miércoles, 18 de diciembre de 2013

Fallos, prejuicios y justicias

...¿Quién te va a creer?
¿Quién les cree a las víctimas?
Los mitos de las buenas y las malas mujeres.
La estigmatización de quienes, desde una situación de vulnerabilidad, son vistas como las únicas responsables de su infortunio, desvinculadas de todo nexo con prácticas que tenemos naturalizadas como si no fueran opresivas.
Prejuicios.
Poderes y prejuicios.
Ese mismo andamiaje de prejuicios está presente en jueces, fiscales, abogadxs. Planea en los estrados donde esas víctimas cuentan el calvario que han padecido, tras ser rescatadas por el programa que se creó a partir de las denuncias, la perseverancia de Susana Trimarco, la decisión de un Presidente de escuchar y responder, una ley que tipificó el delito que no existía: la trata.
Porque quiero remarcar que al enorme coraje de denunciar a victimarios poderosísismos, que han tenido a las policias y funcionarios como socios, ese coraje de quienes contaron a ese tribunal indigno de la Sala II que vieron a Marita, que contaron lo vivido y lo visto, porque compartieron ese infortunio, les contestaron con la peor respuesta posible. Reabrieron seguramente las heridas que tanto cuesta curar, si es que se curan.Hace un año nos concentrábamos en todo el país, conocido el vergonzoso fallo de camaristas tucumanos que absolvía a los acusados por el secuestro de Marita Verón, acusadxs de delitos que habían sido probados en el desarrollo del juicio sobre el cual se centraba una atención especial. Entre los elementos contundentes que se presentaron, estaban los testimonios de otras mujeres también víctimas de esta mafia, mujeres que, desafiando el miedo, declararon en el juicio.

Un fallo increíble el 11 de diciembre de 2012. El estupor. La vergüenza institucional. La violencia de la arbitrariedad contra todxs.
Absolvían a los victimarios, desoían a las víctimas, celebraban la impunidad y la perpetuación del crimen.
El caso de la joven tucumana, madre de una pequeña hijita, secuestrada en pleno centro de su ciudad hace 11 años y hasta hoy, desaparecida, permitió que se conociera el espanto de la reducción a la servidumbre sexual de mujeres en nuestro país, al amparo de complicidades policiales, judiciales y políticas. Negocio alimentado por clientes prostituyentes, por supuesto: sin demanda no hay oferta. Sin un sistema de género que legitima la cosificación de las mujeres y reproduce el mito de una sexualidad masculina particular e irrefrenable que necesita este "consumo", tampoco.
Las representaciones sobre la sexualidad diferenciada articulan estas relaciones de dominación que parecen tan exóticas.


Marita fue retenida y ocultada en los prostíbulos riojanos El Desafío, Candy y Candilejas, "donde fue obligada a ejercer la prostitución en el marco de una organización dedicada a tales fines", establece el fallo superior de la Corte Suprema provincial que restablece justicia en este caso revocando la sentencia que había absuelto a lxs acusadxs, y efectuando críticas profundas a la sentencia. El fallo de la justicia : tres representantes impresentables de un poder institucional clave, que se resiste a su democratización, habían recortado quirúrgicamente, para componer su fallo, las pruebas presentadas. Las desconoció, las manipuló, confirmando que a las víctimas -las que merecen reparación-, en los estrados cómplices y machistas se las vuelve a violentar.

Quiero remarcar el papel del silencio que sostiene lo aberrante y la escucha diferenciada que existe para las víctimas.

Hace poco una abogada que estuvo presente en aquel juicio del año pasado, relataba que mientras daban ese paso crucial de declarar, estas testigos eran constantemente intimidadas por lxs acusadxs, quienes les decían en todo momento: "¿a vos quién te va a creer, si sos una puta?". Con el cinismo y la confianza en la impunidad, lxs responsables de explotar, mantener cautivas, encerradas, amenazadas, obligadas a infinidad de "pases" diarios, lxs culpables de desaparecerlas del mundo al que pertenecían, expresaban con todas las letras el prejuicio que compartían con lxs jueces y ampara su accionar. Hace un año, esos jueces de la Sala II de la Cámara Penal: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano desoyeron esos testimonios y absolvieron a lxs culpables; desoyeron y descreyeron de las palabras de esas mujeres. Y aquel fallo vergonzoso, que desató una sana movilización e indignación en repudio de esta justicia cómplice, dolió como una bofetada tremenda. La burla más perversa a Micaela y a Susana, pero también, a las testigos.
El fallo configuró una revictimización institucional de quienes habían contado el espanto compartido con la joven secuestrada en 2002 y cuyas palabras no tuvieron entidad a la hora del fallo.
Era un mensaje que habilitaba la impunidad.
Una luz verde, no pasa nada.


Por eso, que la Corte Suprema Tucumana haya anulado esa absolución un año después, que haya dicho que está plenamente demostrado el secuestro de Marita Verón el 3 de abril de 2002; que fue retenida y ocultada “en casas pertenecientes a Daniel Milhein y Andrés Alejandro González; que el fallo de la Sala II está minado de contradicciones lógicas, que no valoró debidamente las pruebas sino que a sentencia absolutoria de 2012 brilla por “la ausencia de una esencial perspectiva de género” y que esas pruebas debían considerarse en el contexto de una red de trata de personas para explotación sexual cuya existencia la misma Sala II consideró acreditada, es una decisión capital de la Corte.En este fallo reparatorio, se dice expresamente que los indicios, pero sobre todo los testimonios de las mujeres que sobrevivieron a la red de trata y explotación sexual y lograron contarlo en el juicio, son una prueba de peso “abrumador”. Por eso, se señala que “no quedan dudas” de que los mellizos José “Chenga” y Gonzalo “Chenguita” Gómez, y Daniela Milhein y su entonces marido Alejandro Andrés González fueron coautores de “la retención y ocultamiento agravado (art. 142, inc. 1º, del Código Penal) para el ejercicio de la prostitución (art. 126 del C. Penal) en concurso ideal (art. 54 del C. Penal) en perjuicio de María de los Angeles Verón”. Carlos Alberto Luna, Paola Gaitán, María Azucena Márquez, Juan Humberto Derobertis, Mariana Natalia Bustos y Domingo Pascual Andrada fueron considerados ahora partícipes necesarios para que el secuestro, la privación ilegítima de la libertad y la explotación sexual de Marita Verón fuera posible.

¿Y la policía?
Porque entre lxs imputados se encontraba un efectivo policial de apellido Andrada. En este caso, la Corte señala que los jueces de la Cámara Penal cambiaron la acusación por la que era juzgado y no explicaron por qué lo absolvieron. Andrada había sido acusado de privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución, pero “la sentencia parece juzgar sólo si (...) trasladó a María de los Angeles Verón desde Tucumán a La Rioja, lo que constituye una alteración del marco fáctico de la acusación” que “afecta la validez” de la sentencia. La Corte reparó particularmente en Andrada por la gravedad de su condición de policía formando parte de la red dedicada a la trata de personas y explotación sexual. Está probado “en forma incontrastable” que, en esa red, Andrada “trabajaba como ‘empleado’/ informante de los dueños” de los prostíbulos y que “conocía de la búsqueda de la hija de Susana Trimarco”, por lo que “resulta evidente” que tuvo “un papel relevante en la retención y el ocultamiento” de Marita.
El nuevo fallo de la Corte Suprema de Tucumán señala de manera contundente, y lo reitera en las páginas de su fallo, que la trata “no puede desarrollarse sin la cooperación o complicidad de algún sector de la policía”.

Valoraciones
La Corte acusa a los camaristas de haber valorado las pruebas “de un modo arbitrario, irrazonable y descontextualizado, exhibiendo una fundamentación meramente aparente”: es decir, es un fallo lleno de contradicciones. Ahora se establece que esa sentencia absolutoria de 2012 adolece de la perspectiva de género imprescindible para considerar las pruebas que tampoco fueron evaluadas considerando el contexto de una red de trata de personas para explotación sexual.

Los jueces repudiados por la sociedad hace un año y descalificados ahora por la instancia superior tucumana compaginaron un mamarracho jurídico que no busca vincular los indicios, las pruebas y los testimonios, sino que, dice la Corte, “por el contrario, segmenta y fracciona sus dichos (de los testigos) de modo de encontrar supuestas contradicciones a fin de restar valor a las declaraciones”. Además, sostiene que "Es evidente que la Cámara adoptó un mecanismo de valoración de la prueba que importó la selección de ciertos aspectos de las declaraciones testimoniales que, analizados aisladamente, condujeron a una solución con severos visos de arbitrariedad".

La reforma del Poder Judicial, la visibilización de la trata de personas, el rescate y acompañamiento, la educación cultural para el abordaje mediático que no se centre en el efectismo sino que apunte a que no se repita y desnude las complicidades, son tareas de todxs. No cedamos en el esfuerzo de modificar estos ámbitos de protección de verdugos. Susana luchó sola primero, y jamás dejará de buscar a Marita. En el camino, ha salvado y se ha hecho cargo del rescate de otras Maritas. Estas mujeres a las que por fin, han escuchado, y han creído.

El fallo de la Corte Suprema de Tucumán es un signo esperanzador. Un paso adelante en un camino donde tal vez la única seguridad es la que tenemos es que no hay "justicia" plena ni suficiente, sino que vamos logrando justicias si no dejamos nunca de luchar.