domingo, 29 de mayo de 2016

Consignas significativas : otro 3 de junio en Argentina

Larga historia la de las consignas. Frases que son síntesis de demandas, reivindicaciones, rupturas, disputas de sentidos instalados. Como aquello de lo personal es politico que todavía sirve para desafiar maneras recurrentes de quitarle importancia social y cultural a los conflictos que vivimos en torno a una autonomía que para muchas personas no llega todavía, y debe conseguirse a fuerza de arremangarse para salir, con otrxs, a reclamarla.

Una consigna que expresa un hartazgo o que señala una deuda injustificable, como la de una democracia que no asegura el respeto por la vida y la salud de las mujeres y entonces le da espesor simbólico al "saquen sus rosarios de nuestros ovarios" o al "aborto legal en el hospital".

Todas las consignas tienen una vida dinámica al ritmo de los cambios de contexto, de la heterogeneidad de quienes se las apropian, de la potencia que conserven y la eficacia - aunque este vocablo resulte molesto lo utilizo deliberadamente- para movilizar voluntades, ejercer presión sobre quienes tienen poder de decisión, entre otras cosas.
El caso de la consigna "NI UNA MENOS' con la cual se ganó la calle el 3 de junio del año pasado para demandar acciones y conciencia colectiva frente a una realidad espantosa de feminicidios que no podía seguir siendo un lugar común de descripciones resignadas y morbosas, no escapa a esta vitalidad a la que me refería anteriormente.

Desde el pasado 9 de diciembre en Argentina el cambio de gobierno no ha sido una alternancia de juego democrático que desde otra identidad política matiza lo ganado en materia de políticas de estado. En absoluto. Se trata de un gobierno elegido democráticamente y por un exiguo aunque determinante margen que desde las primeras medidas se está encargando de vaciar áreas claves del Estado, con un desprecio a la institucionalidad y a la Constitución que mina el respeto que se le debe si respeta las reglas de juego básicas. Pero poco le importan éstas y nada disimula esta gestión. Arremete contra todo lo sembrado y apropiado por la sociedad, entre ellas, las políticas concretas para la prevención y eliminación de la violencia de género.

¿Cómo? Desguazando por ejemplo programas en los ministerios desde los cuales se asiste a las víctimas, se capacitan agentes intervinientes en los distintos estamentos - fuerzas de seguridad, operadores de líneas de atención y asesoramiento, peritos, funcionarixs- así como las cooperativas donde sobrevivientes de violencia podían encarar la manutención propia o de lxs hijxs, como el "Ellas Hacen" de Desarrollo Social, hoy sino desarticualdo, profundamente desvirtuado.Pero además por ser el causante de la precarización de grandes sectores de la población desde las medidas como la devaluación, el desempleo, los tarifazos de servivios esenciales, el transporte público, entre otras calamidades bien conocidas.

La restauración conservadora podrá nombrar a la referente de la ONG más conocida en el tema de violencia de género pero eso no significa que la titular del Consejo Nacional de las Mujeres pueda recortar su política específica de las políticas de empobrecimiento y desempleo de la población, la retirada de los dispositivos estatales del territorio, ni la asfixia presupuestaria a los programas que si no han desaparecido apenas si conservan una denominación o una coordinación que poco y nada puede hacer sin medios ni decisión política.

Peor aúin, creo que el recortar un plan como si se tratara de una medida estatal aislada de las demás medidas de un mismo partido con la misma ideología acerca de lo público - sólo comprensible si favorece los negocios privados- es de una perversión muy peligrosa, alienta la fragmentación de las demandas que se focalizan en la situación de violencia que sufren las mujeres cuando jamás éstas se pueden ni comprender ni explicar por fuera de las condiciones de lxs trabajadorxs, de las condiciones de acceso a la salud y al ejercicio del derecho a la educación. No ser objeto de un maltrato que te lleve a morir tiene mucha relación con el derecho a que no te gaseen si ejercés de acuerdo a la Constitución el derecho a protestar por haber sido despedida sin justa causa cursando un embarazo, por ejemplo, o por solidaridad con compañerxs que son jefes de familia, obreros o  investigadorxs en nanotecnología.

En un informe publicado por Tiempo Argentino, la periodista y activista Marta Dillon afirma, respecto a las medidas que se esperaban tras el NI UNA MENOS del año pasado, que "el problema es el cambio de gobierno". El observatorio oficial dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos fue desarticulado por el Ministro Garavano, y el de la Corte Suprema de Justicia no dió más datos. Las políticas de derechos - en retroceso inexorable- dan sentido a las medidas puntuales demandadas hace un año acompañadas por la masiva concentración que se registró no solamente en Buenos Aires sino en muchísimas ciudades del país.
 
El NI UNA MENOS se vincula con el trabajo que se viene realizando contra esta violencia en la Universidad pública, y que actualmente atraviesa una situación de ahorcamiento presupuestario que hace peligrar su funcionamiento. Porque no solamente de las ONGS ni de ciertas individualidades sabemos de la violencia de género, sino que desde hace décadas las feministas producen conocimiento en institutos, programas y áreas específicas y algunas perlitas transversales.

En las Universidades se estudia, se investiga, se debate y se implementan programas de prevención y atención. En el marco de una política estatal y presupuestaria fuerte como pocas el ao pasado se diseñaron protocolos para intervenir en casos de violencia de todo tipo hacia las mujeres, dentro y fuera de los muros de la academia. Algunas pioneras llegaron a trabajar hasta el año pasado en redes - como el caso del Programa Valeria Gioffre de la Universidad de San Martín en coordinación con áreas de la Provincia de Buenos Aires, entre otras-, y con otras compañeras de causas académicas y militantes, se fueron articulando esfuerzos entre distintas universidades argentinas para conformar la Red Interuniversitaria por la  Igualdad de Género y contra las violencias.

Con lo que hemos aprendido en estos años de democracia y de luchas feministas, con el menemismo del Día del niño por nacer y el cupo femenino juntos, cuidado con confundir los papeles y conformarse con desplazar al Estado con las acciones en última instancia, privadas y privatizadoras de las oenegés.

A días de la reedición de la concentración porque "Vivas nos queremos", me atrevo a jugar con la palabra y los sentidos. Vivas porque tenemos el derecho a vivir y parece mentira que todavía haga falta fundamentar y explicar nuestra humanidad.  Y que nos queremos vivas, sagaces, para mantener la consigna atendiendo al contexto donde la enarbolamos, haciendo nuestra política real y perspicaz.

Vivas. Vivas para sortear las estrategias de mezclarlo todo como si fuera lo mismo, la estrategia de  los muertos vivos como los definió García Linera. Esta derecha peligrosa no inventa nada, como ninguna derecha lo hace. Y los restauradores antiderechos se llevan bien con las oeneges afines al capital concentrado. Es como entre la caridad y la justicia social la diferencia, eso del cuento del mérito individual - como si salieras de un repollo sin heredar la fortuna o la exclusión - o personalidades recortadas que inventan genialidades en absoluta soledad.

Como en todas las grandes causas, solamente una fuerza popular feminista -por poner un nombre provisorio-, que no se limite a las mujeres, que no se engañe con la banalización y la frivolidad marketinera podrá transformar la realidad de la violencia que suele agudizarse en estos tiempos neofachoconservadores que dejan a lxs vulnerables por la cultura injusta más expuestxs, más solxs, más invisibles todavía.




miércoles, 11 de mayo de 2016

Derecho a la educación superior entre disputas en torno a la autonomía universitaria


Otra avanzada sobre los derechos adquiridos, arrasando con todo espacio público en el cual se promuevan herramientas democratizadoras y el pensamiento crítico. 

A la delicada  situación presupuestaria de las universidades públicas, que afectan no solamente a las más recientes - las creadas en el conurbano sobre todo- sino a las más grandes, como la Universidad de Buenos Aires, dado que los aumentos de tarifas de la luz, por ejemplo, que no pueden ser cubiertos con un presupuesto desajustado a la inflación, se suma el intento de reprimir las clases públicas con las que la comunidad universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras resiste el ajuste del gobierno nacional al igual que en otras facultades. Invocando la autonomía universitaria, docentes y estudiantes impidieron el ingreso de las fuerzas represivas. La toma dispuesta tras los eventos puede ser tanto una herramienta de lucha como un involuntario vaciamiento de la facultad. 

Por otro lado, un fallo judicial alarmante invoca la autonomía universitaria para declarar la inconstitucional la Ley Puiggrós que establece la responsabilidad del estado para garantizar la gratuidad de la enseñanza superior en el nivel de carreras de grado. En sus fundamentos, el magistrado justifica un ingreso selectivo por "capacidad".

El jueves 12 desde las 16 30 hs. se registrará una imponente marcha en defensa de la universidad pública y contra el ajuste desde Plaza Houssay hacia el Ministerio de Educación. Sindicalistas docentes esperan una gran  manifestación de unidad ante el ajuste de Macri. Este tipo de convocatoria de todas las federaciones docentes no se registraba desde el 2001.


Algunas precisiones del contexto asfixiante. 

El presupuesto aprobado en el Consejo Superior de la UBA establece un 0% de aumento para los gastos de las Facultades junto a otros recortes en diversas áreas. 
El gobierno no ejecutó diferentes partidas previstas para este año. La entrega reciente de 500 millones de pesos como refuerzo “extraordinario” son en realidad parte de una partida ya establecida en la Ley de Presupuesto, que el gobierno nacional ha decidido no distribuir en su totalidad; lo que puede llegar a la UBA significaría a lo sumo un 10% de aumento con respecto al 2015. Según el anuncio oficial, la partida tiene el objetivo de acompañar a las Universidades para cubrir los costos de las tarifas de los servicios públicos, con lo cual está claro que no se destina presupuesto para los gastos de funcionamiento de las facultades cuya situación sigue siendo de un 0% de aumento. El anuncio que se desentendió del problema salarial, dividió a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): mientras radicales y aliados recibió positivamente el refuerzo, el bloque de peronistas y aliados lo consideró “insuficiente” y destacó que es apenas una mejora del 1 por ciento para un presupuesto de 51,9 mil millones.

En cuanto a la variable salarial, la propuesta del gobierno para los docentes universitarios es insuficiente. Tras las medidas de fuerza y movilizaciones, se forzó a negociar paritarias pero todas las propuestas que recibieron hasta ahora los docentes universitarios son vergonzas. Mientras lxs docentes reclaman un aumento del 45%, la última oferta es de un 15% a cobrar en junio y 15% a cobrar en enero 2017 sin volver a discutir aumentos hasta mayo de 2017. Logicamente, la oferta fue rechazada por todos los gremios, por lo cual se están llevando a cabo paros durante esta semana.

Para firmar el petitorio en defensa de la universidad pública: www.ubadepie.com.ar.

Represión y resistencia invocando la autonomía universitaria. 

Este lunes 9, efectivos de Federal intentaron desalojar a docentes y estudiantes que pacíficamente organizan clases públicas en la Facultad de Filosofía y Letras en el marco del paro nacional universitario. El fiscal Dávila ordenó el operativo tras recibirse la denuncia de un vecino. Pasado el mediodía, se acercó personal de la Policía Federal anoticiando a estudiantes, docentes y autoridades del establecimiento sobre la orden de desalojo del corte de calle Puán. Se los amedrentó bajo la amenaza de contravenciones. La policía intentó entrar a la facultad buscando al Vice decano, tomaron nota de su nombre pero no labraron ningún tipo de acta que diera cuenta de una futura notificación judicial.
Anteriormente, en 2014 y en circunstancias similares se abrió un proceso contra el ex Secretario General de la Asociación Gremial Docente (AGD), Santiago Gándara, y el actual Secretario General de la comisión directiva de AGD-FyL, Eduardo Glavich pero las causas fueron archivadas. Estudiantes y docentes impidieron el paso de los uniformados más allá del pasillo de la facultad invocando la autonomía universitaria y la prohibición del ingreso de fuerzas represivas por el carácter que reviste la institución. Desde esa misma noche la Facultad de Filosofía y Letras se encuentra tomada por lxs estudiantes para garantizar la realización de clases públicas en la calle Puán e inmediaciones.
Algunas aprupaciones expresaron sin embargo que la toma produce un vaciamiento de la Facultad impidiendo que lxs estudiantes se involucren en la discusión acerca de lo que está pasando en la Universidad y en Filosofía y Letras en particular. Y remarcan que fueron las clases públicas las que permitieron que lxs estudiantes se enteraran lo que estaba pasando.
Aparece la tensión entre la necesidad de continuar con la agenda de lucha prevista para esta semana además de clases públicas y la movilización junto a lxs docentes de este jueves 12, pero también y al mismo tiempo la necesidad de tomar medidas escalonadas que permitan visibilizar el conflicto, evitando vaciar la Facultad. Desde Contrapunto expresan "La toma no es el instrumento de lucha de una organización política sino una decisión que deben tomar todxs los estudiantes en conjunto." marcando distancia respecto de la conducción del Cefyl.




Otra versión de la autonomía universitaria.

Por otra parte y también el lunes 9 de mayo, un fallo del juez en lo contencioso administrativo federal Nº 9, Pablo Cayssials declaró la inconstitucionalidad de la Ley 27.204 o Ley Puiggrós - así llamada por la autora del proyecto, la Diputada Nacional Adriana Puiggrós del Frente para la Victoria-, normativa que garantiza la gratuidad de la educación superior en todo el territorio nacional para la instancia de grado. Para el magistrado, “la enseñanza superior no debe ser generalizada, sino sólo disponible sobre la base de la capacidad; capacidad que habrá de valorarse con respecto a los conocimientos especializados y la experiencia de cada cual”. En sintonía con la ideología neoconservadora macrista, para el juez Cayssials la autonomía universitaria se ve afectada por la normativa vigente porque le impediría establecer "sus propios criterios de admisión, permanencia y promoción".
 
La Ley Puiggrós fue aprobada en octubre de 2015 por unanimidad por el Senado nacional. El modificó la Ley 24.521 de Educación Superior, normativa menemista en vigencia desde 1995 que dejaba abierta la posibilidad de la mercantilización de los estudios. El proyecto contaba con media sanción de Diputados en 2013. Estableció como responsabilidad principal del Estado financiar la educación superior y la gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas. 


Ante la movida judicial la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata dió a conocer un comunicado aclarando que la ley, además de establecer la responsabilidad estatal para garantizar la gratuidad de los estudios universitarios, garantiza el acceso libre e irrestricto a la universidad considerándola un “bien público” y un “derecho humano”.

 "Desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de Universidad Nacional de La Plata repudiamos este fallo ya que consideramos que la Educación Superior es un derecho y que el Estado debe arbitrar los mecanismos para su pleno ejercicio.
La afrenta en contra del acceso libre a la Educación Superior adquiere sentido en un proceso signado por una constante restricción de derechos, inaugurado en los últimos meses. La Universidad forma sujetos, profesionales, científicos, pero centralmente es uno de los mecanismos fundamentales de una sociedad para garantizar la equidad y la inclusión."

La autonomía universitaria es objeto de complejas disputas de interpretación.

Este blog también convoca a participar este jueves 12 de la Marcha Nacional en defensa de la Educación y la Universidad Pública, saliendo desde las 16:30 hs. desde Plaza Houssay hacia el Ministerio de Educación.  Porque la educación superior es un derecho.

domingo, 8 de mayo de 2016

El segundo desmembramiento de Tupac Amaru por Marta Vasallo

Publicada en Resumen Latinoamericano 
www.resumenlatinoamericano.org

Argentina: El segundo desmembramiento de Tupac Amaru


Por Marta Vassallo*, 4 de mayo 2016.-


“…De tu inmensa herida, de tu dolor que nadie habría podido cerrar, se levanta para nosotros la rabia que ardía en tus venas. Hemos de alzarnos ya, padre, hermano nuestro, mi Dios serpiente. Ya no le tenemos miedo al rayo de pólvora de los señores, a las balas y a la metralla, ya no les tememos tanto. ¡Somos todavía! Voceando tu nombre (…) hemos de lanzarnos, hasta que nuestra tierra sea de veras nuestra tierra, y nuestros pueblos nuestros pueblos…”

José María Arguedas, A nuestro padre creador Tupac Amaru (himno-canción)


Mediante el completo dominio del Poder Judicial y de los medios de comunicación, el gobierno de la provincia de Jujuy ha desatado una verdadera cacería contra la organización social Tupac Amaru, cuyo último paso fue el dictado de prisión preventiva contra su líder Milagro Sala “por asociación ilícita, extorsión y fraude al Estado”. La medida se funda en falsos testimonios logrados por cooptación o extorsión de cooperativistas y copartidarios de la dirigente. No solo son perseguidos sus familiares, abogados defensores y allegados, sino que el hostigamiento empieza a extenderse a quienes hayan formado parte de la gestión de gobierno anterior.

“Pensábamos: qué lindo sería que cuando salís a la puerta de tu casa veas una fábrica, una escuela, un parque. Eso es lo que hicimos”. Las palabras sencillas y sobrias de Milagro Sala describen la inédita utopía social que la organización Tupac Amaru levantó entre los cerros de Jujuy.

La tarde de sol es plácida en el parque de la Unidad Penitenciaria nº 3, del barrio Alto Comedero, donde la dirigente social y diputada del Parlasur está detenida desde el pasado 20 de enero. “¡Sala!” grita a cada momento la guardiana desde la galería, y Milagro se levanta para volver al rato con nuevas visitas. Formamos un círculo cada vez más grande de sillas sobre el pasto, alrededor de ella, que presenta a cada recién llegado, familiar, o tupaquera/o o compañera/o, que llegan desde distintos puntos del país, pero sobre todo de localidades del interior de la provincia de Jujuy. Milagro invita a que cada cual refiera lo que está pasando en su localidad: un muchacho que viene del Carmen cuenta cómo fueron golpeados y amenazados con “desaparecer” por la policía cuando hacían un piquete, y cómo fue borrada la denuncia que habían presentado. En Calilegua y en San Pedro, describen un clima de persecución, el solo hecho de llevar una remera de la Tupac da lugar a interrogatorios donde se les quiere hacer decir que llevan esas remeras por obligación; operativos policiales acompañan el vaciamiento de las fábricas, centros de salud, escuelas y parques construidos y mantenidos en actividad por la Tupac en dieciséis localidades de la provincia y en la capital provincial. Es insistente la referencia a extorsiones por parte de las autoridades a los tupaqueros, cuya condición es especialmente vulnerable porque están quedando desocupados y porque no son admitidos en otros trabajos: “Si no se inscriben en nuestras cooperativas no los podemos ayudar”, “Si tenés causas te limpio pero tenés que denunciar a Milagro Sala”. El 22 de abril, día anterior a nuestra visita, los medios de Jujuy se hacían eco de la denuncia de la diputada Mabel Balconte, del bloque político de Milagro, que involucra a dirigentes de La Cámpora en la recepción de dinero supuestamente enviado por Milagro a la quinta de Olivos; el ejemplo de extorsión más resonante, por el alcance nacional que se le dio y por la pretensión de involucrar a la ex presidenta Cristina Fernández[1].
Hijos, nietos, amigos, rodean y abrazan a Milagro, mientras ella habla a borbotones; de pronto recuerda: “En Calilegua, donde fue ‘la noche del apagón’[2], hicimos una de las primeras piletas de natación, canchas de basquet y centros de salud…” ; de pronto se defiende: “Estar presa por trabajar y pagar sueldos es injusto…”, “Nunca van a encontrar los millones que Gerardo Morales dice que les robamos, porque lo usamos en pagar sueldos a 3.800 compañeros, y con lo que quedaba comprábamos material…” “Ni Néstor Kirchner, ni Cristina Kirchner, ni De Vido, nos pidieron nunca dinero…Nunca hemos coimeado y nunca nos hemos dejado coimear…” “Nunca usé para mí el sueldo de diputada, lo ponía en la organización, vivía con el sueldo de 12 mil pesos de la Tupac…”; de pronto se desahoga: “Me matan lo que hacen con la organización, nos llevó doce años levantarla”, “No estoy débil políticamente, me mata la angustia porque no me puedo defender…”
Raúl Noro, su marido, acota que en Jujuy hay 20 mil nuevos pobres y 5 mil nuevos indigentes, que mientras el gobernador Morales ofrece aumentos salariales del 22% en las paritarias, incrementó el número de funcionarios que cobran arriba de $100.000. “Mientras distrae a la gente con la telenovela de Milagro Sala, corrobora Milagro, hay 800 despidos en Pirquitas, 500 en el ingenio La Esperanza…”


Las realizaciones de la Tupac Amaru

Un pequeño grupo de integrantes del Comité para la libertad de Milagro Sala habíamos llegado a Jujuy con el objetivo de verla a ella en la cárcel, y saber cómo se vivía su caso en su provincia. Con la guía de Juan Manuel Esquivel, profesor de filosofía, director del área de Educación de la Tupac, y diputado provincial por el Partido por la Soberanía popular, habíamos recorrido la sede central de Tupac Amaru, en pleno centro de la ciudad de San Salvador, lo mismo que el colegio secundario Germán Abdala y el Instituto Terciario, y por último el barrio (“el cantri”) Tupac Amaru.
Recorrerlos da una idea cabal de los logros del movimiento y de la pérdida material y simbólica que significa su actual desmantelamiento: bajo el liderazgo de Milagro Sala, la organización social Tupac Amaru hizo de una franja de población devastada por todos los males de la marginalidad un colectivo orgánico, laborioso y entusiasta, conciente de sus derechos, que construía las casas donde habitaba, los centros de salud donde se atendía gratuitamente, las escuelas e institutos donde se educaba y capacitaba, las fábricas donde trabajaba y producía, los parques y las instalaciones deportivas donde se recreaba; que sigue dando vida a la Radio Pachamama y un canal de televisión propio. La continuidad con el pasado precolombino, ostensible en la fuerte impronta comunitaria del emprendimiento, y aun en la estética de sus obras, se combinó con iniciativas de actualidad, como la atención a cuestiones de género, visible en el protagonismo de las mujeres, y a la diversidad sexual: la marcha del orgullo gay estaba a la par de las fiestas masivas del Inti Raimi y de la Pachamama recuperadas por la organización. Las consignas escritas en las fachadas y paredes de escuelas y fábricas dan cuenta de una visión del mundo plasmada en una mística política y en una estética propia: “Cuando la voluntad existe hay mil recursos, cuando la voluntad no existe hay mil excusas”; “Educar no es dar una carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida”. “Ya es hora de escuchar al pueblo”. “Campesino, tu patrón no comerá más de tu pobreza”
Este movimiento se caracterizó por la rapidez y la economía con que construía las viviendas con fondos del Programa socio-comunitario de inclusión social (ex Emergencia habitacional), creado en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Esa economía les permitió realizar obras complementarias que hacen a la urbanización y a la satisfacción de las necesidades de una vida integral. El 10% de la población de Jujuy llegó a integrar la Tupac Amaru; fue la tercera empleadora provincial, después del Estado y del ingenio Ledesma[3]. El gobierno, dice Esquivel, apunta a inhabilitar la personería jurídica de Tupac Amaru, para lo que ha iniciado un proceso judicial. “Peleamos judicialmente con pocas chances de ganar, si nos quitan la personería todo esto va a desaparecer”.
La bloquera del barrio de Alto Comedero ya fue apropiada por el gobierno que está vendiendo sus maquinarias; las fábricas Textil y Metalúrgica resisten, pero con un personal reducido y grandes dificultades para comercializar sus productos, dada la campaña de demonización de que son objeto; en la Textil trabajan unas 50 personas donde hubo hasta 170; en la escuela primaria Bartolina Sisa los docentes siguen trabajando aunque ya no cobran sueldo; los centros de salud están cerrados; el Centro Médico Integral de Rehabilitación (CEMIR), uno de los mayores orgullos de la Tupac Amaru, dirigido a niños y jóvenes con discapacidades, está abandonado, dejando sin atención a sus pacientes.

Trabajadores, profesionales, docentes, se quiebran cuando describen cómo asisten a la destrucción, por acción o abandono, de las instituciones que con tanto esfuerzo habían echado a andar. Y sobre todo ante el hecho de que ex miembros de la Tupac también se han plegado a las cooperativas del gobierno, ante la promesa no cumplida de sueldos de 8 mil pesos, y dada la desocupación. “Los más fáciles de quebrar son los que vinieron después, los que no saben lo que fue levantar esto desde cero”, dicen en la Textil, que rechazó un intento de apropiarse de la fábrica por enviados del gobierno.


Apoyo político menguante

A pesar de lo impactante de sus logros, el apoyo político a Milagro Sala se debilita: en las elecciones parciales de 2013, cuando se presentó por primera vez el Frente Unidos y Organizados (FUyO), integrado entre otros por el Partido por la Soberanía popular y la Red de organizaciones sociales a la que pertenece la Tupac Amaru, llegó a tener más de 48 mil votos; en las elecciones de 2015 no llegaron a 28 mil. Las interpretaciones de este hecho dependen del lugar que cada cual ocupe en el fragmentado peronismo de la provincia. El vicegobernador Carlos Haquim pertenece al Peronismo Renovador, que cogobierna con Cambiemos. El ex gobernador Eduardo Fellner y el núcleo de sus seguidores atribuyen la responsabilidad de la derrota a Milagro Sala; los tupaqueros al hecho de haberse presentado junto con Fellner, a quien endilgan haber pactado con Gerardo Morales contra Milagro. La derrota agudizó las tensiones entre el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria: en el justicialismo condenan el hecho de que desde el gobierno nacional tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández, cuyas fotos y retratos abundan en las instalaciones de la Tupac, hayan favorecido a la organización; quienes defienden a Sala consideran que mereció los recursos recibidos por su persistencia y por las dimensiones de su obra.


“La ley es como el cuchillo/
No ofende a quien la maneja”
Martín Fierro

La feroz campaña del gobernador Morales contra Milagro y su organización avanza en el aislamiento de la dirigente social apoyándose en el significativo sector de la sociedad jujeña que odia visceralmente a quienes, marginados durante siglos, se muestran capaces de transformar esa condición; en ese odio pesa el factor étnico, pero su base es fundamentalmente social, puesto que quieren seguir contando con esa multitud de peones y sirvientas que trabajó tradicionalmente en condiciones de servidumbre sin acceso a ningún derecho laboral.
Pero fuera de este, hay sectores que reconociendo lo destacable de lo logrado por la Tupac Amaru y aun considerando a Milagro una presa política, oponen reparos metodológicos a su acción: argumentan que los cortes de ruta diarios eran irritantes; que los tupaqueros imponían respuestas inmediatas a sus reivindicaciones mediante su presencia masiva y con actitudes amenazantes en los despachos oficiales; que monopolizaban recursos en perjuicio de otras organizaciones sociales análogas. Hay quienes matizan diciendo que el accionar de Milagro Sala tenía explicación en los primeros años, como única manera de organizar a marginales y de lograr los recursos del Estado, pero que persistió en ellos indebidamente a partir de 2006 o 2007, cuando ya el país había cambiado.

“Vagos”, “chorros” y “narcos” es la calificación que promueven las autoridades contra la población que salió de la marginalidad a través de la organización Tupac Amaru, transformándolos mediante una campaña mediática abrumadora en sospechosos de delitos. Pero el gobierno provincial es el primero en transgredir la “institucionalidad” que invoca, desde el momento que el ejecutivo domina por completo al poder judicial: desde el pasado 16 de diciembre el Superior Tribunal de Justicia se amplió de cinco a nueve miembros; de los cuatro nuevos miembros, tres fueron diputados del radicalismo, el partido de Morales, y dos de esos tres acababan de votar a favor de la ampliación del Tribunal, renunciaron al día siguiente y al otro fueron designados jueces de la Corte. En suma, el gobernador cuenta con un Tribunal Superior incondicional. Nada tiene tampoco de “institucional” la estrategia del gobernador de detener a una líder social sin pruebas y sin procesamiento, por “instigación al delito” y “tumulto”; acumular causas cada vez más graves contra ella (llegan a acusarla de ser partícipe en un intento de homicidio, del que inicialmente la acusaban de encubridora), y hostigar judicialmente a todo el que no se pliegue a sus exigencias, como lo muestra la persecución judicial contra los abogados defensores de la Tupac Amaru y de su líder, y el chantaje sobre los cooperativistas. La persecución no se limita tampoco a los tupaqueros, sino que se extiende a todo el que haya formado parte de la gestión de gobierno anterior, convertido en sospechoso.
La prisión preventiva dictada el pasado 28 de abril a Milagro Sala es por “asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión”, la acusación por la cual el 30 de enero pasado el juez Gastón Mercau, media hora después de disponer su libertad a las dos semanas de su detención, ordenó detenerla de nuevo. La acusación se funda en la cooptación de cuatro cooperativistas pertenecientes a la Red de organizaciones sociales de la que forma parte la Tupac, quienes se reunieron con el gobernador Morales el 14 de enero, el 15 presentaron las denuncias contra Milagro, y el 18 el fiscal del Estado Mariano Miranda y el hermano del gobernador, Walter Morales, al frente del Instituto de la Vivienda, presentaron una denuncia por 14 obras de mejora contra 14 cooperativas, nueve de las cuales tienen domicilio legal en la Tupac.
El fiscal Miranda es afiliado a la Unión Cívica Radical y apoderado del gobernante frente Cambiemos a nivel nacional. Lo cual no suscita a nivel provincial ni federal ningún reparo sobre su objetividad en sus acusaciones contra Milagro.

La construcción de una forma de poder popular inédita en la provincia y en el país, que amenazaba con extenderse, plantea un desafío inaudito a los poderes fácticos y a los valores hegemónicos. Lo que ahora amenaza con extenderse es la impunidad de esos poderes, la persecución política disfrazada de lucha contra la corrupción, el aniquilamiento de las formas de poder popular surgidas de los movimientos sociales. A pesar de su engañoso discurso sobre el “pluralismo” y la “diversidad”, el establishment liberal no acepta la alteridad encarnada en una población secularmente reducida a la miseria, que demuestra no haber perdido su potencialidad de resistencia y de transformación.

¿Qué curiosa amalgama de legado ancestral y de rabiosa actualidad mueve a la organización Tupac Amaru? Los personajes representados en su logo dicen bastante sobre esa amalgama: Tupac Amaru, Eva Perón, Ernesto “Che” Guevara. Diferencias culturales y políticas los separan. Pero tienen un común denominador que debió atraer irresistiblemente a Milagro: ninguno de los tres pidió permiso para sublevarse.


[1] Véase Página 12, 27-4.2016: “”Le decían que si no denunciaba a Milagro le meterían presos a los dos hijos”; Página 12, 28-4-2016: “Se indignaba por lo que le hacían a Milagro”
[2] Se conoce como “la noche del apagón”, los cortes de luz en General Libertador San Martín, Calilegua y el Talar, Provincia de Jujuy, que se sucedieron del 20 al 27 de julio de 1976, provocados por la dictadura civico-militar para secuestrar a unas 400 personas, 33 de las cuales siguen desparecidas. Para los secuestros y traslados se utilizaron vehiculos de la empresa Ledesma, presidida por Carlos Pedro Blaquier. La Tupac Amaru luchó codo a codo con los organismos de derechos humanos para que Blaquier, que considera a Milagro Sala su enemiga personal, fuera finalmente procesado en 2012 por crímenes de lesa humanidad, pero en 2015 la “Justicia” le dictó falta de mérito.
[3] Según la investigadora de la Universidad de San Andrés Lorena Moscivic. Chequeado.com, 27-1-2016, Olivia Sohr, “Seis puntos sobre la detención de Milagro Sala”.
*Periodista, integrante del Comité por la libertad de Milagro Sala

jueves, 5 de mayo de 2016

Que las mujeres somos seres humanos, es una definición abstracta


Condenada en un proceso irregular y antes de cualquier prueba, acusada de “matar a su hijo” sin que se demostrara vínculo filial con un feto utilizado para incriminarla, encontrado en uno de los baños del hospital adonde acudió sin saber que estaba embarazada, y que según su abogada fue “plantado” la historia de Belén es espeluznante, y constituye una violación sistemática de derechos humanos tanto como un mensaje aleccionador a todas las mujeres.

Condenada a ocho años de prisión por una sala de jueces, ella ¿estaba condenada desde siempre? Más allá de Belés, esta pregunta nos afecta a todxs como seres expuestos a la violencia de muchas formas pero en especial cuando se comporta un cuerpo que ha sido expropiado por valoraciones a fin de servir a la maternidad compulsiva. Por eso el cuerpo a las mujeres no nos pertenece. Por eso a una joven que ingresa con un aborto espontáneo se la condena y se la maltrata y se la somete a tratos crueles. Por eso se la encarcela y se la condena, se la llama asesina. Primero están esos prejuicios y el trámite formal con falsas pruebas que al mecanismo burocrático no importan demasiado. 

El caso de la chica a quien llamamos Belén para evitar así una exposición victimizadora, exhibe la precariedad de la salud y la vida de las mujeres en nuestro país. Y no, no, ay con el lenguaje y me corrijo, no es un caso, es una vida, es la libertad y la dignidad de una mujer tucumana de - hoy- 27 años arrasada por una cadena de injusticias que remite a la vida de cualquier mujer nada más por serlo.

Imputada primero por aborto seguido de homicidio, una figura penal inventada para la ocasión y condenada el pasado 19 de abril el por la Sala III de la Cámara Penal a ocho años de prisión por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” , el sufrimiento de Belén envía una advertencia a muchas otras mujeres en su situación que las expone aún más a la muerte, las priva del tratamiento humanitario y equitativo que toda persona que acude a un centro de salud debe recibir. Pero para la corporación judicial conservadora y criminal y para médicos y enfermeras que devienen jueces y verdugos en lugar de mitigar el dolor y preservar la intimidad de los pacientes, una mujer no es un ser humano.

Reducidas al significado cultural atribuido a ciertas partes anatómicas y a funciones fisiológicas que se dirigen inexorablemente a la maternidad, una mujer o una niña son envases que valen menos que su contenido. Ya lo decía en 1949 Simone De Beauvoir en "El Segundo Sexo", "que la mujer es tan ser humano como el hombre es una definición abstracta”.
Lo sigue siendo.  



Entrevistada por Luciana Peker para Las /12, Belén relata una vida normal hasta la noche que ingresó en el Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán. Con veinticinco años, de un barrio humilde, ni siquiera sabía que estaba embarazada cuando acudió al Hospital Avellaneda con fuertes dolores abdominales. Estaba sufriendo un aborto espontáneo. Nunca imaginó que iba a ser su último acto de libertad, escribe Peker. El diálogo con la joven presa permite que sepamos la densidad del dolor de una vida tronchada, estigmatizada, violentada, que además se ve multiplicado porque se la trata como asesina.

“ ‘Hija de puta, mirá lo que hiciste, mataste a tu hijo’ me dijo un enfermero que me maltrató física, moral y psicológicamente” recuerda Belén.
Policías inspeccionaron sus partes íntimas. “Cuando me desperté me estaban mirando mis partes, eran entre cinco o seis. Uno me miraba ahí abajo” narra Belén a Peker.

Los maltratos después de un aborto violan los protocolos de atención del Ministerio de Salud de la Nación, protocolos que tanta polvareda levantan, como cada normativa que buscar defender a las mujeres de ser tratadas como no se trata a los animales por personal envalentonado de delantales o uniformes. Viola la ley 26.485 además, que caracteriza la violencia obstétrica y simbólica.

Todo proceder violento como el de médicos y enfermeras intervinientes en este caso debe ser denunciado. Pero en este proceso de nada parece importar que haya diferencia entre la edad gestacional atribuida por los médicos que la atendieron, las actas policiales y la autopsia del feto. Variaciones de veinte a treinta y dos semanas. Nunca se corroboró, a través de un ADN, la relación con Belén. “Han conectado abortante y feto encontrado y han dictaminado un homicidio, pero no hay un ADN en toda la causa. No hay ninguna prueba que la vincule” dice la abogada Soledad Deza quien además es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. El médico José Daniel Martín, delante de su mamá, le informó que se trataba de un aborto espontáneo. Una partera y la policía requisaron los baños y encontraron un feto que empezó a ser nombrado por el personal de salud como “hijo” de Belén. 
Funcionarios atragantados de prejuicios violaron sus deberes. “El profesional de la salud no puede mandar a buscar un feto a la partera a los baños porque quiere buscar la prueba de un delito. Lo único que tiene que hacer es un legrado. El médico le debe confidencialidad a la paciente, no ser auxiliar de fuerzas de seguridad”, subraya la abogada.
En el transcurso del proceso, que se inició hace dos años, abundan las irregularidades y contradicciones . El Poder Judicial no se dedicó a investigar sino a condenarla sin pruebas. La condena ya había sido decidida al momento de ingresar al hospital donde en lugar de victimizarla debieron cuidarla y sanarla, atenderla como un ser humano.

Esta situación entraña un mensaje aleccionador de terribles consecuencias para la salud de las mujeres.“Ni loca volvería a un hospital” le dice Belén a Luciana Peker durante la entrevista.
¿Qué sucederá con aquellas que sangren en la incertidumbre de un goteo sin cese? ¿cómo no obstaculizar con este procedimiento, con esta decisión punitiva,  el acceso a la salud pública después de perder o interrumpir un embarazo?  ¿Cómo van a confiar las mujeres en médicos y enfermeras si no se respeta el secreto profesional y el trato hospitalario? Como dice la abogada, criminalizar a una mujer que sufre un aborto espontáneo, ponen a las mujeres abortantes en el dilema de la libertad o la muerte.

No importa cómo, pero marche presa…
Se perdieron dos fojas relacionadas al reconocimiento que hace la policía del feto en cuestión, y que habría sido “rescatado” por la partera; no se hizo el ADN para comprobar el vínculo filial con la acusada, entre otras barrabasadas. En la causa figura que se llamó del hospital al juzgado para que fueran a realizar la autopsia porque el feto “estaba en estado de descomposición”, pero los peritos se encontraron con otro feto y no  aquel con el cual  se vinculó a Belén. En la causa consta un "pedido de disculpas" del hospital por la "confusión".


SoledadDeza manifestó en una entrevista publicada en “La García” que a Belén “le plantaron” un feto para que a partir de un aborto espontáneo sin complicaciones se construyera un homicidio

Ayer 4 de mayo, la Sala III de la Cámara Penal tucumana dio a conocer los fundamentos del fallo que la condenó el pasado 21 de abril por “dar a luz” un feto con vida, que murió por un traumatismo encéfalo craneano en un baño.  Belén negó siempre todos los cargos desde su primera declaración como imputada -el 26 de marzo de 2014- un día antes de realizada la autopsia a un feto del cual no hay pruebas de vínculo filial con ella. Otra cuestión es que la joven fue requerida para declarar mientras todavía estaba internada. Quienes seguimos estas situaciones de vulneración de derechos de las mujeres ya estamos penosamente notificadas - ¿ acostumbradas?- a la velocidad diferencial para el avance de los procesos en estos casos. Pero no nos podemos acostumbrar.
Tampoco podemos aceptar que la defensa técnica de Belén, una defensora oficial que la asistió antes de que Soledad Deza tomara el caso, no cuestionara los hechos que se le imputaron en el juicio, pese a la negativa permanente de la acusada. Así lo indica la sentencia en los fundamentos entregados ayer por la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán a la nueva abogada de Belén. Dice la letrada: “Es vergonzoso. El mismo Estado que a través de los profesionales de la salud la maltrató cuando sufrió un aborto espontáneo, y que con la policía le armó una causa, con la Justicia la acusó, la defendió mal y la condenó peor” Belén pidió al tribunal el cese inmediato de su prisión preventiva para esperar en libertad la condena firme. En el escrito presentado ayer se advierte que mantenerla presa es “inconstitucional” e “ilegal” y que la prisión preventiva - lleva dos años detenida- es “infundada”.

En el escrito presentado ante la Cámara que ahora debe decidir si pone fin a la prisión preventiva, la abogada remarca  que: “Mi defendida nunca contó con el principio de inocencia de su lado, por el contrario, fue culpable desde que abortó. Primero de abortar y luego presuntamente de matar. Y luego finalmente de matar a su hijo, aun sin pruebas de que lo fuera y sin poder colocarla en el lugar del hecho y sin tener pruebas de la acción dolosa que se le imputa. Su condena fue antes moral, luego sanitaria, luego policial y finalmente judicial”.
 Más de un centenar de agrupaciones de mujeres, de derechos humanos, estudiantiles y políticas de todo el país, marchas frente a la Cámara Penal y al Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires, acompañaron el pedido de libertad para Belén. El Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro-CLACAI reclamó al gobierno tucumano por el caso. 
También se ha lanzado una acción urgente de Amnistía Internacional por la cual miles de personas a nivel global se suman para exigir el respecto por los derechos humanos en estos términos:  “La denegación del aborto y su criminalización constituyen supuestos de violencia de género y violencia institucional que pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano y degradante”


Amnistía Internacional Argentina propone sumar participación ciudadana en el reclamo por la libertad de Belén: “Estamos interpelando que se garantice de manera inmediata la libertad de Belén y el cese de su prisión preventiva, protegiendo su integridad física y mental; que se investigue el accionar de los profesionales de la salud que incumplieron su deber de confidencialidad médico-paciente y se establezcan las responsabilidades del caso, y que se garantice a las mujeres y las niñas un acceso seguro y legal a los servicios de aborto, necesarios para proteger su vida o su salud”. 
Esta flagrante violación a los derechos de las mujeres no se limita a la situación individual de Belén sino que nos afecta como colectivo y más allá, afecta a los derechos inherentes a las personas que no pueden avasallarse en nombre de creencias y prejuicios. 
 
Violencia obstétrica y torturas

Organismos internacionales van reconociendo más allá de las declaraciones abstractas que las mujeres somos seres humanos. Lo señala un informe de la Relatoría Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles de la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas fechado en  febrero de 2013 "...los malos tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales provocados por motivos de género. Ejemplos de esas violaciones son las denuncias de mujeres presentadas por personal médico cuando hay pruebas de la realización de abortos ilegales y la práctica de intentar hacer confesar a una mujer como condición para que reciba un tratamiento médico que podría salvar su vida después de un aborto”. Sin embargo, en Tucumán, como en tantos otros lugares del país, no se anotician, sino que al contrario, ejercen una suerte de terrorismo desde estos procedimientos y fallos. Así que la pregunta sobre nuestro carácter de seres humanos no ha perdido vigencia, debe ser afirmada una y otra vez como si constituyese una novedad, un descubrimiento. Como una bandera de lucha.


¿Las mujeres somos seres humanos? La consideración de integrantes del poder judicial que intervino en este juicio a Belén es elocuente, ellos “valoraron la vida del NN hijo de la imputada”. 

 Desde el escrito presentado por la abogada defensora encontramos una respuesta contundente que muestra la perspectiva desde los derechos que le asisten a Belén y que han sido sistemáticamente vulnerados por quienes han faltado a su deber profesional, desde los médicos, policías, enfermeros, defensores oficiales, funcionarios judiciales que incumplen con la responsabilidad que les cabe.  Se señala que :
 “Mi defendida no tuvo un Poder Judicial que incorporara una perspectiva de género en la investigación de su causa, por ello, está privada de la libertad desde hace 25 meses. Está presa por abortar y por ser mujer. A diferencia, por ejemplo, de los asesinos de Ismael Lucena o los tratantes de Marita Verón que esperaron todos sus condenas libres y en sus casas”.