miércoles, 14 de marzo de 2012

Las dimensiones subversivas de la cuestión de género

“Nada es más conmovedor que la problemática de las relaciones de género, es una cuestión que incendia los sentidos e incendia la diatriba; nada anima más a la controversia.” Dora Barrancos.

Las relaciones de género lo permean todo. Precisamente por eso es tan importante y democrática la cuestión.Nadie queda afuera, a nadie puede resbalarle la pregunta sobre cómo nos relacionamos, cómo nos percibimos, cuánta autonomía tenemos unxs y otrxs.

Hace treinta años no constituía un tema, apenas comenzaba a salir de ámbitos reducidos de reflexión, sorteando heroicamente períodos de silencio y de terrorismo de Estado. Conmueve, por cierto, si analizamos el camino recorrido por el cuestionamiento alrededor de la equidad entre varones y mujeres, esta instalación de la perspectiva de género, de la que podemos sentirnos felices: está presente como tarea apuntar a visibilizar, desnaturalizar y corregir las desigualdades e injusticias, incluso desde políticas públicas e impulsada no sólo por mujeres con altas responsabilidades institucionales, sino por varones que la han asumido. Es una transformación democrática de nuestra sociedad. De a poco, por supuesto, pero sin marcha atrás.

Para quienes nos hemos replanteado nuestra existencia, nuestros mandatos culturales, la transformación personal es definitiva. Y desde este punto, se puede interpelar lo público, las normas, las instituciones, forzar los límites de lo que se nos presenta como lo dado. Esta conciencia de la inequidad compartida abre a una percepción y a una práctica solidaria con otras, inevitablemente. Actuamos porque vivimos en carne propia un destino impuesto, sutil o brutalmente adivinado en cada dimensión de nuestra vida relacional.
La maternidad forzada, impuesta, producto de una violencia, sale de la oscuridad y el silencio para ser denunciada en la calle. Agita las consignas, los cuerpos de mujeres muy disímiles, exigiendo se las considere como una afrenta intolerable en una sociedad democrática. Es un atentado a los derechos humanos de las mujeres.
No es fácil articular esta demanda de legalizar la interrupción del embarazo. Implicó un proceso largo para llegar a la presencia fuerte de las consignas y los pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de hoy. Una cultura resistente, en la cual el cuerpo femenino no pertenece a una persona libre y autónoma sino que es el vehículo de la reproducción, el objeto del placer para varones, disputa ferozmente una concepción igualitaria de las personas, de todas las personas, varones, mujeres, trans, lesbianas, gays, travestis, que increpamos a los poderes para verificar ese ejercicio a la autonomía, a la sexualidad, a la maternidad elegida, a la igual remuneración por igual trabajo, a no ser muertas por nuestra condición de mujeres o a no ser discriminadxs por nuestra orientación sexual.Porque la igualdad formal está en la letra de la Constitución y en los tratados de derechos internacionales que la Argentina ha suscripto.


Lo que ha catalizado y potenciado el reclamo ha sido justamente el recrudecimiento de las violencias institucionales en medio de tantos avances en lo formal. La desidia de funcionarixs en medio de unas novedosísimas políticas públicas en relación al respeto a la diferencia y a la promoción de la salud reproductiva. Las inexplicables judicializaciones alrededor de los pedidos de abortos no punibles, contemplados desde 1921 en el Código Penal y la imperdonable exposición mediática de niñas víctimas de abusos de esos iguales que son más iguales – los violadores y abusadores-, la intromisión de las concepciones religiosas en un terreno donde prima lo público y laico, la falta de compromiso de la corporación médica con su rol de atenuar el dolor del paciente, los cálculos políticos de figuras que pretenden no chocar con la Iglesia, han puesto al rojo vivo este campo de disputa que es central en la verdadera democracia para todxs.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de ayer es un mensaje claro, a propósito de un caso donde hubo ya una resolución (una adolescente violada por su padrastro, con una judicialización indebida, una sentencia autorizando el aborto del Tribunal Supremo de Chubut pero recurrida por el fiscal) con respecto a tres aspectos claves:
-no cabe judicialización alguna cuando hay una violación,
-no son necesarias pruebas de la violación, sino que basta con la declaración de la víctima o de la persona responsable por ella,
- el requisito de la autorización judicial es superfluo, porque exige algo “donde la ley nada reclama”, resulta un “vallado extra, entorpeciendo una situación de emergencia sanitaria”, además de “un trámite burocrático, innecesario y carente de sentido”. Vulnera el artículo 19 de la Constitución “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe”.


Si judicializar es violar la ley, esquivar los deberes en un caso de emergencia sanitaria, expone a médicos a sanciones. Y los operadores del sistema judicial no solamente son ya negligentes en estos casos, sino que comenten prevaricato: puede iniciarseles juicio político.

El debate sobre la despenalización y legalización del aborto está en el Congreso, lo estará este año, y las diputadas y diputados que apoyan la iniciativa -que viene desde hace tiempo ganando voluntades y un consenso en la opinión pública cada vez mayor-, pertenecen a distintos bloques partidarios.
En el acto del 8 de marzo del jueves pasado, la convocatoria de las organizaciones de mujeres K contaron con el valiente testimonio de la Diputada Nacional por Corrientes Araceli Ferreyra que dijo “yo aborté”; desde allí, desde la vivencia de una circunstancia dramática que no puede ser mantenida más tiempo en la clandestinidad para mantener apariencias y un negocio que le cuesta la vida a miles de mujeres, una mujer legisladora asume el compromiso de impulsar el debate legislativo. Firmando un proyecto de ley, intentando volver a la carga con lo que el año pasado se diluyera en artilugios burocráticos que no están a la altura de las circunstancias, eso personal irrumpe, no cesa de irrumpir y de constituirse en un tema de interés público. Y que reclama ser abordado como lo que es, en una de sus dimensiones: un problema de salud pública al que hay que encontrar una solución. Es hora.

Hay honestidad y conciencia de género en muchxs miembrxs del parlamento para dar la discusión y cumplir con la representación del pueblo, que es la razón por la cual ocupan sus bancas. La incertidumbre es si será suficiente para dar con una norma. Por esto otra Diputada, Adriana Puiggrós, llamó a estar en la calle.

Otra dimensión más profunda y subversiva de la legalización del aborto, en referencia a eso personal que es político, puede ser pensada así: una democracia verdadera es la que asegura el derecho pleno y efectivo para todas las personas, varones y mujeres. Pero lo referente al derecho a la integridad, al poder ser dueñas de nuestro cuerpo y a la elección de la maternidad suscita las polémicas más encendidas, las más feroces resistencias. Pretendemos, nada más ni nada menos, que romper con el cerco impuesto a nuestras elecciones vitales, a nuestra potencialidad para construir otras maneras de integrar lo que ha sido escindido para ser controlado: el deseo y la racionalidad, el reproductivo y lo productivo, lo doméstico y la calle, para ir trocando, paso a paso, la sumisión en paridad.