proceso habían sido absueltos en 2011 por el TOPE 3, que –por mayoría– entendió que la venta de armas no consistió en "acto de contrabando", sino que fue una "decisión de política exterior y un acto político no judiciable". Pero el 8 de marzo pasado la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión, y ordenó a los mismos jueces imponer las penas que, de lograrse el desafuero del senador de 82 años consistiría en prisión domiciliaria. Además de la prisión efectiva, el riojano está inhabilitado para ocupar cargos públicos por 18 años de manera absoluta.
Es conmovedora la consideración de lxs efectores de justicia para con María Julia, ¿verdad? Invito a revisar, rápidamente, las consideraciones del poder judicial hacia personas comunes, por ejemplo, hacia Ailén y Marina Jara; hacia las testigos del caso por el secuestro de Marita Verón, rescatadas de la red criminal que fue favorecida por un fallo escandaloso en diciembre pasado. Sus testimonios no fueron creídos. ¿Quiénes saben sobre la investigación de la violación y posterior asesinato de la joven Lizbeth Muñoz, que tenía 14 años, era boliviana y vivía en la Villa 1-11-14, ocurrido el 2 de agosto de 2012, del rol de la policía y la justicia? ¿Nos preguntamos a qué apunta el tratamiento mediático del caso de Ángeles Rawson mientras otros casos apenas asoman a la opinión pública? ¿Cómo se imponen visibilidades?

Sobre censuras, negocios y libertades. En diciembre de 2012, el gobernador De la Sota ordenó la clausura de la estructura de la Televisión Digital Terrestre en Río Cuarto- convenio con la empresa de energía de Córdoba (EPEC) -, impidiendo acceder a la señal de la Televisión Digital Abierta (TDA) pública y gratuita a 300.000 personas en el sur de la provincia. Garantiza al Grupo Clarín diez millones de pesos mensuales en facturación. Esta es la libertad de empresa que choca con la política comunicacional que expresa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y con los bienes culturales que la inversión estatal pone a disposición de todxs. El titular de la AFSCA presentó un amparo ante el Poder Judicial de la provincia. Las trabas a la posibilidad de elegir qué programas ver es concreta, desproporcionada, escandalosa. En nombre de una presunta “libertad” se trata de un negocio.

Lo que nos cabe

Hablar de la justicia o de la corrupción en abstracto es muy conveniente para meter, como en una gran bolsa, lo que más nos guste. Ocurre que si en lugar de frases que nos preservan del compromiso con el hacer algo, para abordar nuestros dramas sociales y hacer camino hacia nuestros sueños, nos focalizamos en personas y actos concretos de justicia o de corrupción, las dicotomías simples no nos sirven para nada. Hay una gama de grises, así como no se trata de prácticas que nos sean por completo ajenas. Lograr la inclusión social tensiona la distribución de privilegios. Un estado presente y que interviene en la economía provocará molestias a quienes no necesiten el crédito para la casa, el hospital o la asignación por hijo porque son otros los bienes y goces por los que pierden el sueño. A muchxs les molesta el compromiso, les molesta el abrazar una causa sabiendo que no hay caminos perfectos pero que de nosotrxs depende, de todxs nosotrxs, que siempre algo podemos hacer. Quedarse afuera con el malestar o la violencia, la descalificación y la injuria, es engañoso. Quizás, admitir el verdadero significado de ese malestar que se viste de reclamo ciudadano, reclamo desinteresado sin situación ni ideología no es tal vez, muy bien visto. No es fácil plantearse cuánto de discriminación reproducimos y cuántas contradicciones tenemos. El compromiso político por eso exaspera, revuelve y descoloca la tranquilidad ficticia de quienes a sabiendas escapan por el atajo de abordar el cómo y porqué de las desigualdades y las injusticias concretas. Perturba a esa incoherencia de las dobles varas con las que juzgan y valoran, interpela a una memoria intermitente y sesgada. Como mecanismo de defensa, entonces, surge la consigna inoculada y cómoda, incuestionada. Sale al cruce liberada de la carga de probar lo que se dice, liberada de responsabilidad por lo que pasa.

Gracias, Carlos Peralta.