domingo, 17 de mayo de 2015

Un acto histórico de reparación y reconocimiento de responsabilidad estatal por discriminación étnica y de género


El Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado argentino en el caso de LNP, joven qom de la provincia de Chaco, en cumplimiento de un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pasó desapercibido en los medios, salvo contadas excepciones. Organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el pedido de perdón a LNP por la falta de justicia, es un acontecimiento histórico. La joven perteneciente a la comunidad qom tenía 15 años en 2003, paseaba con una amiga y fue violada detrás de una iglesia por tres jóvenes "criollos" en el paraje El Espinillo, Provincia del Chaco. La discriminación por ser mujer, indígena y pobre conformó una cadena de victimizaciones y dió por resultado una sentencia vergonzante que no fue apelada. La denegación de justicia hizo que el caso fuera presentado y acogido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta resistencia que encarnó LNP junto a organizaciones de mujeres logró la reparación de los estados provincial y nacional. Constituye además un aporte crucial a la transformación de la administración de justicia, a la reafirmación de la responsabilidad estatal ante estos episodios naturalizados hasta ahora; pero también contribuye a la transformación de una sociedad que se asume en deuda en términos de acceso a la justicia para las mujeres.Mucho más cuando se trata de la violencia sexual.

LNP, una niña qom que no se resignó a ser revictimizada

Detrás del caso judicial está la historia. La conmovedora historia de esta niña se transformó para ser un caso, y una causa, cuando Humberto Darío Rojas, Lucas Gonzalo Anriquez y Leonardo Javier Palavecino violaron a la adolescente qom. Cuando ella quiso hacer la denuncia en la Comisaría, los policías tardaron en tomársela, y no importó que tuviera la ropa manchada de sangre. Tampoco le importó al personal del puesto sanitario adonde la enviaron y donde también tuvo que esperar nuevamente de pie, varias horas, para que el médico constatara las lesiones que denunciaba. Los violadores y sus familias intentaron sobornar a la familia de LNP con vacas, una camioneta y dinero para que cambiara su declaración. En noviembre de 2003 una asistente social fue enviada a la localidad “para determinar el medio de vida, costumbre y todo otro dato de interés” para las investigaciones. Pero la asistente investigó únicamente a la víctima, a su familia y su comunidad, indagando acerca de su moralidad, Nunca investigó a los denunciados. Varios meses de investigaciones policiales resultaron en la apertura de un proceso judicial por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra Rojas, Palavecino y Enríquez pero ni LNP ni sus familiares fueron informadxs de su derecho a constituirse en parte querellante como lo establecen los artículos 89 y 94 del Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco.

La discriminación multiplicada por los funcionarios policiales, médicos y judiciales prolongaron y multiplicaron el sufrimiento de la niña y que alcanzó el máximo de perversidad durante el juicio que se centró en la hipótesis sobre su conducta, intentando presentar a LNP como prostituta. Como en el caso de Reina Maraz, no se consideró que la totalidad del proceso y del juicio se realizó en castellano.

El 31 de agosto del 2004 un fallo escandaloso que alegaba que “la resistencia de la víctima debe ser seria y constante, que si bien la víctima dice haber gritado llama la atención que nadie en la plaza que está a 70 metros la escuchó”, coronó la larga cadena de injusticias, discriminaciones y violencias y premió a los criminales con la absolución.

La resistencia de LNP y de su familia, y el acompañamiento de organizaciones como el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) con apoyo de Unifem Cono Sur, posibilitó que el caso llegara hasta el Comité de la ONU. La falta de justicia estatal - el entonces Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Aníbal Fernández lo caracterizó como “una aberrante conducta de funcionarios, quienes en vez de proteger a la víctima la revictimizaron en un proceso escandaloso y canallesco”- habilitó esta instancia. Cabe señálar que el fiscal no apeló la sentencia, mientras LNP dejaba la escuela.

La fuerza de la solidaridad

en un documento de CLADEM e INSGENAR que detallan el trayecto del caso, Susana Chiarotti da cuenta de los motivos que la llevaron a acompañar a LNP : "sentía que el aparato de justicia era una pesada máquina patriarcal" pero que era necesario probarle a la joven que no estaba sola, que otras organizaciones de mujeres la acompañaban y que se solidarizaban con las injusticias sufridas por ella y por tantas otras.

La importancia de seguir impulsando esta demanda de justicia negada es que este caso anuda de manera reveladora la discriminación presente en estados provinciales que se manejan de manera feudal -donde las personas de las comunidades indígenas no son consideradas sujetos de derecho, ni ciudadanas- con la discriminación de género. El estado es responsable por violaciones de los arts. 2, 3, 6, 7, 17 y 18 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ante la negativa de un juicio justo y debido proceso, las irregularidades en el proceso judicial y los prejuicios de género que motivan la impunidad de la violación, así como los actos de violencia física, psicológica y moral perpetrados por los agentes del sistema de administración de justicia y sistema público de salud, antes y durante el proceso judicial. En estos términos se fundamentó la denuncia ante el Comité de Naciones Unidas.

LNP no obtuvo escucha ni justicia por ser una niña, indígena y pobre. La dificultad de encontrar justicia en el sistema argentino cuando se trata de violencia sexual, además, excede la situacion de LNP. Para muchísimas mujeres resulta casi imposible obtener justicia, reparación, contención. Y por otro lado debe tenerse en cuenta la situación de indefensión en la que son obligadas a proseguir la denuncia ante la violencia, muchas veces conviviendo con los agresores, lo que se vuelve un tortuoso camino que no todas están en condiciones de sobrellevar. Por eso la solidaridad de otras mujeres y de quienes se comprometen en desarmar esos prejuicios enquistados en los poderes del Estado que debe velar por el goce de los derechos humanos es tan necesario.

Si el derecho a la justicia es vulnerado, se avanza en ámbitos internacionales. La comunicación ante el organismo internacional inició un proceso de cambios en estos años. Como alega María Gabriela Filoni, abogada de INSGENAR, el que se haga justicia internacional para con una niña del impenetrable chaqueño "les hace saber a los funcionarios discrimindadores que el patrón de impunidad con el cual se manejan puede ser puesto en evidencia y a prtir de allí, que debe revertirse". Desde un pequeño lugar -la iniciativa de llevar a la Comité de Derechos Humanos la causa de LNP- se visibiliza la discriminación sufrida no solamente por ella sino por tantísimas otras, para que no vuelva a suceder.

El caso de LNP fue así presentado ante el Comité de Naciones Unidas. Y por todo esto pidiendo que el Estado Argentino y el provincial chaqueño reoonocieran e hicieran pública su responsabilidad en la discriminación hacia las mujeres en el sistema de justicia. Porque este proceder es violatorio de normas vigentes y de tratados y convenciones internacionales a los cuales ha adherido, en especial en observancia al derecho que asiste a las mujeres a una vida libre de violencia; la obligación del Estado para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres. La importancia de hacer publico el reconocimiento, de que fuera difundido en los medios de comuicación de circulación nacional,se explica por el efecto simbólico que conlleva y que pone en entredicho un imaginario cultural violento, racista y patriarcal.

En la comunicación se solicitó además la reparación integral a la víctima de forma pecuniaria y no pecuniaria, en formas de indemnización y de beca para retomar los estudios, que como se ha mencionado, habían sido interrumpidos por LNP. También se menciona la revisión y modificación de normativas provinciales en relación a la violencia de género con respectivos protocolos de actuación. Mucho se ha logrado y está en vías de efectivizarse. Justicia para LNP que trasciende su individualidad para transformarse en símbolo de tantas como ella.

Responsabilidades y reconocimientos públicos


En 2009 se realizó el reconocimiento de la responsabilidad del estado provincial chaqueño. El máximo funcionario Francisco Romero hizo público el pedido de perdón reconociendo la injusta discriminación hacia lxs integrantes de las comunidades indígenas del Chaco, y que se agravan en el caso de niñxs, mujers, personas mayores. Pidió perdón a toda la comunidad y exigió justicia. Y fundamentalmente destacó que "la colonización cultural ha invisibilizado los derechos de quienes pertencen a los pueblos originarios" señalando que "el racismo y el machismo constituyen discriminación" por lo cual la batalla cultural para la descolonización cultural debe ser una política de estado.

El pasado viernes 15 de mayo de 2015 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, se dió cumplimiento al dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco de la Comunicación 1610/2007 – LNP vs. Estado argentino. Se realizó el acto público de reparación a LNP. Encabezado por el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, el Diputado Remo Carlotto, la titular de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, Victoria Montenegro y la Directora Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Oberlin, la joven LNP y su familia recibieron el pedido de perdón y presenciaron el reconocimiento público y formal del Estado Nacional a su lucha. Remo Carlotto aseguró que el sentido del acto era que el motivo del mismo no se repitiera nunca más. Gabriela Filoni y Susana Chiarotti, de las organizaciones INSGENAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo) y Cladem (Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres) quienes llevaron el caso ante Naciones Unidas también estuvieron presentes e hicieron uso de la palabra: "Este caso muestra que las mujeres, al contrario de lo que dice la cultura patriarcal, somos muy solidarias y unidas” dijo Chiarotti y además recalcó que “Las mujeres no vamos a tolerar más la impunidad: lo tienen que entender los jueces”. En el acto organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estuvieron presentes funcionarios chaqueños.

LNP se dirigió al público en la lengua que hablan la mayoría de lxs habitantes de El Espinillo, la lengua qom. Y agradeció el acompañamiento de las organizaciones INSGENAR y Cladem “y de muchas mujeres que me acompañaron”. Con 27 años, el viernes en el Congreso pero como la primera vez en su denuncia,la joven habló también por esa mayoría invisibilizada y excluída del acceso a la justicia. Victoria Montenegro había agradecido su valentía, la cual, sin lugar a dudas, multiplicó la lucha.

Esta es claramente una lucha colectiva. La de quienes, victimizadas, no se resignan a seguir siéndolo, y con su coraje, alzando su voz, enlazando solidaridades y resistencias, van cambiando las reglas de juego que producen víctimas.