miércoles, 20 de enero de 2016

Libertad a MIlagro, presa política

Milagro hoy, cualquiera, mañana. Todo aquel y toda aquella que resista lo indignante y lo injusto, puede ser como lo han sido tantxs otrxs, perseguidx y calumniadx por luchar. Es inaceptable el procedimiento, tramposo y mentiroso, que dió lugar a la detención de Milagro y es inaceptable, con tantas masacres frescas, con el recuerdo de Pocho Lepratti en 2001 y tantxs como él, la criminalización de la protesta social.
La vulneración de derechos irrenunciables, intolerable, la vulneración de los derechos de cualquiera.
Milagro Sala, dirigente de la Túpac Amaru, no es solamente una líder social, mujer y colla. Es además objeto de un odio muy profundo y viejo, reciclado y persistente, que ahora se agrava dada la intención del gobierno - no solamente de un ejecutivo provincial y su tribunal superior ampliado a piacere- de demonizar toda acción colectiva y organizada que intente resistirlo.
Ante la irregularidad de la detención de Sala, organizaciones como el Cels, Amnistía Internacional y colectivos de mujeres presentaron sendos habeas corpus exigiendo la liberación inmediata de la dirigente. Solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los colectivos Ni Una Menos, Red de Mujeres, Mujeres Alerta y Acción Emergente lo hicieron en el Juzgado de Instrucción N° 14 del Palacio de Justicia de la CABA, a cargo del Dr. Ricardo Luis Farías, exigendo además el respeto a su integridad física. 

Hasta el momento, el Consejo Nacional de las Mujeres tanto como otros colectivos en defensa de los derechos de niñxs y adolescentes, que claman contra la violencia de género parecen  mostrar reticencias a la hora de contextualizar el ataque o vulneración de derechos que presenta este caso. Milagro Sala, colla, negra, india, líder, diputada electa al Parlasur, presa política, presa por hacer lo que deberían tal vez estar haciendo más de un sindicalista ante la ola indiscriminada y aleccionadora de despidos por motivos ideológicos. En esta situación hay violencia de género y esta violencia es una violencia disciplinadora. Toda violencia de género obedece a un problema social y sistémico, más allá de la persona agredida y su agresor. La reducción a lo individual en estos casos es una visión recortada y parcializada, que no permite comprender ni mucho menos entonces combatir las causas de la violencia de género. Algunos silencios elocuentes parecieran demostrar que para algunas feministas y luchadoras, esta violencia contra la cual en junio se manifestaron miles de personas, se limita a una imagen estereotipada, o se desdibuja de acuerdo a la pertenencia ideológica, social o étnica de quien se trate. Reducir la violencia de género a un "caso" personal disculpa a la larga a lxs responsables indirectos, deja en pie los valores sexistas que la alimentan, y conceden a la domesticación de las mujeres que se organizan y luchan por su dignidad, su trabajo, siendo grandes líderes. 

Alojada en una celda mínima, Sala sigue respaldada por el acampe de la Tupac, referentes de varias fuerzas políticas, y quienes saben muy bien de qué se trata esta medida por demás arbitraria y disciplinadora.  Hoy, diputadxs nacionales que viajaron a Jujuy a entrevistarse con la fiscal que lleva adelante la causa, casi no fueron recibidos, se registraron maltratos por parte de la policía adentro de la oficina. Tras una breve entrevista Leo Grosso, Diputado FPV del parlamento Unasur - colega de Sala, elegida al Parlasur en las pasados comicios-, manifestó sin ambagues : "Quedó claro que esta fiscalía es una delegación del gobierno de la provincia". 

Una lógica perversa

En la columna que publica la Agencia Paco Urondo, Mauro Benente analiza los motivos profundos y las inconsistencias de forma de la orden de detención de la dirigente Milagro Sala, quien ni siquiera había sido procesada y sin embargo fue detenida en una causa en la que se la acusa de instigar a cometer delitos y tumultos.


El texto de la orden de detención "parece indicar que si convocar a una protesta implica instigar a cometer delitos, todas y todos que alguna vez hayan organizado una convocatoria pública deberían ser investigados y eventualmente condenados. Y en esta lista deberían encontrarse no solamente los referentes de movimientos sociales, sino también –y sólo a modo de ejemplo- los fiscales que hace un año organizaron un corte de calles para repudiar la muerte del fiscal Alberto Nisman."

La orden se funda, sigue Benente, "en las obstrucciones al proceso desarrolladas por Milagro Sala, y en la flagrancia de sus acciones". Los argumentos son insuficientes para una privación de libertad y de criminalización de la protesta : "(...)se afirma que no haber levantado el campamento indica que Sala no se ajusta a la ley y está entorpeciendo la investigación, argumento que es problemático porque si se la acusa de organizar el acampe, mantenerlo no impide que se siga investigando cómo se lo organizó". Continuar con el campamento constituye una flagrancia que habilita la detención; pero Sala ni siquiera se encontraba en el acampe al ser detenida. Más allá de que la pésima fundamentación de la orden desde lo jurídico, lo interesante del análisis de Benente apunta a otros aspectos que explican lo que esta situación entraña.
El mamarracho judicial jujeño ni siquiera menciona la protesta ni tampoco la describe en la orden de detención."De la lectura del relato surge que el 14 de diciembre de 2015 Milagros Sala organizó un campamento en una plaza pública y en las calles aledañas, pero de la narración no surge si se trata de un campamento en protesta de nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Morales o se trata de un campamento de una colonia de vacaciones. No se menciona ninguna dimensión política de estas acciones colectivas, excepto que con ellas se busca “lograr un efecto intimidante y desestabilizador.” 
Lo más importante es el proceder para la criminalización de la protesta, cuyo primer paso "parece haber sido, directamente, borrar toda huella de protesta y presentar las acciones como simples delitos."

Benente se enfoca en dos aspectos del proceso judicial y de la orden de arresto que se inscriben en "la construcción política, estética y discursiva de Cambiemos"; además de lo alarmante que resulta que el propio Gobernador Morales promueva la denuncia, se actúa en sintonía perfecta con el gobierno nacional que "no dialoga sino que envía las fuerzas de seguridad" sin abandonar su "estética publicitaria del diálogo"."Es una lógica de "ocultar mostrando", dice Benente.

Y además, el neoliberalismo antes en el poder y ahora, en el gobierno y en el poder, podemos agregar, se apoya en el egoísmo constitutivo de los sujetos políticos a los que se dirige Cambiemos. Benente apunta al individualismo de una subjetividad para la cual es inconcebible lo colectivo, y por eso la interpelación individualista de la campaña electoral, se continúa en el estilo presidencial; ni actos masivos, ni apelaciones a ningun sujeto colectivo. No extraña entonces, que la organización de una protesta sea criminalizada. Llevar adelante cualquier acción colectiva, pensar desde lo común "parece atentar contra las premisas políticas y discursivas del individualismo pregonado por Cambiemos. Frente a la organización política, la solución brindada se ajusta incluso a la gramática de las fuerzas de seguridad: dispersar." concluye Benente.

Milagro Sala es una presa política.
La acción represiva y disciplinadora  es indisimulable. La revancha ante el poder de convocatoria y la fuerza de una organización como la Tupac es tan evidente, que hasta han cortado el agua de las piletas que en los barrios supieron construir, las cuales, son especialmente significativas, como Milagro lo explicó tantas veces: por el racismo y la soberbia clasista ellxs, lxs originarixs, lxs negrxs, no podían entrar, ni siquiera a las municipales. Y construyeron esa dignidad y esa alegría, como las casas y los barrios.

Como dice Benente, solamente los oídos individualistas egoístas aislados de todo contexto, que recortan la situación personal del modelo económico en cuestión, que rehúyen el conflicto que toda administración de los recursos públicos y los objetivos de una gestión entrañan para evitarse el planteo concreto de las pujas del poder real, pueden sostener esta farsa.