jueves, 19 de enero de 2012

Y quién escucha a una niña?

Tras la indebida y criminal judicialización del caso de la niña de tan sólo 11 años, violada y embarazada, las vergonzosas declaraciones del Ministro de Salud de la Provincia de Entre Ríos Hugo Cettour, una exposición pública innecesaria y que la revictimiza, la madre ha decidido retirar el pedido de aborto no punible.
Desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se advierte: "es evidente el abuso de poder por parte del juez Raúl Tomaselli, también de los médicos que intervinieron con pericias médicas e informes sobre la supuesta viabilidad del embarazo en la niña".
Conders (Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales), entidad que monitorea las políticas públicas, recibió la confirmación de la decisión de la madre de la niña cuando salía de una reunión con el ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour. También participaron "Mujeres Tramando" y representantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Cettour había manifestado que dado que la niña ya menstruaba, estaba en condiciones de llevar el embarazo adelante, lo que desnudó sin tapujos el prejuicio de género del titular de la cartera, área clave en lo que hace al cumplimiento de las leyes que tienen que ver con la salud reproductiva.
Entre todas las voces que se alzaron en repudio a los dichos de Cettour y a la intromisión judicial, hoy Raúl Zaffaroni, Ministro de la Corte de Justicia, escribió en Página/12 que: "Los incisos del Código Penal no requieren autorización judicial para el aborto no punible. Ninguna exminete del Código Penal puede requerir una autorización previa judicial." Además, recordó la definición de salud de la ONU: " es un estado de equilibrio psicofísico" y por lo tanto, "pocas dudas caben, por ejemplo, de que el riesgo de que la gestante caiga en una psicosis es un riesgo gravísimo para la salud."

Después de haber expresado su opinión ultramontana, Cettour se reunió con la familia de la chiquita y las organmizaciones para decir que ratificaba sus dichos y que "respetaría la decisión de la justicia", mientras el tiempo que transcurre agrava la situación de la víctima.

El reclamo de las organizaciones : que se capacite al personal de salud sobre derechos sexuales y reproductivos, ya que el caso de esta nena nunca tendría que haber llegado a la justicia y fue un médico el que mandó a la familia a hacer la denuncia. Además, se le insistió al Ministro "que se tengan en cuenta los aspectos correctivos, porque sino se siguen violando derechos".

Todo caerá en saco roto, seguramente.

Ya la madre retiró el pedido y apareció un padrastro que se sumó a todos los que están decidiendo sobre una vida que importa menos que otras, mucho menos que las que ante estas situaciones de abuso, tienen el derecho en condiciones de seguridad y privacidad, a la interrupción del embarazo.

La corporación médica se protege, el Ministro y los jueces cuidan sus relaciones con la Iglesia, y todo sigue como siempre, gracias a la hipocresía.

Doble moral que ampara el negocio del aborto clandestino, además...

Me gustaría saber cómo duermen de noche, si las caritas de las otras niñas y jóvenes a quienes les ha pasado algo similar, y que por su decisión pueden morir o han muerto, quién sabe, no se les aparecen.

Si hay objeciones de conciencia, no pueden trabajar en el hospital público que debe garantizar la salud de las mujeres y ninxs.

Si el Ministro de Salud no está aggiornado en las leyes vigentes, no puede aplicar las políticas que se destinan a brindar asesoramiento, preservativos y métodos anticonceptivos, ni el cuidado integral de la salud de la población. La violencia institucional es violencia contra mujeres y niñas, Señor Ministro.

Diría que es una vergüenza, pero me quedo corta. No puedo dejar de sentir un dolor punzante de impotencia por esa niña, que "quería volver a ser como antes", esa niña a quien nadie escucha, esa niña a quien el poder le está arrebatando la vida...