lunes, 24 de agosto de 2015

Repudio gerneralizado a la impunidad del verdadero poder y exigencia de justicia

Hace poco tiempo la Presidenta de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner utilizó una impresionante comparación para demostrar lo que falta procesar todavía en muchos sectores de la sociedad argentina en relación a las responsabilidades de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. Recordó que, mientras los restos de los fallecidos genocidas Videla y Massera fueron resistidas, los restos del ex ministro de economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz descansan sin problemas ni quejas en un cementerio privado. La comparación, decía la Presidenta, nos permite ver clarametne dónde residió y reside el verdadero poder que impulsó la desaparición, muerte, tortura, violencia sexual, apropiación de bebés, persecución y férrea censura de toda disidencia, la desintegración de toda forma de organización colectiva, que es el marco que explica el accionar represivo ejecutado por los uniformados que tomaron por la fuerza el Estado desde el 24 de marzo de 1976. En ocasión de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, la Presidenta volvió a mencionar el rol de ejecutores criminales que les cupo por encargo de quienes no han sido repudiados de la misma manera a nivel social, apartándose del rol que les cabe pro mandato constitucional.

El verdadero poder no reside en el que aparece ocupando las responsabilidades institucionales a la vista de todxs, mucho menos cuando las acciones delictivas – los crímenes de lesa humanidad que están siendo juzgados pero también los delitos económicos – son mantenidas en las sombras y solamente con la construcción de un contrapoder, poder popular, poder de movilización y de memoria active y militante, pueden ser expuestos.

La capacidad de quienes en las trastiendas, intercalando funcionarios en los gobiernos dóciles, presionan, imponen agendas, compran lealtades en los medios de la actual guerra sucia comunicacional, o extorsionan, difaman y destrozan con renovadas metodologías, se evidencia en la protección y llegada a los ámbitos donde se imparte la justicia. No hay excusas para la demora o las faltas de mérito dictadas a personajes como el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier y otros a quienes han señalado innumerables testimonios como partícipes directos – ni siquiera se cuidaron de tanta costumbre de impunidad- de participar con logística propia en secuestros, dar listas de trabajadorxs que fueron desaparecidxs… como habían hecho antes del golpe en Villa Constitución los empresarios de Acíndar y Ford que instalaron en la planta una prueba piloto de campo de concentración.


En las últimas semanas los discursos relativos a una "reconciliación" han vuelto a arreciar, ignorando de manera flagrante el carácter de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad que en Argetnian se comenzaron a juzgar y condenar a partir de 2004 y que no solamente no constituyen un capítulo aún pendiente y en proceso imperfecto, sino que son una conquista del movimiento social que resistió los períodos de vigencia de las leyes del perdón sino de las nuevas generaciones que resignificaorn la democracia en base a la defensa de la dignidad humana.

En la misma línea, declaraciones de Monseñor Casaretto - no podía faltar una voz de otra institución cómplice del terrorismo de Estado que prestó apoyo a su metodología - quien aludió tácitamente a la posibilidad de negociar la impunidad, motivaron un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Centro de Estudios Legales y Sociales reclamandole a través de una carta a José María Arancedo, Presidente de la Comisión Episcopal Argentina "aclaraciones" por los dichos de Casaretto en los que pide "desandar esa ecuación de tanta justicia" en materia de derechos humanos. Las agrupaciones acusan a Casaretto de "intentar deslegitimar" con sus declaraciones "el proceso de memoria, verdad y justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura".

Hoy se lee en "La Nación" : "A lo largo de la perversa década política del llamado "kirchnerismo", la reiterada frase: "Justicia y condena", a veces reemplazada por "Juicio y Castigo", ha repiqueteado cual ariete en nuestros oídos y ante nuestra vista. A la manera de muletilla, ha sido pronunciada con enorme frecuencia y alimentada constantemente con amplios recursos, habitualmente sin generar más reacciones que las de un penoso silencio. Pese a la inmensidad de la verdadera depravación que su contenido real supone y procura imponer: el del bien llamado odio añejado."

Es una muestra más de la escalada contra la necesaria aplicación de justicia que se exige, que nos debemos como ciudadanía. La campañá viene sostenida, pero los repudios no se han hecho esperar.
La causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa que incluye la comisión de delitos de lesa humanidad, está demorada de manera injustificable obedeciendo a cálculos electoralistas, según lo reconoció el Secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda. Quienes se beneficiaron de estos crímenes ejercen la más feroz oposición política utilizando campañás de desestabilización institucional a través de un manejo de medios y de influencia que ha eximido al grupo Clarín de ajustarse a lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante medidas judiciales y fallos insólitos desde que la norma fue sancionada en el Congreso de la Nación hace seis años y su constitucionalidad, ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado, ante la redoblada maniobra judicial de protección a los verdaderos poderosos involucrados en los juicios de lesa humanidad como ha sido el fallo de la Cämara Federal de Casación Penal que dictó la falta de mérito a Carlos Blaquier y a su empleado Alberto Lemos, organismos de derechos humanos de Jujuy acompañados por representantes del movimiento de derechos humanos instalaron una carpa blanca frente al Palacio de Tribunales.

Al verdadero poder que no se somete a elecciones, solamente el contrapoder de la reafirmación de las bases mínimas para la vida democrática desde la memoria, la verdad y la justicia le doblará el brazo.

Acampe contra la impunidad

Organismos de derechos humanos, sociales y populares iniciaron un acampe frente al edificio de tribunales para denunciar “la impunidad de los grandes empresarios" imputados por delitos de lesa humanidad. La “Carpa de la Resistencia” reunió a Madres y familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy- línea histórica- y abogados querellantes en causas de derechos humanos de Jujuy.

En el día de hoy se reunirá la Comisión Interpoderes en el cuarto piso del Palacio de Justicia. La comisión reúne a representantes de los distintos poderes del Estado con el objetivo de “coordinar los esfuerzos para resolver las dificultades que provocan demoras en la sustanciación de procesos judiciales”, según definió la acordada que la creó.EStarán presentes el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el Secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez; el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Fresneda; la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto. Creada por la acordada 42/08 de la Corte Suprema de la Nación que dispuso "invitar a los poderes públicos del Estado, al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, esta comisión tiene por finalidad coordinar los esfuerzos para resolver las dificultades que provocan demoras en la sustanciación de procesos judiciales”. Los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado esperan entonces que se expida sobre la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que sostuvo que no había mérito para procesar al empresario Carlos Blaquier y a su empleado Alberto Lemos. Ambos están acusados por los crímenes cometidos en la zona de influencia del Ingenio Ledesma.